Los empresarios e industriales en reiteradas oportunidades plantearon flexibilizar las normas laborales para reactivar la economía nacional, así como generar fuentes de trabajo formales.

Desde hace unos años atrás, las normas laborales inciden negativamente en las empresas, como el doble aguinaldo, en donde el sector privado planteó el pago bajo el argumento de productividad.

El Decreto Supremo Nº 3770 del 9 de enero de 2019, en su artículo 1 señala que la normativa tiene por objeto prohibir el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral, y derogar el Artículo 2 del Decreto Supremo de 9 de marzo de 1937.

Ahora, el proyecto de ley de procedimiento para la restitución de derechos laborales también apunta a que las empresas contraten nuevamente a las personas que fueron despedidas en la pandemia, por ello sugieren modificar la normativa e ingresar a un diálogo.

En su artículo 6 considera despido sin causa justificada: El despido unilateral y arbitrario dispuesto por el empleados, que no se adecúa a las causas legales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el Artículo o del decreto Supremo 224 de 23 de agosto de 1943.

El despido dispuesto por el empleador que tenga como argumento la inasistencia injustificada de la trabajadora o el trabajador, cuando eta exceda de seis días laborales continuos, sin previa oportunidad para su justificación, también se encuentra del artículo 6 del proyecto.

Los datos de los empresarios muestran que la informalidad llegó al 80% de la economía nacional y sólo 20% la formal, y no existen políticas para revertir esta situación.

A eso se suma el incremento del contrabando, que provoca un comercio ilícito en el mercado nacional, debido al tipo de cambio fijo, que abarata los productos de países vecinos y encarece la producción nacional.

Modelo

En una entrevista anterior, el economista Darío Monasterio dijo que el modelo está agotado y requiere alternativas para mantener la economía, como bajar el gasto corriente, alentar la inversión privada, pero por un tema político no lo iba a ejecutar.

En ese contexto, dijo que al parecer el gobierno quiere que la gente siga viviendo de la informalidad y del contrabando, ya que no puede acceder a una fuente de trabajo formal.

“… eso ayuda a paliar un poco (las necesidades de) la gente, porque no puede acceder a un empleo digno, con seguridad social, con ahorro para la jubilación”, reflexionó a tiempo de indicar que no lo puede generar a través del Estado solamente.

Industriales

En declaraciones a los medios de comunicación, el pasado jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, dijo que hay preocupación en el sector por la normativa aprobada en el Senado.

Opinó que se debe trabajar en normas que permitan a los jóvenes acceder a un empleo formal. Dijo que cada año ingresan al mercado laboral 150.000 nuevos profesionales.

“El mundo ha cambiado y en esta lógica se debe revisar la norma, no por el bien de los industriales, sino de los trabajadores”, ya que espantan la inversión privada nacional y extranjera, reflexionó.

Recordó que todos están comprometidos en la reactivación, en la sustitución de importaciones, pero esa norma no ayuda.

Por ello planteó una revisión a la norma desde el punto de vista jurídico, debido a que existen varios artículos que están en normativas vigentes.

Existe la predisposición del industrial empresario privado de generar empleo formal con normativa adecuada, pero endurecer las normas sociales sólo espanta al capital privado.

Mientras el mundo se pelea por capitales frescos, el país pareciera que va en sentido contrario.