La Sala Penal Segunda de Cochabamba suspendió ayer la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares de tres exjefes militares que están imputados por el caso denominado Huayllani. El abogado Jorge Santistevan informó a EL DIARIO que el acto jurídico fue reprogramado para el 9 de agosto debido a problemas de internet en los penales.

El abogado y coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, precisó que el Gral. Fza. Aé. Pablo Guerra Camacho (exjefe de Estado Mayor General de las FFAA); el Almte. Aldo Bravo (Exinspector General de las FFAA) y el Gral. Brig. Iván Inchauste (Excomandante General del Ejército) fueron imputados por los presuntos delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

“Los tres están con detención preventiva por el caso Senkata y Huayllani. Guerra e Inchauste están en el penal de San Pedro de La Paz desde el 26 de julio de 2021, Bravo está detenido en el Penal de Mocovi (Beni), casi 11 meses. Los tres tienen enfermedades de base, por eso esta audiencia era para pedir su defensa en libertad”, dijo.

El jurista lamentó que la audiencia se haya suspendido por problemas en el sistema informático, lo que posterga su esperanza de poder defenderse en libertad.

“Primero no han sido citados todos, por cuanto hay una enorme deficiencia en las conexiones de los sistemas de internet en los diferentes penales y eso es de manera controlada. Nosotros vemos que con facilidad se pueden comunicar mediante el internet pero cuando tocan las audiencias no funciona el sistema, entonces vemos que algo raro está pasando”, dijo.

En ese marco advirtió que la suspensión de una audiencia supone postergar las “oportunidades de salir de la cárcel y defenderse en libertad”.

“Los jueces y fiscales no tienen apuro en que se suspendan las audiencias, mejor si el sistema no funciona, sin embargo las familias y los detenidos siguen postergando sus aspiraciones de salir libres”, aseveró.

DATOS

En julio pasado, cuatro militares fueron sometidos a audiencia cautelar por el caso denominado Huayllani, allí Pablo Guerra e Iván Inchauste fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz. Mientras que Aldo Bravo y Moisés Mejía, obtuvieron detención domiciliaria con custodios y una fianza de 150 mil bolivianos; ambos presentarían problemas de salud. No obstante Bravo ya estaba con detención preventiva por el caso Senkata.

Los cuatro fueron imputados por lo sucedido en el puente Huayllani, de Sacaba, en noviembre de 2019, cuando fallecieron al menos una decena de personas por disparos de arma de fuego y otras 125 resultaron heridas durante las intervenciones combinadas entre la Policía y las FFAA.

De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), en Sacaba existió vulneración a los derechos humanos, una masacre con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias. Sin embargo, la imputación por genocidio viola las recomendaciones hechas por los especialistas, que al momento de dar su informe aseguraron que no existen indicios de ese delito.

En anterior entrevista con es este medio, Santistevan manifestó que solo una de las víctimas del Puente Huayllani tenía proyectil calibre 5.56 de arma de fuego que se usan tanto la institución militar como la policial, empero también son utilizados en campeonatos y prácticas de tiro.

“No saben en absoluto el calibre de arma de fuego, menos dirección y distancias. Las Fuerzas Armadas en Huayllani fueron en apoyo a la Policía y estaban ubicados a partir de la tercera línea de defensa o contención, por lo tanto, ellos no podían disparar por encima de los policías de segunda y primera línea”, acotó.

Asimismo, recordó que las pericias forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) son incompletas.

“La escena tanto de Senkata como Huayllani fue contaminada. El GIEI no valoró las perforaciones de munición de guerra disparada desde el lado de manifestantes a los carros blindados en el Puente Huayllani. En Senkata descartan la posibilidad de sabotaje o destrucción de la planta. Habiendo las evidencias del derribamiento del muro que tampoco atribuye con contundencia a la responsabilidad de los manifestantes. Ellos si no tenían resistencia con seguridad tomarían la planta y personajes sin escrúpulos infiltrados entre los manifestantes pudieron generar un desastre lamentable para la familia alteña y boliviana, afectando por lo menos a cien metros a la redonda con cientos de muertos y enormes daños a la propiedad pública y privada”, dijo.

Asimismo, lamentó que el GIEI no haya convocado a declarar a los comandantes de los Comandos Estratégicos Operacionales (CEOs) ni de las Fuerzas, por lo que, en su criterio, el informe es inconcluso.