La Ley 341 tiene por objeto establecer el marco general de la Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 2 (Ámbito de Aplicación) parágrafo II de la Ley 341 señala: “Las empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o recursos naturales”.

Flores Mancilla advirtió que vive momentos difíciles por un permanente acoso, amedrentamiento y amenazas de parte del interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, a quien denunció, con documentación, una compra irregular de volquetas y retroexcavadora.

“Mi único delito fue exigir que se investigue y se aclare la compra de volquetas para la empresa, fueron algunos trabajadores que nos hicieron llegar documentación que demuestra que hubo manejo malintencionado sobre el proceso de la compra de estos vehículos, por ello exigimos a la Fiscalía, al Ministerio de Agua y a la AAPS, se investigue estos extremos, pero a la fecha la Fiscalía nos observa nuestros memoriales con el argumento de que hay que corregir artículos, cuando a simple denuncia la Fiscalía y las autoridades del sector debían investigar y aclarar, espero que no se proteja u oculte hechos de poco transparentes”, dijo Flores en entrevista con EL DIARIO.

Por esa denuncia, Flores tiene un proceso abierto en el Juzgado de Sentencia 6 que interpuso Iraizos, por el supuesto delito de calumnias.

“Mi delito fue exigir al Ministerio Público investigar a este funcionario que se cree autoridad intocable, que presume protección política, olvidando que hay leyes que le obligan responder y aclarar cualquier duda de los ciudadanos, con mayor razón de nosotros los presidentes que representamos a la sociedad civil y estamos amparados en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre el Control Social”, advirtió.

No obstante, la dirigente vecinal dijo que no claudicará en su lucha frontal contra la corrupción ya que el mismo Gobierno trabaja sobre esa premisa que es incumplida por la firma de agua.

“Lo que el interventor ocasiona con esta actitud desatinada, es movilizar a las juntas vecinales para exigir agua en nuestros barrios, ya estamos cansados de pagar para que nos instalen piletas y tuberías con nuestro propio dinero”, dijo.

Este medio de comunicación buscó la versión de Epsas por al menos dos semanas, nos comunicamos con la encargada de comunicación y con el mismo interventor, quien dijo que le enviáramos las preguntas, así lo hicimos y hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas.

SERVICIOS CAROS

Flores denunció que para que sus vecinos cuenten con los servicios que presta Epsas, estos deben tener al menos Bs 4.000, que muchos no tienen ya que la pandemia dejó secuelas económicas. Recordó que el acceso al líquido vital es un derecho humano.

“Nos exigen Bs 2.398,52 por familia para darles agua; Bs 1.700 para la compra de tubería y pago de mano de obra; y Bs 698.52 por el derecho de conexión del servicio, ese es el costo para tener acceso al agua, ¿dónde está la obligación del Estado?, el interventor dice en sus entrevistas que viajó a Coroico, Coripata, Pando Tarija y Santa Cruz, que todo está bien en Epsas, que no falta agua en La Paz, pero eso es mentira, eso es solo campaña, nosotros en pleno siglo XXI no tenemos agua y nos exigen pagar nuestras tuberías y mano de obra, vean, todo está escrito en el Convenio Epsas –Interv/GO/77/2021 de diciembre pasado, primero dinero y luego agua, es el colmo, esto es abuso de poder”, concluyó.

DESCONOCE

DENUNCIAS

La directora de la AAPS, Karina Ordoñez, entidad a cargo de la intervención a Epsas, manifestó que desconoce la denuncia que instauró el interventor de Epsas a la dirigente vecinal.

“La AAPS no conoce ninguna denuncia en particular y en cuanto a las acciones que estuviera asumiendo el interventor esta es de su entera responsabilidad, sin embargo respecto a investigaciones sobre hechos de corrupción esto no debería de incomodarnos, creo que como servidores públicos nos debemos siempre a la sociedad y creo que es nuestra obligación esclarecer sus dudas, así estas sean de mala fe o mal intencionadas”, dijo Ordoñez a EL DIARIO.

Por otro lado, respecto a la adquisición de volquetas con presunto sobreprecio que la dirigente vecinal denunció y el anuncio de una auditoria a la misma, por el interventor, la ejecutiva de la AAPS aseguró que no se conoce aún el informe, empero la misma se resolverá en la instancia que corresponda.

“De haberse hallado responsabilidad penal por sobreprecios en la compra de vehículos este hecho se investigará por la Fiscalía al tratarse de delitos penales y no por la AAPS, entonces en el caso que hace referencia no tenemos el informe, pero de hallarse responsabilidades de acuerdo al ámbito que corresponda, tenga la certeza se seguirán las acciones legales que correspondan, en el caso nuestro a responsabilidades administrativas”, aseguró.

Finalmente, sobre la consulta respecto a denuncias de trabajadores de Epsas, sobre la falta de insumos y materiales para la potabilización del agua y que esta carencia pondría en riesgo el servicio, Ordoñez aseguró que ese extremo no es cierto.

“De acuerdo a la última inspección realizada el 24 de marzo de 2022, en las Plantas de Chuquiaguillo y Pampahasi tenían asegurado gas cloro en stocks hasta 28/04/2022 y 24/05/2022 respectivamente, y en caso de alguna contingencia en el sistema de cloración con gas cloro, se cuenta con el insumo de Hipoclorito de calcio para garantizar la desinfección. Asimismo para todos los insumos, la provisión está garantizada mediante contratos anuales realizada por Epsas y suministros mensuales, por lo que las fechas de stocks mencionadas se amplían constantemente a medida que los insumos requeridos se distribuyen a las Plantas Potabilizadoras”, dijo.