Los desmontes sistemáticos vienen ocurriendo desde noviembre de 2019, cuando se detectó el punto A1, que tiene una superficie de deforestación de 167 hectáreas. Entre enero y febrero de 2021 se abrieron de forma paralela dos brechas, la A2 con 12,53 hectáreas, y la A3, con 8,79 hectáreas de desmonte. A estas tres brechas se suma la A4, que fue abierta este año.

Si vemos con atención las imágenes satelitales podemos observar que existen ocho puntos de asentamientos, cuatro que están conectados a las brechas existentes y cuatro más que posiblemente sean el inicio de futuras brechas, ya que se ha podido constatar que han levantado campamentos en cada uno de estos puntos.

En la visita al punto A8, donde la Red Ambiental de Información (RAI) tuvo acceso junto a una comitiva de la Gobernación de Santa Cruz, caciques de 13 comunidades, asambleístas y cívicos, pudimos ver una estructura tipo tinglado aparentemente de reciente construcción donde los avasalladores tienen madera aserrada y material combustible.

Toda esta situación ha llamado la atención de los caciques de las comunidades indígenas chiquitanas, que en su pedido de auxilio han acudido a distintas instancias. Es así que en septiembre, después de varias reuniones con diferentes actores preocupados por lo que sucede en esta región, se conformó una gran comisión encabezada por el Gobernador Luis Fernando Camacho para visitar el área protegida y poder verificar in situ los daños que hasta ahora el alcalde Rudy Dorado no atendió, a pesar de que el INRA ha revelado en un informe técnico que ese pulmón verde es Tierra Fiscal No Disponible y esa institución no inició ni iniciará procesos de dotación en esta área protegida, dejando claramente establecido que todos estos intentos de asentamiento, son ilegales.

Frente a la inacción de la Alcaldía de San Ignacio ante los avasallamientos, la Gobernación de Santa Cruz ha denunciado al alcalde por incumplimiento de deberes. “El actual alcalde de San Ignacio ha hecho caso omiso a todas las recomendaciones, leyes y reglamentos, incluso a los mandatos de la Constitución Política del Estado, que dice que los daños ambientales son traición a la Patria. Los daños ambientales son penales, no son civiles ni administrativos”, expresó Jhonny Rojas, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación.

La denuncia está respaldada por un acta firmada el 17 de septiembre de 2022 por los 13 caciques de las comunidades indígenas de la zona, los informes técnicos con imágenes satelitales, fotos, vídeos y coordenadas emitidos por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) y por las direcciones de Conservación del Patrimonio Natural, Ordenamiento Territorial y Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, y con una resolución de las máximas autoridades de las comunidades indígenas de la zona.

Además de la denuncia de la Gobernación de Santa Cruz, la diputada María René Álvarez, de Creemos, remitió una nota a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá y su pedido de exhortación al Estado boliviano sobre la toma de acciones oportunas.

“Estas denuncias ya las venimos recibiendo desde el año pasado. Cuando realizamos una primera inspección y fuimos emboscados, es por esta razón que ahora fuimos con una comisión más grande, donde también se invitó al alcalde Rudy Dorado a la ABT y al INRA, que lamentablemente no asistieron” detalló la diputada Álvarez.

De acuerdo a las declaraciones de la parlamentaria, hasta la fecha la ABT solo ha emitido informes donde constatan la deforestación en esta área protegida, pero hasta la fecha no realizan acciones. “La pretensión de los avasalladores es constituir 59 comunidades y están avanzando. Según el INRA no puede haber asentamientos humanos dentro del área protegida, pero hay asentamientos, avasallamientos y deforestación, las pruebas son claras y evidentes, tienen que hacer el desalojo con la fuerza pública. No queremos llegar a que haya enfrentamientos, pero lamentablemente las autoridades llamadas por ley como la ABT y Alcaldía, no hacen nada”.

Coincide con estas declaraciones el asambleísta Rony Justiniano, quien también responsabiliza al Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, por no tomar acciones y no cumplir lo que dice el INRA, para él existe una complicidad del alcalde y ésta es la razón por la que siguen avanzando y no hay sanciones.

“En la Chiquitanía llevamos más de ocho años en esta pelea y tenemos todas las de ganar por medio de la ley, pero la ley lamentablemente no funciona para nosotros, el gobierno protege los avasallamientos, hemos hecho muchas denuncias contra este alcalde y contra mucha gente, tenemos más de 2.500 comunidades avasalladas en toda la Chiquitanía y debemos tener claro que todas las comunidades asentadas después de 1996, son ilegales. Las hemos denunciado, pero el gobierno ha hecho caso omiso”, detalló José Serrate, presidente de los Comités Cívicos Provinciales.

Los indígenas originarios de la zona quieren ver resultados, así lo expresó Hortensia Gómez Peña, cacique de la comunidad indígena de Piso Firme quien le pidió al gobernador Fernando Camacho interceder para que esta área protegida no se toque y que se mantendrán en vigilia hasta ver acciones concretas.

Para Rolvis Pérez, cacique de Porvenir, la capital departamental del Asaí, los indígenas originarios son los guardianes de esta área, porque están demostrando que a través del manejo sostenible de los recursos naturales se beneficia a muchas familias y además de beneficiar están conservando el área. “Estamos preocupados, hace dos años que venimos batallando con este problema. Nosotros, con el apoyo de algunas instituciones y organizaciones hemos conformado esta área protegida, ha sido un trabajo de muchos años y no puede ser que a estas alturas nos dejen solos. Los avasalladores están mucho más organizados y corremos el riesgo que sigan avanzando, a un minuto del punto A8 (dónde llegó la comitiva) empieza el territorio indígena del bajo Paraguá, son 360 mil hectáreas que no vamos a permitir que las toquen”.

Para conocer la versión del alcalde de San Ignacio de Velasco, Carlos Ruddy Dorado, intentamos comunicarnos varias veces sin respuesta, sin embargo logramos hablar con la ingeniera Lina Zárate, de la dirección de Medio Ambiente de ese municipio, quien comentó que en julio del año pasado se hizo una primera inspección, solicitando el apoyo del INRA y la ABT, aquella vez sin respuesta. Para la segunda inspección, se logró el apoyo de la ABT departamental y el alcalde hizo conocer al INRA sobre estos supuestos avasallamientos. “El INRA tiene una respuesta que dice que esas áreas no fueron cedidas a nadie, ya que se trata de un área protegida”, expresó. (Reportaje fue realizado por la Red Ambiental de Información (RAI)-Brújula Digital)