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Procesado juez Blanco otorga libertad a otro que obró con “benevolencia”

El Diario
Publicado Sabado, 21 de Mayo de 2022.
Procesado juez Blanco otorga libertad  a otro que obró con “benevolencia”
“Sabemos que el doctor Blanco tiene mucha afinidad con el actual Gobierno y al juez que ha liberado es un profesional bastante identificado con la línea masista y no sorprende para nada estas actuaciones, más aun tratándose de que el juez Marco Antonio A. F. tiene a su cargo un caso complejo como es el de Sacaba y Senkata, veo que hay una especie de protección entre ellos”, dijo el abogado Eusebio Vera. El fiscal departamental, Williams Alave, manifestó ayer que se activarán las acciones necesarias para revocar la resolución que emitió Blanco en favor del juez a cargo del Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto.

Edwin Blanco Soria, acusado por ocultar pruebas que demostraban la inocencia del médico Jhiery Fernández, dispuso la libertad pura y simple del juez Primero de Instrucción Penal de El Alto, Marco Antonio A. F., quien fue aprehendido por segunda vez imputado por otorgar detención domiciliaria a un sentenciado a 30 años de cárcel. En tanto el proceso contra él se quedó estancado, según informó el abogado Christian Alanes a EL DIARIO.


El fiscal Gustavo Balderrama informó que el pasado miércoles, el juez Marco Antonio A. F., fue aprehendido por segunda vez imputado por otorgar detención domiciliaria a un sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato sin ser su competencia para tomar esa determinación, pero el jueves el juez Edwin Blanco dispuso su libertad pura y simple.


Balderrama explicó que el juez tenía dos procesos, uno por prevaricato, y otro por prevaricato e incumplimiento de deberes. En el primero, el juez denunciado se benefició con detención domiciliaria con salidas laborales.


“En el segundo caso el juez estaba con imputación formal por prevaricato y estábamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares y en la imputación estábamos pidiendo detención preventiva por seis meses en San Pedro, pero al interponer esta Acción de Libertad todo esto ha quedado sin efecto y le han dado libertad pura y simple”, precisó Balderrama.


El antecedente del caso que estaba a cargo de Balderrama es que, en 2021, el denunciado era juez de garantías constitucionales y emitió una resolución que dio detención domiciliaria al sentenciado, pero quien debía emitir esa determinación era un juez de ejecución penal.

BUSCAN REVOCAR LA RESOLUCIÓN


El fiscal departamental, Williams Alave, manifestó ayer que se activarán las acciones necesarias para revocar la resolución que emitió Blanco en favor del juez a cargo del Juzgado Primero de Instrucción Penal de El Alto.


“Nosotros estamos activando las acciones necesarias en contra de esta resolución, porque entendemos que no es una resolución que estuviese acorde a lo que ha determinado esta sentencia del Tribunal Constitucional, por ende, vamos a activar también las acciones necesarias a efectos, primero, de revocar esa decisión porque tiene que ir en consulta al Tribunal Constitucional, y ya vamos a analizar las acciones a seguir en contra de Edwin Blanco”, advirtió.

ACUSACIÓN CONTRA BLANCO


En marzo pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el exfiscal departamental de La Paz y actual juez Edwin Blanco Soria y la exfiscal Susana Boyán, por ocultar pruebas que demostraban la inocencia del médico Jhiery Fernández, quien fue sentenciado por una violación, que nunca existió del bebé Alexander.


“Presentar acusación en contra de José Edwin Blanco Soria y Jeanette Susana Boyan Tellez, por lo delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes”, se lee en una parte de la acusación.


Para la Fiscalía, Blanco y Boyán omitieron un informe pericial que eximía de culpa al médico Fernández y no fue considerado en la acusación. Las irregularidades del caso fueron reveladas por la jueza Patricia Pacajes, cuya declaración fue grabada en un audio que se filtró a la población.


El abogado Christian Alanes que patrocina al médico Fernández, manifestó que desde que se presentó la acusación el proceso no avanzó.


“El proceso se ha quedado es stand–by (espera). No hay avances”, dijo Alanes.


