“Desde el momento de la detención, nosotros hemos temido por nuestra integridad física, por nuestra vida y la de nuestras familias”, dijo uno de los imputados.

“Hemos sido enviados directamente a una sección de castigo sin haber incumplido dentro de lo que es el régimen penal, sin haber causado pelea, sin haber causado molestia, sólo por el simple hecho de que nuestras familias estaban reclamando nuestra libertad y estaban reclamando nuestros derechos en la parte de afuera”, advirtió otro de los imputados.

AUDIENCIA

Los jóvenes participaron ayer de la audiencia de Acción de Libertad que presentaron en contra de los militares infiltrados en la marcha, policías, además de jueces y fiscales que los enviaron a prisión por presuntamente portar petardos y vinagre.

“Se rechazó nuevamente el pedido de libertad de estos tres jóvenes, señalando que como no le habrían remitido a este tribunal las resoluciones de las audiencias de medidas cautelares, ellos no podrían realizar ninguna tutela, que como no tenían el contenido de estos documentos, no podrían ingresar al fondo de la denuncia sobre la injerencia y la militarización de organismos sociales, criminalización del derecho a la protesta y la infiltración de las cuatro efectivos de las Fuerzas Armadas en un organismo ciudadano”, explicó a EL DIARIO el abogado Jorge Valda, que patrocina a los jóvenes.

El jurista advirtió que hasta el momento son más de 10 autoridades judiciales que se rehusaron a ingresar al fondo y considerar cómo cuatro funcionarios militares de Inteligencia, que presuntamente dieron datos falsos, ni siquiera se presentan al llamado de la justicia.

INFILTRADOS

En entrevistas anteriores, Valda manifestó que tres subtenientes de infantería y un sargento militar fueron infiltrados para armar el caso contra los jóvenes marchistas de la democracia que ahora están encarcelados en detención preventiva.

En el programa digital En Otro Formato, Valda explicó con documentos y expedientes del caso, la forma en la que cuatro miembros de Inteligencia armaron la aprehensión de tres jóvenes paceños que el 21 de julio participaron en la marcha de médicos y activistas de derechos humanos.

Pasado el mediodía, cuando la marcha concluyó, y luego de amagues de enfrentamiento con grupos masistas, ocho personas llegaron hasta plaza Abaroa, en la esquina del Ministerio de Defensa, momento en que un grupo de policías vestidos de civil los arrestaron. Extrañamente, cuatro de ellos se sometieron sin cuestionar que no exista alguna orden formal.

Mauricio Bruzone, Rodolfo Rodríguez, Ricardo Fritz, fueron separados en celdas judiciales, para luego ser sindicados por “portación de armas y explosivos” por los petardos que tenían en sus mochilas, así como una botella de vinagre usada para prever alguna gasificación, que para la Fiscalía representa un “riesgo de explosivo”.

Los cuatro militares, explicó Valda, registraron nombres falsos, pero al salir firmaron con sus nombres verdaderos de Óscar Sánchez, Hugo Herrera, Álvaro Barcaya y Luis Lero Condori.

Los tres jóvenes de la “resistencia juvenil paceña” fueron imputados y la Fiscalía solicitó detención preventiva por tres meses, bajo el argumento de que pueden “obstruir la investigación” al comunicarse con los otros arrestados, que son precisamente los cuatro militares liberados ese mismo día.

Valda explicó que los jóvenes portaban escudos porque decidieron salir a proteger a las esposas de los policías y militares que se sumaron a la marcha para exigir la liberación de sus familiares, todos detenidos por el montaje del caso “golpe de Estado”.

El informe preliminar del investigador del caso, además, estableció que no hubo ningún indicio delictivo; sin embargo, en el acta de requisa se encontró credenciales y celulares a Aaron Mendizábal, Manuel Uria, Bruno Monasterios y Luis Condori, los cuatro arrestados con nombres falsos que eran militares de Inteligencia.

En las primeras horas, una abogada de defensa trató de ayudar a los ocho arrestados y aprehendidos; sin embargo, cuatro de ellos negaron dar sus datos personales o que se les saque fotografías. Los cuatro, se estableció ahora mediante registros oficiales, cumplen funciones en el Ejército.

Dos fiscales rechazaron firmar el caso, incluido Omar Mejillones, el acusador de la expresidenta Jeanine Añez, bajo excusa de baja médica, pero sí accedió la fiscal de Cochabamba, Ingrid Feraudi.

Valda concluyó que el mensaje político del Gobierno del MAS, es amedrentar a todo aquel que quiera salir a protestar o marchar, más aún si vuelven a aparecer los escudos y cascos que caracterizaron a las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019. (EL DIARIO y Visor21)