Managua.- La Policía de Nicaragua arresta opositores e, incluso, a disidentes del oficialismo en una ofensiva a menos de cinco meses para las elecciones presidenciales de noviembre, lo que representa un desafío para los esfuerzos de Estados Unidos de fortalecer la democracia en Centroamérica, con esto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega se aleja de la democracia.

En las últimas dos semanas, la fuerza pública aprehendió a cuatro precandidatos opositores que buscaban poner fin a los 14 años consecutivos de Ortega en el poder. Su principal rival, Cristiana Chamorro, fue puesta bajo arresto domiciliario el 2 de junio, tras anunciar su intención de postularse a los comicios del 7 de noviembre.

En los días siguientes, varios otros han sido detenidos, incluidos disidentes del movimiento sandinista que llevó a Ortega al poder a fines de la década de 1970, a pesar de la protesta de Washington y de países latinoamericanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, colocó el fortalecimiento de la democracia en Centroamérica en el centro de su plan de 4,000 millones de dólares para frenar los flujos migratorios desde los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras.

En respuesta a las detenciones en Nicaragua, así como a las recientes redadas en oficinas de periódicos e inhabilitaciones de partidos políticos, Washington impuso la semana pasada sanciones a miembros de la élite gobernante, incluida la hija de Ortega.

Los nicaragüenses que migran no tienen a Estados Unidos como su primera opción; la mayoría tiende a escoger Costa Rica.

Sin embargo, el fracaso de Washington para defender los estándares democráticos en la región podría resonar en el Triángulo Norte, donde la administración de Biden dice que la mala gobernanza es una de las principales razones por las que la gente migra.

Gobernantes centroamericanos como el presidente salvadoreño Nayib Bukele ya están rechazando las críticas estadounidenses a su historial democrático y de derechos humanos, por ejemplo.

«Los líderes centroamericanos se miran en el espejo de sus vecinos, así que un fracaso de Estados Unidos en Nicaragua podría ser visto como una debilidad de la administración (Biden) y envalentonar a otros a seguir con una agenda antidemocrática», dijo a Reuters Tiziano Breda, del International Crisis Group.

En los últimos meses, Nicaragua ha sancionado leyes que facilitan el enjuiciamiento de personas por recibir financiación extranjera y por publicar información «falsa». La Ley 1055, aprobada a fines del año pasado, permite excluir a los candidatos presidenciales si se han pronunciado a favor de las sanciones estadounidenses.

«Dura es la ley, pero es la ley», aseguró la vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es esposa de Ortega.

Los diplomáticos dicen que se sorprendieron por la naturaleza descarada de la reciente represión: Chamorro fue detenida mientras el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estaba en Costa Rica hablando de democracia.

Nicaragua tampoco se mostró intimidada por las sanciones de Washington la semana pasada a cuatro cercanos aliados de la pareja Ortega-Murillo. En cuestión de horas, la policía rodeó la casa de un exdirector de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Mario Arana, y emitió una orden de arresto.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, dijo la semana pasada que su país podría ir más allá e imponer amplias sanciones comerciales.

«Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional y se está alejando cada vez más de la democracia», escribió Chung en su cuenta de Twitter.

Pero Breda, el experto en Centroamérica del International Crisis Group, advirtió que las sanciones podrían ser contraproducentes, al aumentar la pobreza en el país de 6,5 millones de habitantes, avivar la migración y desestabilizar aún más la región.

«Antes de recurrir a medidas punitivas habría que intentar, por la vía del acercamiento diplomático, ofrecer incentivos para que Ortega haga ciertas concesiones en las instituciones electorales, liberación de precandidatos a cambio de ofertas de posibles levantamientos de sanciones», aseguró Breda.

PRESIÓN

Ortega, de 75 años, coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió Nicaragua por primera vez en 1985. Derrotado en las elecciones de 1990, el exguerrillero marxista retomó la presidencia en 2007 y hoy es el líder americano vivo con más tiempo en el poder.

Chamorro, miembro de una de las familias más influyentes de Nicaragua, era la carta fuerte de la oposición para derrotar a Ortega en las elecciones de noviembre, tal como lo hizo su madre, Violeta Barrios de Chamorro, en 1990.

Sin embargo, la policía la acusó de lavado de dinero y «falsedad ideológica», cargos que ella ha negado.

José Antonio Peraza, miembro de la coalición opositora «Unidad Nacional Azul y Blanco», aseguró que a pesar de que el proceso electoral «está debilitado» la oposición buscará otros candidatos para dar la batalla en las urnas.

«La dictadura quiere que todo mundo diga ‘se acabó’ (…) pero no podemos renunciar a las elecciones. La única opción que tenemos es la electoral», confesó Peraza en una entrevista con Reuters. «No tenemos otra alternativa».

Defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales sostienen que Ortega ha torpedeado las instituciones democráticas de Nicaragua y sofocado la disidencia durante su tercer mandato consecutivo, que inició en 2017.

En 2018, una ola de protestas antigubernamentales desató una represión estatal que dejó más de 300 muertos. La reacción violenta llevó a Estados Unidos a incluir en su lista negra a los principales funcionarios nicaragüenses, incluida Murillo.

Tras las últimas detenciones, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó el martes su «alarma» por el deterioro político en el país y exigió la liberación de todos los posibles candidatos presidenciales y presos políticos, así como reformas para garantizar elecciones libres y justas.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que los países de la región, en especial Estados Unidos, deberían «aumentar la presión».

