“La detención preventiva es una excepción a la regla, el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) expresa que toda persona debe ser detenida dentro de un debido proceso. Lamentablemente la detención ilegal, dolosa, revanchista que está sufriendo la expresidenta es ilegal, acusándola de un golpe de Estado que fue demostrado que no fue así”, dijo.

Aclaró que en materia penal, nadie puede estar sometido a una medida cautelar a plazo fijo como los están haciendo con la expresidenta iniciándole procesos para alargar el plazo de detención preventiva.

“Se dice detención preventiva por tres, hasta seis meses, porque el CPP dice que ningún proceso en su fase investigativa debe alcanzar los seis meses, pero no establece en ningún momento que la detención preventiva debe exceder de los seis meses y ampliarlo por otro hecho delictivo porque debe hacerse la conformación única del proceso, es decir, que aunque le hayan iniciado por cien presuntos hechos, tienen que acumularse todos esos presuntos hechos en un solo proceso, no solo por economía procesal sino por principio jurídico”, aclaró.

Por otro lado, apuntó que se busca justificar la detención “ilegal” de Añez para que a través de un juicio de responsabilidades “repongan sus errores” al iniciar una acción ordinaria.

“La responsabilidad penal y la acusación por el presunto golpe de Estado tendría que venir en la proposición acusatoria que hoy está tratando de reponer la Asamblea Legislativa y ellos no lo pueden hacer porque el Movimiento al Socialismo (MAS) ya no tiene los dos tercios”, explicó.

La exlegisladora recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó el uso “político y abusivo” de la detención preventiva por parte de jueces y fiscales en el país.

Según los expertos, esta situación se intensificó desde 2006, año en que asumió el mando del país Evo Morales.

“En la práctica, las instituciones del sistema de justicia (Fiscalía y juzgados) no respetan los estándares legales sobre el uso restrictivo de la detención preventiva. Desde 2006, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) ha constatado un uso desmedido de esta medida cautelar en Bolivia, circunstancia que se refleja en los elevados porcentajes de privados de libertad”, dice el GIEI.

Los expertos también abordan la “falta de la independencia en la administración de justicia” y “la instrumentalización del sistema de justicia para fines políticos”.

PROCESOS CONTRA AÑEZ

La expresidenta Jeanine Añez enfrenta siete procesos, tres en la vía ordinaria, y espera la respuesta de la Asamblea Legislativa por cuatro requerimientos acusatorios en su contra para un juicio de responsabilidades.

El abogado Jorge Valda que patrocina a la expresidenta informó a EL DIARIO que un primer proceso que enfrenta Añez es a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por un supuesto golpe de Estado, donde está imputada por sedición conspiración y terrorismo.

El otro proceso es a denuncia de la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, también por el supuesto caso golpe de Estado. En este caso, la expresidenta fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y enviada con detención preventiva, por seis meses al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, computables desde el 3 de agosto de 2021.

Otro proceso que se le sigue en la vía ordinaria es el iniciado por la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), por un presunto nombramiento ilegal, en este caso Añez prestó su declaración informativa empero no fue imputada aún.

JUICIO DE RESPONSABILIDADES

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió en semanas pasadas a la Asamblea Legislativa (AL) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).

El requerimiento acusatorio contra la exmandataria fue presentado por la Fiscalía al TSJ en agosto por los delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesión seguida de muerte.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, recordó que es el cuarto pedido de juicio de responsabilidades contra la exmandataria, los otros tres están relacionados con: el crédito del Fondo Monetario Internacional, la ampliación del contrato con Fundempresa y los decretos supremos para el confinamiento durante la primera ola de covid-19.

El 7 de septiembre, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que Añez debe enfrentar un juicio de responsabilidades a raíz de la firma del Decreto Supremo 4078 que permitió que las fuerzas del orden disparen en contra de la población civil y se generen masacres.

“El principal argumento es que ella ha sido una gobernante de facto, que ha estado a cargo de una organización prácticamente criminal que ha llevado adelante la muerte de bolivianos. Ni en la teoría del Ministerio de Justicia, ni de la Fiscalía, ni del Órgano Judicial, se reconoce ninguna calidad constitucional, lo que ocurre es que existe en nuestra Constitución el principio de verdad material”, manifestó la autoridad.

Explicó que en el marco del principio de verdad material es posible llevar adelante un juicio de responsabilidades por las masacres cometidas durante el “gobierno de facto”, lo que no significa que se reconozca la permanencia de Añez en Palacio Quemado como constitucional.

LA APREHENSIÓN

La madrugada del sábado 13 de marzo de 2021, un operativo policial permitió la aprehensión de la expresidenta Añez, en su natal Beni, por los hechos de noviembre de 2019.

De Beni fue trasladada a la Fiscalía de La Paz para dar su declaración informativa, en un contacto breve con la prensa calificó su aprehensión como un “atropello absoluto” y que se trata de un “amedrentamiento político” elaborado por el MAS.

El mismo sábado, aprehendieron a los sobrinos de Añez y fueron cautelados el domingo. Juan Carlos Añez, padre de los dos jóvenes, informó que la autoridad judicial de turno en Trinidad, determinó el arraigo para sus dos hijos, presentarse una vez a firmar el cuaderno de investigaciones y no tener contactos con la expresidenta.

También denunció que uno de sus hijos fue “torturado” por los efectivos policiales que le pusieron bolsas negras en su cabeza. Lamentó, entre lágrimas, el accionar de los uniformados.

El mismo domingo 14 de marzo de 2021, la jueza Regina Santa Cruz ordenó la detención preventiva, por cuatro meses, en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes de la expresidenta y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, los tres imputados por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

La Fiscalía basó su imputación en el testimonio de Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, quien fue denunciado varias veces por extorsión, tanto por autoridades del gobierno del MAS como por opositores.

El 20 de marzo de 2021, la justicia amplió la detención preventiva de Añez de cuatro a seis meses.