Después de conocerse que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encontró una cámara escondida en la pared de su celda en penal de Chonchocoro, abogados consultados por EL DIARIO aseguraron que con ese extremo el Gobierno viola todos los derechos fundamentales de la autoridad electa.

Desde la cárcel de Chonchocoro, el abogado Martín Camacho, que patrocina al gobernador, afirmó que este hecho constituye una grave violación al derecho de la privacidad, no solo de su cliente sino de las mujeres, toda vez que recibe la visita de su esposa.

Asimismo denunció que no los dejaron ingresar al penal, por lo que no pudieron precisar detalles del hallazgo.

El coronel en servicio pasivo del Ejército, experto en seguridad y abogado, Jorge Santistevan, manifestó que la cámara encontrada en la celda de Camacho supone que a través de Inteligencia, el Ministerio de Gobierno, en probable coordinación con Fuerzas Armadas (FFAA), le están haciendo un seguimiento “ilegal” al Gobernador.

“Puede ser que el Ministerio de Gobierno esté trabajando en coordinación con las organizaciones de Inteligencia del Ejército que manejan los ‘Pachajchos’. El servicio de Inteligencia le está haciendo seguimiento a Camacho en todas sus actuaciones para conocer sus estrategias políticas y sus nexos con el que mantiene relación”, advirtió.

En ese marco dijo que le están violando la intimidad y todos sus derechos fundamentales porque no hay protección para la máxima autoridad de un departamento, en un sistema penitenciario.

Aclaró que por este hecho se debe destituir de manera inmediata al gobernador del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el municipio de Viacha, además la sanción también debe alcanzar a funcionarios de Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, porque es una grave violación a los Derechos Humanos (DDHH).

“Ahora que está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deben denunciar este extremo para que conozca cómo se vulneran los derechos de los ciudadanos y la falta de respeto porque un ciudadano, por más detenido que esté, está resguardado por la Convención Interamericana de DDHH”, apuntó.

PRÁCTICAS DE

LA DERECHA

El abogado y exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, recordó que la única vez que se habló de cámaras de seguridad escondidas fue cuando Evo Morales entró al Palacio de Gobierno y denunció que encontró varios artefactos escondidos que registraban los movimientos en los ambientes.

“Están usando las prácticas de la derecha, de los que gobernaron antes del Movimiento al Socialismo (MAS). Todo esto es irregular, al privado de libertad no se le puede violar su derecho a la intimidad”, dijo.

Apuntó que el artículo 73. I. de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”.

Asimismo aclaró que en el ámbito penitenciario, la proyección del principio de dignidad comporta la obligación estatal de realizar las medidas adecuadas y necesarias para que el infractor de determinados bienes jurídico-penales pueda reincorporarse a la vida comunitaria, y que ello se realice con respeto a su autonomía individual, cualquiera sea la etapa de ejecución de la pena.

Llanos recordó la vigencia del artículo 5° de la Ley 2298 que señala: “En los establecimientos penitenciarios, prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante. Quien ordene, realice o tolere tales conductas, será pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le correspondan”

Por otro lado, apuntó que la persona es digna porque tiene la capacidad del ser sujeto de derechos y obligaciones ante las demás personas y ante sí misma, derivada de su dimensión espiritual o racional.

“La dignidad hace del hombre un ser autónomo e inviolable, constituyéndolo en un sujeto de derechos inherentes (la familia, la cultura, el trabajo, la no violencia, la no tortura, sistema de derechos y garantías contemplado en la CPE”, aseveró.

Para corroborar la denuncia, EL DIARIO buscó al director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, pero lamentablemente no atendió nuestras llamadas ni mensajes.