«Para frenar esta nueva ola de desquiciamiento no se puede contar con los vecinos -salvo por Costa Rica-. De allí la importancia del rol concertado de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin esa presión internacional, los déspotas seguirán reprimiendo», aseguró el abogado chileno.

El año pasado, Estados Unidos desembolsó 32 millones de dólares en ayuda para Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó 185 millones de dólares para ayudar al país más grande de Centroamérica a enfrentar la pandemia del coronavirus. Además, Nicaragua recibió apoyos de la UE y el Banco Mundial.

«Su juego es permanecer en el poder por el resto de sus vidas, prácticamente a cualquier costo. Por eso es necesario aumentar el costo», finalizó Vivanco. (Reuters)

Ola de arrestos

La ola de arrestos en Nicaragua crece sin cesar y arrastra desde políticos opositores hasta precandidatos, desde activistas hasta excompañeros de armas del presidente Daniel Ortega.

Los detenidos han sido acusados de distintos delitos -como «menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país o incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos»- en lo que muchos ven como una cruzada de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para eliminar cualquier posible competidor de cara a las elecciones de noviembre.

La comunidad internacional aumentó en los últimos días la presión sobre el gobierno nicaragüense.

Una resolución aprobada por 26 de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exigieron esta semana la liberación inmediata de los «presos políticos» y crear condiciones para elecciones libres y justas en Nicaragua.

«No podemos tener otra Venezuela: si Nicaragua se sale con las suyas marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina», sostuvo Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y2018, en una entrevista con BBC Mundo. (BBC Mundo)

Estado de derecho

“Lo califico como una dictadura”, aseguró Guillermo Solís y dijo que “es clarísimo que es una dictadura que actúa sin ningún respeto por el Estado de derecho, que no existe: lo que hay es un remedo de administración de la justicia”.

Según Solís, es un gobierno que no solamente ya pareciera querer perpetuarse en la figura de la vicepresidenta y esposa del dictador, sino que además quiere hacerlo sofocando todas las voces de la oposición legítima, civil y pacífica.

Muchos se preguntan qué busca Ortega.

“Soy uno de los que se encuentran confundidos por la actitud de Ortega. Porque uno hubiese supuesto que esta actitud era precisamente la contraria a la que le servía al régimen. Es decir que, enterado Ortega de la situación gravísima en que se encuentra, buscaría más bien un acomodo que hiciera posible una convivencia con la oposición en un régimen que él todavía podría controlar por medio de una significativa cantidad de diputados, etcétera”, manifestó.

“Lo que ha hecho es todo lo contrario: ha aumentado la apuesta en el sentido de impedir que haya un recambio”, agregó. (BBC Mundo)

Momento crítico

Para Guillermo Solís, lo considero un momento sumamente crítico en la historia del país. No es la primera vez que el régimen de Ortega comete actos de estas características: arbitrarios, injustificados, únicamente dirigidos a destruir cualquier posibilidad de recambio político en Nicaragua.

“En esta ocasión, además, el desparpajo con que se están produciendo los arrestos, la evidente forma como Ortega pareciera regodearse ante la opinión pública internacional, ante la cual se muestra completamente burlón, me parece que no tiene precedentes en la historia no solamente de Nicaragua, sino de América Latina”, señaló.

Solís indicó que el Estado nicaragüense ya había sido acusado de cometer «crímenes de lesa humanidad» durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno de Ortega en 2018. ¿Lo que ha ocurrido en los últimos días señala que el país entra en una nueva etapa?

“No Creo que el país está dentro de una situación de irregularidad política desde hace mucho tiempo. Se inició precisamente con la matanza de marzo y abril de 2018, y se profundizó a medida que el régimen continuó reprimiendo a la oposición”, aseguró.

Según Solís, aquellos actos fueron todavía peores que los actuales, porque acabaron con más de 320 personas muertas. Fueron, como lo dicen los informes de Naciones Unidas, del grupo de expertos independientes de la ONU, y de la propia OEA, crímenes de lesa humanidad. Ahí se violó, se torturó, además de asesinar a mansalva a estudiantes indefensos.

“En aquel momento estábamos ante un uso flagrante de la violencia estatal contra la ciudadanía en un momento intermedio del gobierno de Ortega”, indicó.

“Ahora estábamos entrando a la fase electoral, que abría la posibilidad al régimen de establecer una transición que permitiera un recambio normal y necesario en un país que está en una crisis ya no solamente económica y política, sino también sanitaria, de proporciones mayores. En esa nueva fase el gobierno está actuando con el desparpajo que señalaba”, añadió. (BBC Mundo)

Comunidad internacional

“Creo que ha hecho lo posible en las actuales circunstancias y que las opciones diplomáticas se están agotando”, sostuvo Guillermo Solís.

En criterio de Solís, ha habido ya un repudio clarísimo de muchos gobiernos, una resolución condenatoria a los encarcelamientos arbitrarios de parte de la Organización de Estados Americanos, hay una preocupación manifiesta de los poderes occidentales: Estados Unidos, la Unión Europea.

“Creo que ha hecho lo posible en las actuales circunstancias y que las opciones diplomáticas se están agotando”, dijo.

“Ha habido ya un repudio clarísimo de muchos gobiernos, una resolución condenatoria a los encarcelamientos arbitrarios de parte de la Organización de Estados Americanos, hay una preocupación manifiesta de los poderes occidentales: Estados Unidos, la Unión Europea”, añadió. (BBC Mundo)