Delegación de 10 representantes del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha), junto a otras 35 organizaciones latinoamericanas presentaron el informe que desarrolla una exhaustiva investigación que evidencia violaciones a los convenios de derechos humanos y ambientales en proyectos relacionados a la minerÃa, hidroeléctricas, hidrocarburos, infraestructura, industria agroalimentaria y energÃa.
El informe sobre las “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina†aborda casos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
“No es la primera vez que el Cicdha, canaliza estas preocupaciones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no obstante, pese a la existencia de recomendaciones en ciclos anteriores del Examen Periódico Universal (EPU) y varios procedimientos especiales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), los esfuerzos de China por implementar mecanismos para regular la conducta de sus empresas e instituciones financieras, todavÃa son insuficientes e inefectivasâ€, afirmó Julia Cuadros, de CooperAcción (Perú), en representación del Cicdha.
Según los informes presentados por el Cicdha, se han documentado violaciones a los derechos de comunidades indÃgenas en al menos 20 casos y 16 carecen de procesos de consentimiento previo, libre e informado (CPLI).
De acuerdo a Jaime Palomino, Presidente del Pueblo Shuar Arutam (Ecuador), “el informe es una llamada de atención a la comunidad internacional y las entidades chinas sobre la necesidad de garantizar que las empresas y las entidades financieras estén obligadas a rendir cuentas de las violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente en América Latina, particularmente, en casos donde no han logrado el consentimiento previo, libre e informado, como es el Proyecto minero San Carlos Panantza, en la AmazonÃa ecuatorianaâ€.
El Colectivo exige que las embajadas chinas que constituyan canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades chinas. Esto busca facilitar un diálogo eficaz sobre los conflictos ambientales y sociales vinculados a proyectos, con el fin de prevenir su escalada. (Brújula Digital)