El abogado Eusebio Vera manifestó que estos extremos son los que “denigran” a la justicia boliviana donde se aceleran algunos procesos y otros se dilatan extremadamente.


“Este es el mal que aqueja a la justicia boliviana, en otros casos se da una alarmante celeridad como en el caso golpe II y en otros casos existe una dilación alarmante también, como el que es en contra de Blanco que hasta ahora no inicia el juicio oral y contradictorio, pese a que ya hay acusación”, dijo el jurista en contacto con EL DIARIO.


Por otro lado apuntó que en este caso correspondía que se activen los mecanismos mediatos de aprehensión contra la exfiscal Susana Boyán porque ya no funge como autoridad en el juzgado ni el Ministerio Público.


“Lo mismo debería aplicarse para Blanco, no se entiende por qué esa discriminación, si vale el término, de no aplicación de una justicia justa, porque en muchos casos se es tolerante, se es displicente como el caso de Blanco, pero en otros casos existe una celeridad increíble”, advirtió.

MASISTAS


En criterio de Vera, no es rara la decisión del juez Blanco porque ambos son afines al partido de gobierno.


“Sabemos que el doctor Blanco tiene mucha afinidad con el actual Gobierno y al juez que ha liberado es un profesional bastante identificado con la línea masista y no sorprende para nada estas actuaciones, más aun tratándose de que el juez Marco Antonio A. F. tiene a su cargo un caso complejo como es el de Sacaba y Senkata, veo que hay una especie de protección entre ellos”, dijo.


Vera recordó que Blanco tuvo un paso “nefasto” por la Fiscalía de La Paz, por lo que no sorprende sus decisiones que están en la misma línea, “denigrando la administración de justicia”.


Para el jurista, otro caso que llama la atención, es que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, no haya sido procesado por hechos donde había indicios de corrupción, como el caso de las 41 ambulancias.


“Otro caso que llama la atención es del gobernador potosino, existen muchas pruebas de la comisión de muchos ilícitos vinculados a corrupción y daño económico al Estado, que hasta ahora la justicia no aplica la normativa y están en un silencio cómplice tanto el fiscal general y la fiscal departamental de Potosí, y esos actos son los que hacen daño a la justicia, y si continuamos así va a ser difícil un cambio o una transformación positiva de aquí a lo venidero, porque con esto se presume que se va a entrar a una paupérrima administración de justicia”, advirtió.

PROCESO A BLANCO


El 20 de mayo de 2021, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público retiró la acusación en el caso bebé Alexander, en favor de Jhiery Fernández, Lola R. O., José L.D.A. y Sandra D.M.C.


Dijo que la determinación fue asumida luego de realizar un análisis exhaustivo al cuaderno de investigación en el que no se encontraron los suficientes elementos probatorios para sostener la acusación que fue presentada el año 2015.


“Este retiro de acusación, obedece a unas serie de inconsistencias que se encontró en todo el cuaderno de investigación, fundamentalmente en el tema de las pruebas, no hay una prueba científicas que acredite la comisión del ilícito”, dijo la autoridad.


Lanchipa explicó que los elementos probatorios acumulados durante el proceso investigativo resultan insuficientes para sustentar la resolución de acusación fiscal en el juicio oral, además durante la revisión al cuaderno de investigación se encontraron contradicciones en los informes periciales.


“La médico forense de ese entonces contaba con el requerimiento fiscal que le instruía únicamente tomar muestras biológicas, pero la médico señala que se habría tomado dos hisopos como muestras y estos habrían sido entregados al Fiscal en calidad de custodio; sin embargo, nunca se logró establecer a qué fiscal se entregó estos dos hisopos y mucho menos en cadena de custodia. También se habla de la existencia de antígeno prostático, pero que no se pudo establecer a quién pertenecía y de manera contradictoria, en otra parte del informe, señalan que no se logró encontrar ningún tipo de antígeno, estas irregularidades fueron tomadas en cuenta para determinar el retiro de la acusación”, sostuvo Lanchipa en la oportunidad.



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