Afirmando que desde el oficialismo solo se intenta dilatar el proceso para el tratamiento de una norma que garantice la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda, la diputada por la agrupación Creemos, Tatiana Añez, apuntó al Movimiento al Socialismo (MAS) y sus pugnas internas, como el principal problema para solucionar los conflictos en torno a este tema.

La parlamentaria de oposición alertó sobre intenciones del oficialismo para dilatar lo más posible una aprobación de la ley que garantice la aplicación de la medición censal en los tiempos que demanda la población.

“La intensión que tiene el Movimiento al Socialismo es dilatar este proceso porque ellos no quieren aprobar una ley que garantice el censo ni en 2023, 2024 o 2025. Esa es la situación, por lo que alertamos a toda la ciudadanía sobre estas intenciones”, indicó Añez en declaraciones a medios de prensa.

La parlamentaria destacó todos los esfuerzos y acercamientos que se viabilizan desde las fuerzas de oposición para unificar criterios o mejorar alguna de las propuestas ya presentadas, sin embargo, estas acciones se ven truncadas por la falta de voluntad en sus pares del oficialismo para agilizar el tratamiento de las normas en cuestión.

“Hemos incluso establecido consensos entre las propuestas a ser analizadas, esto era solamente una estrategia para dilatar el proceso. No hay ninguna intención de que se apruebe una ley que garantice el censo ni en la fecha que se plantea desde el Gobierno”, dijo.

Puntualizó que el principal argumento del oficialismo es la incompatibilidad de las fechas propuestas en cada proyecto presentado, excusa usada para entrampar el debate y evitar avanzar en una norma fruto del consenso entre las fuerzas políticas. “Nosotros tenemos un mandato del cabildo que establece el censo en 2023 pero esto dentro de la práctica legislativa, es una maniobra que se está utilizando por el presidente de la Comisión para no llegar a tratar su propio proyecto porque ellos no están de acuerdo en que exista una ley que garantice el censo”.

Responsabilizó además a estas pugnas por estar detrás de toda posible solución al actual conflicto, siendo la disputa entre evistas y renovadores, otro escollo a ser sorteado por la norma. “Aquí lo que vemos es una nueva fractura entre los legisladores de Evo Morales y los diputados de Arce, pero también se pueden notar criterios personales dentro de la misma comisión. Evidentemente ellos no quieren elevar a rango de ley el decreto y tienen su argumentación”, afirmó

Ante este panorama, Añez manifestó que el tema del censo siempre se trató de una cuestión política que intentó ser justificada con argumentos técnicos para modificar la fecha de ejecución. “Nosotros los parlamentarios cumplimos con todos los procedimientos incluso mejorando leyes para que se den las condiciones y se haga el censo en el 2022”, finalizó.

Por su parte, el diputado Erwin Bazán, responsabilizó al quiebre interno en el oficialismo por evitar la solución de conflictos mediante el diálogo y la concertación entre las fuerzas que componen el Legislativo.

“No quieren ley, la división en el MAS está entorpeciendo que el parlamento le dé una solución a este conflicto que lleva más de 30 días en Santa Cruz. La piedra en el camino es el MAS”, sostuvo Bazán.

El parlamentario cruceño además señaló que estas disputas en el partido gobernante no permiten que la ALP dé soluciones a un conflicto generado desde el Gobierno. “La gente está en las calles, porque el Órgano Ejecutivo no cumplió con su trabajo de hacer el censo y decidió arbitrariamente postergarlo. Hoy, la pelota está en nuestra cancha y tenemos que hacer una ley que obligue al Ejecutivo a cumplir con su trabajo”, dijo.

Desde el oficialismo, el diputado Juan José Jáuregui, señaló que el trabajo de la Comisión encargada de analizar los Proyectos de Ley presentados para el censo, no se verá afectado por sectores que mantienen medidas de presión, puntualizando que no a título de voluntad política se pueden vulnerar preceptos constitucionales.

“No vamos a trabajar bajo presión de ningún sector movilizado, vamos a trabajar en cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Que más allá de los entusiasmos políticos vengan con fundamentos técnicos que permitan tomar una decisión que no colisione con los criterios constitucionales”, declaró.

Finalizó señalando que tanto la fecha para la medición censal, como las acciones posteriores en base a los resultados de esta medición, están garantizadas por el Decreto Supremo emitido por el Gobierno días atrás.