Luego de negarse la acción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de la expresidenta Jeanine Añez Chávez, parlamentarios de oposición calificaron el hecho como un acto de servilismo por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y denunciaron injerencia del ministro de Justicia por anunciar, en calidad de primicia, información de esta instancia relacionada al caso Golpe II.

La determinación que rechazó la acción popular de la exmandataria argumentando no haber cumplido con requisitos y fundamentación “jurídico-constitucional” para exponer sus demandas de forma concreta, fue cuestionada por políticos y asambleístas nacionales.

Para el senador por la agrupación Creemos, Henry Montero, esta nueva determinación es una clara muestra de la injerencia del Gobierno y el sometimiento al poder político que se cuestiona desde distintos ámbitos de la sociedad, hecho que provoca una impunidad que en algún momento deberá finalizar.

“Hoy el servilismo del Tribunal Constitucional Plurinacional se cobija bajo el ala política del MAS, la impunidad no es eterna. Quieren borrar con el codo lo que en su momento escribieron con la mano, la historia y las leyes los juzgaran cuando llegue el momento”, reprochó el parlamentario desde sus redes sociales.

Por su parte, el diputado Alberto Astorga, manifestó su indignación tras los anuncios efectuados desde el Ministerio de Justicia, anunciando esta determinación, incluso antes de haber sido notificada a las partes interesadas.

Condenó que de esta forma, el titular de justicia se constituya en juez y parte en este proceso, develando la injerencia denunciada por la oposición y distintos actores políticos y sociales en el último tiempo.

“Es realmente indignante que el ministro de Justicia, sin que se haya comunicado a las partes y de manera primicial, dé el fallo del Tribunal Constitucional y al mismo tiempo pida que se reinicie el juicio contra Jeanine Añez, entonces Iván Lima hace de juez, fiscal y miembro del TCP”, cuestionó Astorga.

Astorga además acusó al poder político de planificar y ejecutar un plan para mantener en detención a Añez, violando sus derechos como exdignataria de Estado y desconociendo las normas vigentes.

“Esto demuestra claramente que el informe del relator especial de las naciones unidas, donde indica que el Gobierno tiene injerencia hacia la justicia, es 100 % real, el ministro de Justicia está aplicando todo esto. Se observa que existe un contubernio entre el sistema y el Gobierno para tenerla presa de manera ilegal a la expresidenta Añez”, sostuvo Astorga.

Lamentó que el juicio contra la exmandataria se desarrolle bajo las actuales condiciones y la posibilidad de que esto derive en una sentencia desfavorable para Añez, todo, con la finalidad de lavar la imagen de Evo Morales y borrar toda evidencia del fraude electoral, de cara a los comicios presidenciales del 2025.

Desde el oficialismo y tras conocerse la determinación del TCP, el diputado Juan José Jáuregui, pidió la conclusión, en el menor tiempo posible, de la fase de alegatos para dictar una sentencia contra Añez, señalando que la presentación del recurso rechazado se trató de una estrategia dilatoria por parte del equipo jurídico de la expresidenta.

“El Tribunal de Sentencia, que está a cargo del conocimiento del caso Golpe de Estado II, tendrá a la brevedad posible que concluir los alegatos correspondientes y, en consecuencia, dictar la correspondiente sentencia”, afirmó el legislador, adelantando que Añez podría ser condenada a una pena superior a los 10 años.

El jueves, mediante conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó sobre el rechazo de la Comisión de Admisión del TCP en relación al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Añez.

“En este momento el Tribunal que está haciendo el juicio en la ciudad de La Paz, puede reinstalarlo y exhortamos a las autoridades judiciales que en el marco de un debido proceso puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano”, manifestó Lima.

Inmediatamente, la exmandataria desde su cuenta de Twitter, cuestionó el anuncio, remarcando que ninguna de las partes fue notificada de manera formal antes del anuncio emitido por el titular de Justicia, “esa es la injerencia política y la corrupción que comprueba el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la Justicia boliviana”, cuestionó.