Tras las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en las que señala que el dinero de los ítems fantasma fue destinado a financiar movilizaciones en 2019, opositores denuncian que desde el oficialismo se trata de cerrar el círculo en torno a la teoría del supuesto golpe de Estado; entretanto, los analistas señalan que las investigaciones deben avanzar antes de ver conspiraciones.
Los representantes de la oposición advierten que ante el caso de corrupción destapado en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, desde el Movimiento al Socialismo se intenta dirigir este hecho con la finalidad de contar con más elementos que sustenten el discurso del “golpe” en 2019.
En contacto con EL DIARIO, el diputado por Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, manifestó que desde el oficialismo se intenta “cerrar el círculo” en torno al supuesto golpe de Estado, sosteniendo que la movilización ciudadana fue financiada con recursos provenientes de la corrupción y de esta forma poner como víctima de los hechos al expresidente Morales.
“Están tratado de cerrar el círculo para posicionar justamente la teoría del supuesto golpe de Estado”, afirmó el parlamentario opositor.
Puntualizó que estos intentos no prosperarán, pues conforme avanzan las investigaciones se revelan mayores implicaciones en representantes de organizaciones aliadas al Masismo.
“Todos los casos de corrupción de este país tienen, de alguna manera, algún tipo de conexión con el MAS porque son el partido de Gobierno, manejan los presupuestos, y este caso de corrupción viene de años. Ellos lo sabían”, refirió.
Sostuvo además que el caso de los ítems fantasma solo revela que existía un contubernio entre el partido oficialista y sus partidarios en organizaciones satélites como SPT y la UCS.
Con estos argumentos, Ormachea agregó que en caso de que fondos provenientes de Ítems fantasma se hubieran destinado a financiar las movilizaciones del 2019, el Gobierno hubiera detenido la protesta antes que esta se masifique y derive en la caída de Morales.
Para el analista Edwin Herrera, tanto oficialismo como oposición intentan sacar ventaja de este caso de corrupción, y en este sentido, entorpecen las investigaciones debido a la presión que se genera sobre los encargados de las mismas.
“Ambos bandos tienen que dejar trabajar a la justicia, sin querer están generado una presión sobre la comisión de fiscales que hasta el momento ha tenido un desempeño bastante ajustado a las normas de la investigación”, afirmó.
Precisó que primero se debe establecer la magnitud del daño económico que se ha ocasionado al municipio más grande del país y sobre esa base determinar las responsabilidades y las respectivas sanciones para los implicados, por lo que lo demás corresponde a una “mala manipulación política” que se hace sobre el caso.
“Primero hay que averiguar cuantas personas ha cobrado sueldos sin trabajar en la Alcaldía de Santa Cruz en determinado tiempo y la magnitud del daño económico que se ha producido”, afirmó el exasambleísta departamental en declaraciones a EL DIARIO.
El pasado fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, sostuvo que el dinero de los ítems fantasma fue utilizado para pagar las movilizaciones en 2019, hecho del que se consideró una víctima.
“Varios cruceños hemos sido víctimas. Estos señores aparecían en nuestras casas, tomaron nuestros domicilios y nosotros veíamos correr recursos económicos de 500, de 300 bolivianos y ahí está, el resultado fue que, desde la Alcaldía, desde la Gobernación atentaban contra nuestro derecho a la libertad, a la libre expresión”, indicó la autoridad.