165 casos de violencia se registraron contra los periodistas en Bolivia, según la Red de Apoyo y Protección a Periodistas. Ni uno solo de los hechos fue sancionado en la Justicia. Esta cifra corresponde a un 56% más de casos de violencia, ya que en 2021 fueron 73.

“Prácticamente cada semana se producen agresiones a periodistas, y la justicia, lejos de apoyar la sanción a estas agresiones, alimenta el acoso judicial y hace prevalecer la impunidad. A pesar de distintas garantías reconocidas por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Los periodistas son el segundo grupo más afectado por la vulneración de sus derechos en Bolivia. Una tendencia preocupante que se repite en los últimos años”, se lee en el informe al cual accedió la ANF.

La ANF publicó un reportaje sobre la situación actual y la precariedad laboral que se profundiza para los periodistas del país, un hecho que se agudizó desde la pandemia del covid-19.

Desempleo, trabajo bajo, contrato civil o por producto, doble ocupación laboral, bajos salarios, violencia y hasta impedimento de acceder a información pública son los seis factores principales que los periodistas del país están atravesando.

De los 165 casos que se registraron, 127 fueron casos de vulneración a la libertad de prensa, y 38 de vulneración a la libertad de expresión. Las características son cada vez más violentas, han pasado de la agresión verbal a la física.

Los tipos de delitos que se registraron fueron: agresiones físicas (lesiones graves y gravísimas), amenazas, tentativa de secuestro, tentativa de asesinato, robo agravado, además de agresiones sicológicas. Según la Red de Apoyo también hubo estigmatizaciones contra periodistas, acoso judicial, impedimento a la labor periodística y asfixia económica.

VIOLENCIA

La extrema violencia ejercida por avasalladores de tierras contra periodistas, la primera quincena de diciembre de 2022, sumada a la extensa lista de agresiones a reporteros durante los 36 días de paro cívico en el departamento de Santa Cruz, exigían una acción inmediata del Gobierno nacional.

En la oportunidad, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios bolivianos ha reportado, a través de su Unidad de Monitoreo, un crecimiento desmesurado de casos de agresión a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de la prensa desde octubre de 2021, hasta los recientes conflictos en la región oriental.

Resuena de manera alarmante el secuestro de seis periodistas, el 28 de octubre de 2021, pero el estruendo mayor es la decisión judicial de liberar a tres cabecillas del horroroso hecho.

Desde octubre de 2021 y hasta diciembre de 2022, la Unidad de Monitoreo de la ANP reportó 37 incidentes verificados que atentaron contra la libertad de prensa y el trabajo de periodistas de medios independientes y estatales en el departamento de Santa Cruz, y ese dato acumulado muestra que la región oriental concentra el mayor número de agresiones contra periodistas.

La denegación de justicia emerge como el rasgo más inquietante.

El 19 de noviembre de 2022, la ANP expresó profunda preocupación por una decisión de la Fiscalía que tras ordenar la detención de dos personas involucradas en la agresión al periodista Mario Alberto Rocabado, de forma inexplicable, cambió de curso y las benefició con el arresto domiciliario.

El periodista de la red digital “La Cruda Verdad”, Carlos Justiniano Flores, acudió a la Fiscalía para denunciar a su agresor que, además, de golpearlo le sustrajo su equipo de trabajo durante el paro cívico, pero su queja fue rechazada en dos ocasiones.

En este momento, el trabajador de la prensa Sebastián Méndez enfrenta una orden de captura, luego que un juez resolviera cambiar la figura de arresto domiciliario por detención en un penal de máxima seguridad, a pesar de haberse demostrado el uso de prueba falsa para inculparlo.

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz denunció 40 ataques verbales y físicos durante los días de conflicto regional y ninguno de los casos fue investigado.

La Policía que tiene la tarea de investigar la comisión de delitos y proteger al ciudadano, dirigió sus ataques contra periodistas o en otros casos ignoró pedidos de auxilio de reporteros agredidos por grupos violentos.

En la noche del 16 de noviembre de 2022, el periodista de la red de televisión Unitel, Leonardo Gil Villalba, fue herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por un policía mientras informaba sobre la represión a manifestantes que apoyaban el paro cívico.

El 29 de diciembre de 2022, un grupo de simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) lanzó un objeto contundente en el rostro de la periodista Rayza Ontiveros, de Red Uno cuando ella realizaba un despacho al vivo respecto al traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Un día después, el camarógrafo del portal digital Periodismo Somos Todos José Enrique Tarquifue herido tras recibir el impacto de cinco perdigones que se introdujeron en su cuerpo. Tuvo que ser hospitalizado para que los médicos le extrajeran cada perdigón de su abdomen.

