El reportero que no fue auxiliado mientras era agredido por seguidores del partido gobernante y por el contrario fue revictimizado por uniformados, durante un enfrentamiento entre partidarios y opositores a un paro cívico que ha cumplido 26 días en demanda de la aplicación de resultados de un censo nacional antes de los comicios generales de 2025.

La decisión de la fiscal Ilsen Nava movilizó al gremio de la ciudad de Santa Cruz y su  directiva anunció el inicio de recursos legales como la apelación e incluso amparos constitucionales para que la causa judicial alcance a las citadas autoridades.

El presidente de la Apsc, Roberto Méndez, declaró a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que “es lamentable que el Ministerio Público hubiese desestimado la ampliación de la denuncia”, a tiempo de anunciar que este mismo 15 de noviembre se hizo uso del recurso de apelación para trasladar la causa al Fiscal Departamental y advirtió que en caso de un nuevo rechazo queda la opción de presentar amparos constitucionales.

El 7 de noviembre, la Apsc que asumió la defensa legal de Rocabado, incluyó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhony Chávez Bascopé, y al comandante policial del municipio de La Guardia, Edson Rojas Orellana, “por haber omitido sus labores como funcionarios públicos y del Estado”.

La extensión de responsabilidad considera que los guardias bajo su mando permitieron “e incluso instigaron la tentativa de asesinato contra el comunicador” que fue pateado y apedreado, lo que le causó 35 días de incapacidad, debido a una fractura de peroné, múltiples golpes en la cara y la cabeza, de los que se recupera con un inmovilizador cervical.

Rocabado denunció que los policías brindaron protección al bando en conflicto afín al partido gobernante y al que pertenecen las personas que lo atacaron, quienes al advertir la gravedad del daño causado pretendieron entregar al periodista herido a los agentes pero estos rechazaron hacerse cargo de brindar auxilio y el periodista de Unitel los escuchó ordenar al grupo de choque que lo abandonen a la vera de la carretera.

El 15 de noviembre, la fiscal de materia Ilsen Nava Llano desestimó la denuncia de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz contra los tres funcionarios gubernamentales, con el argumento de que los sindicados no se encontraban en el lugar de los hechos acaecidos el 1 de noviembre y que los delitos denunciados, como instigación a delinquir y atentado contra la labor de prensa no corresponden al accionar de los denunciados.

El dirigente Méndez manifestó que se mantiene firme la decisión de sumar a los tres funcionarios de alto rango en el proceso por las agresiones al periodista Rocabado, abierto inicialmente contra los autores materiales identificados como los ciudadanos Juan Pinto Urquizo, Marco Antonio Pinto Fernández y Constantino Carachuyo Choque.

En opinión de la Apsc los tres funcionarios jerárquicos deben ser procesados “porque incurrieron en el incumplimiento con la acción directa que le señala el inciso 9 del artículo 11 de la Ley 101 y de su misma Ley Orgánica, que establece que la Policía cumple funciones preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico. Pisotearon también la Constitución Política del Estado (CPE) que en el artículo 251 establece que la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes”.

La región de Santa Cruz inició el 22 de octubre, por decisión de un cabildo, un paro de actividades en protesta por la decisión gubernamental de postergar hasta 2024 un censo nacional programado para este 16 de noviembre de este año y que define, principalmente, una reasignación de recursos económicos para las regiones y una nueva representación parlamentaria.

La medida reivindicatoria lleva 26 días en Santa Cruz y va por su primera semana en las regiones de Tarija y Potosí, cuyos dirigentes coinciden en acusar al gobierno nacional de pretender beneficiarse con la  no aplicación de un nuevo padrón electoral para las elecciones generales de 2025.