La ANPB destaca el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libre Expresión, que es vinculante para el Estado boliviano, que afirma taxativamente que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”.

Policías antimotines golpearon a periodistas de la ciudad de Oruro que protestaban contra las agresiones de manifestantes que, entre lunes 8 y martes 9, impidieron el trabajo de reporteros; mientras que en la ciudad de Potosí, desconocidos atacaron con juegos de pirotecnia a los trabajadores de la prensa.

El diario La Patria de Oruro reportó a través de una transmisión en Facebook que el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, Juan Carlos Yapari, fue golpeado en el rostro por un policía cubierto de casco y chaleco antibalas, en la plaza 10 de Febrero de esa ciudad.

Yapari encabezaba una marcha de reporteros que entre el lunes y martes sufrieron varias agresiones y cuando pidió el acceso a la Plaza 10 de Febrero, un policía lanzó golpes de puño contra el dirigente y provocó una hemorragia nasal.

Los hechos de violencia se registraron en el segundo día de protestas organizado por comités cívicos y organizaciones defensoras de la democracia contra un conjunto de leyes del Gobierno.

Unos 20 periodistas, todos identificados con chalecos, credenciales y la leyenda de “Prensa”, expresaron protesta a gritos por la violencia y un jefe policial justificó la agresión al señalar que los agresores confundieron a los periodistas con sindicalistas del comercio informal.

Minutos más tarde, los policías se retiraron del lugar y Yapari afirmó en improvisada asamblea que los periodistas no son partícipes de ninguno de los sectores en conflicto, y defendió la tarea informativa protegida por la Constitución Política del Estado (CPE).

Otro representante denunció que el lunes 8, manifestantes intentaron despojar de cámaras de video a periodistas que reportaban desde diferentes puntos de la ciudad, donde manifestantes bloqueaban vías públicas.

ATAQUE A PERIODISTAS

En la ciudad de Potosí, el diario local, El Potosí, reportó que desconocidos lanzaron juegos de pirotecnia contra un grupo de reporteros, el lunes 8 de noviembre, e hirieron al periodista de Radio Pio XII, Dilver Soria.

El artefacto estalló entre la mochila y el chaleco de trabajo de Soria, y provocó una laceración a la altura de la cintura.

El Potosí reportó que el lunes, los periodistas se convirtieron en el blanco de las personas que ingresaron hasta la plaza 10 de Noviembre y los que se les pusieron en frente. Algunos, incluso intentaron echar al suelo la cámara de un equipo de prensa, según denunció el presidente de la Asociación de Periodistas, Manuel Soux.

Tanto la Asociación como la Federación de Trabajadores de la Prensa pidieron garantías para el trabajo de sus afiliados.

AMENAZAS

En la ciudad de Santa Cruz, el diario El Deber reportó que un grupo de personas contrarias al paro nacional agredió a periodistas que cubrían incidentes en la zona del Plan 3.000.

Personas con aliento alcohólico se dirigieron contra los periodistas que realizaban la cobertura informativa, los empujaron y amenazaron.

Reclamaron por la cobertura de los hechos, señala el matutino de la ciudad de Santa Cruz.

REPUDIO

Por otro lado, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó ayer su repudio por las agresiones físicas, verbales y psicológicas sufridas por periodistas que cubrían el lunes el inicio del paro indefinido en las nueve capitales del país, en especial en Potosí, Santa Cruz y Oruro, por grupos radicales afines al oficialismo, entre ellos un funcionario departamental.

Como si esas agresiones físicas no fueran suficientes, señala la ANPB, el presidente de la Asamblea Departamental de Potosí, Marcial Ayali, quien encabezaba y azuzaba a sus partidarios contra los bloqueos, responsabilizó a los periodistas por la crisis de noviembre de 2019 y los calificó como “vendidos, golpistas y pititas”.

En Santa Cruz y Oruro también se registraron agresiones físicas y verbales, La Asociación “expresa su más enérgico repudio contra estas agresiones e intimidaciones y remarca que en el país rigen los derechos a la libre expresión, a la comunicación y a la información, que están protegidos por la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística”.

Sobre el marco legal, la ANPB destaca el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libre Expresión, que es vinculante para el Estado boliviano, que afirma taxativamente que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”, por lo que “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

En consecuencia, la ANPB exige al Gobierno: “Otorgar las garantías mínimamente necesarias para realizar nuestro trabajo periodístico y también una urgente investigación para dar con los responsables de estas agresiones”.

GARANTÍAS

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó las agresiones y la obstaculización al trabajo de los periodistas durante las movilizaciones convocadas contra la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Exhortó al Estado a brindar garantías a los trabajadores de la prensa en el marco del derecho a la libertad de expresión y de información.

La autoridad defensorial informó que entre ayer y hoy se conoció de la afectación de al menos 16 trabajadores de la prensa cuando realizaban su labor periodística.

En la ciudad de Potosí, una delegación de trabajadores de la prensa denunció ante la oficina defensorial que el Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental obstruyó el trabajo de los periodistas, a quienes habría acusado de haber provocado la crisis de 2019.

La Defensora informó y condenó que también en la ciudad de Oruro otro periodista del Programa en Vivo Tv fue agredido por los sectores movilizados, quienes además le habrían arrebatado su cámara filmadora. Mencionó que las organizaciones de trabajadores de la prensa de esa región denunciaron que al menos una decena de periodistas fueron amedrentados gasificados por efectivos policiales que impedían su ingreso a la plaza 10 de Febrero.

Asimismo, dijo que ayer en la ciudad de Santa Cruz se denunció una discusión entre vecinos que estaban en contra del paro y periodistas de El Deber, en el Plan 3.000, altercado que habría sido disuelto con intervención policial. Dijo, además, que en la misma ciudad, el lunes se conoció la denuncia del periodista de la Red Bolivisión, Edmundo Gutiérrez, quien habría sido agredido con gas pimienta por efectivos policiales en un disturbio ocurrido en el 4to. Anillo y Doble Vía la Guardia.

La Defensora del Pueblo indicó que las delegaciones departamentales remitirán requerimientos de información escritos a las autoridades correspondientes y recordó al Estado su obligación de garantizar el trabajo de los medios de comunicación que son uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia.

“Es deber del Estado brindar garantías a los trabajadores de la prensa para que realicen su labor de forma libre, segura e independiente, para mantener informada a la sociedad y fortalecer la democracia”, remarcó la autoridad defensorial. (EL DIARIO y ANP)