Ese mismo día, el vehículo de Harol Salvatierra y con el que trabajaba de Uber (conductor), los fines de semana, fue incendiado mientras cubría los incidentes que se registraron en el Comando Departamental de la Policía y sus alrededores. Ambos hechos se registraron en Santa Cruz.

El 1 de noviembre, el periodista de Unitel, Mario Rocabado, quien cubría los hechos violentos en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz fue golpeado con palos y piedras, también le robaron su celular y sus pertenencias.

La Fiscalía inició las investigaciones de oficio y se aprehendió a Marco Antonio P. F. y Constantino C. C. quienes fueron imputados por los delitos de lesiones graves, contra la libertad de expresión y robo agravado; sin embargo, el 18 de noviembre el juez del Juzgado Sexto de Instrucción Cautelar de Santa Cruz, Manuel Batista, dispuso arresto domiciliario para ambos.

“Se destaca la acentuación de expresiones violentas, ya sea verbales o físicas, en contra de periodistas individuales y una naturalización de los casos de estigmatización contra periodistas. A ello se añade que la dependencia de la justicia al poder político redunda en un desconocimiento de las leyes que protegen a los periodistas y que provoca que se incurra en violación a principios elementales como la reserva de fuente y el acceso a la información pública”, indica el informe.

Todos los casos fueron reportados con todo detalle y con urgentes llamados a la protección de los periodistas enviados a zonas de conflicto, pero ningún funcionario del Gobierno central escuchó las peticiones.

La ANP solicitó al presidente Luis Arce una audiencia para exponer los hechos de frecuentes agresiones y pedir las garantías señaladas en la Constitución Política del Estado (CPE), empero a la fecha no tuvo respuesta.

INCUMPLIMIENTO

DE NORMAS

El secretario de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz Marco Curi señaló que no se cumple a cabalidad las leyes, por ello algunos medios son más “lights”, es decir que se han auto restringido y prefieren no entrar en temas que atañen al ámbito político. “También reciben agresiones verbales, les dicen ´vendidos´. En los 36 días de paro cívico al menos un periodista fue agredido diariamente”.

Estas situaciones de violencia se producen en medio de declaraciones estigmatizantes de altas autoridades del Estado, por ejemplo, las acusaciones públicas del procurador, Wilfredo Chávez.

“Unitel, prensa basura. ¿Dónde estabas cuando masacraron en Sacaba y Senkata?. Pero ahora dando cobertura a los delincuentes de la UJC Unión Juvenil Cruceñista”, escribió Chávez en su cuenta de Twitter.

El 26 de octubre de 2022 Chávez escribió: “Así operaba y mentía la pobredumbre mediática de la cleptocracia golpista. El tiempo despejó toda duda de ese Gobierno delincuente y sus encubridores mediáticos”.

En otra fecha, en relación al diario El Deber dijo que era una de las “cabezas del clan de la mentira”, al comentar sobre una información difundida por ese medio de comunicación.

No es el único en el partido gobernante que tiene esa percepción de los medios, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana fue –prácticamente- el autor de nominar a cuatro medios como el “cártel de la mentira” en 2016.

El año pasado afirmó que estos mutaron “Hay una mutación de lo que se caracterizó del cartel la mentira, hoy están mutando al gansterismo mediático, los medios se han convertido en unas verdaderas cloacas mediáticas, que todos los días destilan mentiras, infamia, odio, no tienen nada que ver los medios de comunicación con la información nos quieren tomar el pelo todos los días. Se han convertido -de verdad- en armas potentes de todos los días, disparan dosis de odio, de rencor, de ira porque se ven invencibles fuertes y nos ven cada vez con más conciencia con más capacidad no solamente desde resistencia y de lucha”.

LIBERTAD DE PRENSA

A fines de diciembre de 2022, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, hizo un llamado para que se garantice la libertad de prensa en medio de los hechos de violencia contra trabajadores de la prensa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Los periodistas fueron afectados por las fuerzas del orden cuando hacían la cobertura de la violencia y gasificación contra los movilizados que rechazaban la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Estoy recibiendo reportes de agresiones severas a la prensa en #Bolivia que se atribuyen al despliegue policial. Hago un llamado a las autoridades para dar instrucciones públicas a sus agentes sobre el deber de garantizar las libertades de prensa, reunión pacífica y asociación (sic)”, escribió el representante internacional el 31 de diciembre. (EL DIARIO y ANF).