El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (por sus siglas en inglés CERD), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recomendó al Estado boliviano garantizar la supervivencia física y cultural del pueblo indígena Tsimane del sector Yacuma, ante la preocupación por los alegatos de violaciones a sus derechos.

Ambas consideraciones además de otras están expuestas en el documento de 16 páginas de Observaciones finales sobre los informes periódicos 21° y 24° combinados del Estado Plurinacional de Bolivia, del 8 de diciembre de 2023.

El CEDR expresó su preocupación ante la limitada aplicación de las medidas legislativas y el diseño de planes de protección para las naciones y pueblos indígenas originarios en situación de vulnerabilidad, en particular para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.

El director de la Fundación Tierra regional oriente, Alcides Vadillo, calificó de muy valiosas e importantes las recomendaciones del CERD, tanto en lo general y en lo específico referido a los pueblos indígenas, y más aún, cuando dio precisiones sobre los tsimanes, un pueblo de alta vulnerabilidad.

“El Estado no los escucha. Este Comité considera que seguir negándoles esos derechos es un acto de discriminación”, señaló Vadillo, quien insistió que el informe de este Comité de la ONU hace una serie de consideraciones y recomendaciones para terminar con toda forma de discriminación racial.

“Le preocupa también al Comité el hecho de que, a pesar del establecimiento de zonas de protección integral para estos pueblos, los proyectos de desarrollo de infraestructura y de explotación de recursos naturales, así como la intrusión de terceros en sus territorios para la tala de árboles, la pesca, la caza y la minería, siguen amenazando su salud y su supervivencia física y cultural”, se lee en el documento.

Asimismo, le preocupa “las alegaciones de violaciones de derechos del Pueblo Indígena Tsimane del sector Yacuma (art. 2 y 5)”, precisa. En relación a estas preocupaciones el Comité recomienda al Estado boliviano, administrado por el gobierno de Luis Arce, que “redoble sus esfuerzos en la aplicación de la Ley 450/2023”.

Además, en la implementación del reglamento de esa norma, respetando y garantizando “el principio de no contacto” y el “derecho a la autodeterminación”; en la perspectiva de diseñar e implementar planes y protocolos de actuación territorial y de salud, así como protocolos de contingencia en situaciones de contacto, en particular en el Oriente, Chaco y Amazonía, y se asegure la aplicación del Código penal en esta materia.

El Comité de la ONU también recomienda que se asegure la dotación adecuada de recursos financieros, humanos y técnicos para el funcionamiento de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, para que pueda ejecutar eficazmente su mandato, y acelere la puesta en marcha del Sistema Integral de Monitoreo de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad.

En el inciso c), sugiere que se “Implemente de manera efectiva el Plan de Acción para la protección del Pueblo Indígena Tsimane del sector Yacuma, respetando sus características culturales, modos y costumbres, y garantice medidas efectivas para la protección y titulación de su territorio, y su supervivencia física y cultural”.

Vadillo añadió que este tipo de informes del Comité “implica cierta obligatoriedad del Estado boliviano de ir implementado” las recomendaciones, porque es la forma de eliminar la discriminación. “No cumplir significa que no se está implementando políticas que orienten a este objetivo”.

Por otra parte, pidió a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil a “hacerse dueños de estas recomendaciones y exigir su implementación”, así como los mismos pueblos indígenas que deben exigir la atención real del Estado.

El 2021, se presentó el Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial denominado “Discriminación Racial del pueblo indígena Tsimane” que visibiliza la situación de discriminación y violencia que afecta a los indígenas tsimanes y alerta sobre el avasallamiento de sus tierras por otros actores socioeconómicos, bajo la complicidad del Estado.

En un amplio proceso participativo entre las dirigencias de los diferentes territorios que tienen población tsimane, organizaciones e instituciones de la sociedad civil elaboraron el informe en base a los testimonios y voces de los propios indígenas. Los tsimanes están dispersos en 164 comunidades, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo 2012, la población autoidentificada como tsimane alcanza a 14.902.

El informe se constituye en un documento alternativo al que debía presentar el Estado boliviano a la CERD, el que es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados parte y que observará la situación en Bolivia.

“El objetivo principal del presente informe es visibilizar la situación de discriminación y violencia que afecta a las comunidades indígenas Tsimane, esperando que sirva como herramienta para impulsar la atención del Estado y el cambio de las políticas públicas que les afectan”, decía el informe de la sociedad civil.

En diciembre de 2020, la ANF realizó una serie de materiales periodísticos sobre la situación de las comunidades del pueblo indígena tsimane en el sector Yacuma, expulsados por terceros de sus territorios, sin que sus tierras sean tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, agredidos de manera sistemática por interculturales.

Además, sin que los derechos de las comunidades tsimanes de acceso a la educación, a la salud, a condiciones de vida dignas sean garantizados por el Estado Plurinacional. (ANF)