El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Fundación Unitas identificó un total de 45 vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa, derecho a la protesta e institucionalidad democrática después de la detención, el 28 de diciembre, del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

De estos 26 hechos, 14 fueron vulneraciones al derecho a la protesta (represión, heridos e incumplimientos al deber de protección), siete a la institucionalidad democrática (procedimientos adecuados a la norma y actos contrarios al ejercicio de derechos) y cinco a la libertad de prensa (agresiones a periodistas).

El uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía, sobre todo en la zona del monumento al Cristo Redentor, cercana al comando departamental de la Policía de Santa Cruz, fue mencionado como uno de los problemas principales.

“Se hace notar el incumplimiento al deber de protección de la Policía en casos como el ocurrido en La Paz, cuando el pasado 10 de enero se evidenció la inacción de efectivos del verde olivo para evitar el enfrentamiento entre cívicos paceños y personas afines al Movimiento Al Socialismo en la zona Sur de La Paz y la plaza Abaroa en Sopocachi”, apunta el informe del Observatorio.

Para el Observatorio, el derecho a la protesta vincula los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y a participar en la conducción de asuntos públicos. Esos derechos tienen importancia en el fortalecimiento de la democracia.

El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas posibles para proteger a los participantes y permitir que las manifestaciones se celebren de manera ininterrumpida y segura. Asimismo, debe investigar, juzgar y sancionar los actos de violencia que se generen en el contexto de las manifestaciones.

Entre las siete vulneraciones contra la institucionalidad democrática destacan casos como la violencia con la que se aprehendió al gobernador de Santa Cruz, destrucción de bienes privados (una motocicleta), uso excesivo de la fuerza en la detención de manifestantes o el uso de gases lacrimógenos vencidos, según denuncia de las diputadas opositoras María José Salazar y Fabiola Guachalla.

El Observatorio hace notar que la institucionalidad democrática es un presupuesto indispensable para el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, que implica la separación, independencia y equilibrio de órganos, así como el ejercicio efectivo de derechos políticos a través de elecciones libres y justas y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad.

La institucionalidad también implica el cumplimiento de las normas y el respeto a las garantías judiciales y el debido proceso, recuerda el Observatorio.

AGRESIONES A LA PRENSA

En torno a las cinco trasgresiones a la libertad de prensa, la totalidad de éstas refieren a casos en que la Policía se convierte en el agresor directo de periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Así se observó, por ejemplo, que el 30 de diciembre Roger Ramos y el camarógrafo Joel Orellana, ambos de Unitel, fueron víctimas de policías que dispararon sus armas de reglamento.

En el caso del camarógrafo, José Enrique Tarqui, recibió el impacto de balines disparados por la Policía. En la clínica le extrajeron cinco de éstos. Los otros dos casos nuevamente tienen que ver con dos trabajadores de Unitel: Miguel Ángel Rivero y Joel Orellana fueron golpeados por un grupo de policías.

El Observatorio registró 18 vulneraciones directas contra periodistas, trabajadores y medios de comunicación entre el 28 de diciembre y el 10 de enero, donde no sólo la Policía fue la transgresora, sino también grupos de choque del MAS.

En estos casos figura la vulneración del incumplimiento al deber de protección de periodistas, que se hace evidente cuando la Policía no actúa en defensa de los trabajadores de los medios de comunicación, como sucedió en diferentes protestas en Santa Cruz y La Paz.

De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “…las labores periodísticas y las actividades de prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones son condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso”.

En ese marco, el Observatorio recuerda que el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas que realizan cobertura de fuentes.

“El Estado debe investigar, juzgar y sancionar a los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores, ello implica actuar con debida diligencia, agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico y efectuar investigaciones en un plazo razonable, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados”, recomendó. (Brújula Digital)