Lamentando el actual estado de la distribución de recursos para los nueve departamentos del país, el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, sostuvo que el no luchar por un censo para conocer la verdadera realidad de las regiones y sus necesidades, es antipatriota.

En declaraciones vertidas por el parlamentario a medios de prensa en la ciudad de Oruro, Paz Pereira socializó su propuesta para que el 85% de la inversión pública que concentra el Gobierno, se reparta 50% a gobiernos subnacionales y 50% a la administración central.

Advirtió sobre la peligrosidad de postergar la fecha de la medición nacional como una forma de retrasar un diagnóstico que los bolivianos necesitan de forma urgente para planificar el desarrollo del país en los siguientes años.

“No se hace el 22, no se hace el 23, sino el 24. El 2025 son las elecciones nacionales y el 26 las subnacionales. Eso significa que recién en 2027 nos vamos a enterar de lo que está pasando en los diferentes departamentos del país”, cuestionó.

Por ello, calificó como un acto antipatriota el no exigir y luchar para que la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda se defina de una vez y la medición nacional se ejecute en el menor tiempo posible, para de esta forma poder contar con información importante para todos los departamentos y regiones.

“Es un suicidio como regiones y departamentos no luchar, es antipatriota no saber la verdad para que todas las regiones tomen las decisiones sobre lo bueno y lo malo. Sobre lo bueno para reforzarlo y sobre lo malo para cambiar y trasformar, para reactivar la economía, para generar empleos”, indicó Paz.

Finalizó reiterando que solo mediante un nuevo Pacto Fiscal se puede discutir por qué el Gobierno se queda con el 85% de los recursos nacionales y le reparte a gobernaciones, alcaldías y universidades del país solo el 15%. Por qué no discutimos un 50-50”, planteó.

Al respecto, el diputado Alejandro Reyes, rechazó la postura de autoridades nacionales que justifican la postergación del censo argumentando que se trata de evitar la politización de la actividad, puesto que de esta forma se incurre en faltas pasibles a futuros procesos.

“El no realizarlo se constituye en un incumplimiento de deberes y asumir resoluciones contrarias a la Constitución por lo que autoridades pueden ser procesadas más adelante, por lo tanto, no pueden excusarse en la politización del tema”, indicó.

Sobre esto, el jefe de bancada por Creemos en la Cámara de Diputados, José Carlos Gutiérrez, lamentó la reciente intervención del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, en la inauguración de la Fexpocruz 2022, sosteniendo que se busca realizar un “censo con consenso”, después de haber impuesto una fecha que carece de respaldo técnico y legal, para realizar la encuesta nacional dos años después de lo establecido por las leyes.

Los parlamentarios coinciden en que el censo aportará datos importantes para planificar políticas públicas responsables y transparentes, por ello es de vital importancia la aplicación de estudios serios que hayan sido socializados con la población de forma previa.

El pasado viernes, el Jefe de Estado sostuvo que el Censo Nacional de Población y Vivienda será una actividad técnica, alejada de todo tipo de politización.

“Se realizará con un enfoque eminentemente técnico y profesional, al tratarse de una herramienta fundamental en la planificación económica y social para un país, descartando cualquier posibilidad de politización por parte de algunos grupos que pretenden generar inestabilidad, incertidumbre y confrontación entre bolivianos”, dijo.

De momento, el Gobierno estableció que la fecha del Censo será definida en el primer trimestres de 2024, representantes de oposición y regiones rechazan esta determinación y para los próximos días se anunciaron nuevas medidas de presión demandando la realización de la medición nacional en el año 2023.