El 28 de noviembre de 2019 falleció Julio Llanos, después que a mediodía del 29 de octubre de 2019, una marcha convocada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para “la defensa de la democracia” y en “respaldo al presidente Evo Morales”, llegaba al centro paceño con violencia. Un grupo de campesinos, azuzados por funcionarios públicos provocó a la vigilia de derechos humanos de El Prado e hirió de muerte al histórico activista Julio Llanos. A la fecha la muerte continúa impune manifestó a EL DIARIO el hijo del activista.

“El caso está sin movimiento, personalmente no mi interesa caer con los que lo golpearon sino con los autores intelectuales, murió mi padre en el gobierno de Evo Morales y debe ser el Ministerio Público que de oficio debe resolver ese caso”, dijo Ramiro Llanos, hijo del activista.

La tensión social y política se había disparado desde el fraude electoral de ese año, perpetrado por Morales y su cúpula. El jefe masista, a través del Ministerio de la Presidencia dirigido por Juan Ramón Quintana, convocó a sus bases y organizaciones sociales a salir a las calles para contrarrestar el movimiento ciudadano que poco a poco comenzaba a crecer con las llamadas “pititas” que exigían una segunda vuelta y al final derivó en el pedido de renuncia de quien fuera presidente por casi 14 años.

Un grupo de campesinos de los ayllus de Oruro pasó por El Prado, donde se encontraba la carpa de los sobrevivientes y víctimas de la dictadura militar, que ya había cumplido siete años sin respuesta efectiva del régimen de Morales, su Ministerio de Justicia o la llamada comisión de la verdad. Llanos, de 81 años de edad, era el presidente de ese grupo de luchadores por los DDHH y ya había lamentado el evidente fraude, inédito desde el regreso a la democracia en 1982.

LA MARCHA

Los marchistas, a punta de dinamitas y amenazando con palos y chicotes, increparon a la vigilia. Llanos salió a reclamarles por qué defendían a un candidato que cometió fraude. “No se pasen”, les pidió a los enardecidos que entre cinco comenzaron a jalonear y hacer ademanes de ir a los golpes con el hombre de la tercera edad. Bastó un empujón para que Llanos caiga al suelo y golpee su cabeza ante la mirada de las cámaras de fotógrafos y de televisión que registraron los hechos.

La marcha había bajado por el centro paceño, dobló en la esquina del Ministerio de Salud, donde la entonces ministra Gabriela Montaño, cigarro en mano, los aplaudía y alentaba a “defender el proceso de cambio”. Desde la terraza de esa cartera de Estado ya se habían parapetado otros funcionarios que días después lanzarían petardos a los bloqueos de los “pititas”, cuando el conflicto tomó un giro inesperado para el régimen de Morales Ayma.

En esa marcha también se verificó la presencia de Raúl García Linera y Gustavo Torrico, ambos agitadores de los “movimientos sociales” que marchaban con la consigna “el voto rural se respeta”, para tratar de tapar el fraude electoral de los comicios de aquel mes.

Llanos fue socorrido por sus compañeros y algunos voluntarios que procedieron a dar primeros auxilios. Más tarde fue trasladado a un centro médico donde comenzaron los exámenes que determinarían la presencia de un coágulo de sangre provocado por la caída, derivado por la agresión de los marchistas del MAS.

Menos de 30 días después de esa brutal agresión, Julio Llanos fallecía el 28 de noviembre de 2019 con diagnóstico de lesión de centros encefálicos superiores y traumatismo craneoencefálico cerrado.

El jefe cocalero había renunciado el día 10 de ese mes. La compañera de la vigilia de las carpas, Victoria López, apuntaba responsabilidades al expresidente. “Nuestro compañero es otra víctima más de Evo Morales”.

El hijo del defensor de la democracia, acompañó a su padre durante esas cuatro semanas en el hospital.

Pese a que Julio Llanos estuvo inconsciente la última etapa, su hijo le transmitió los hechos y también publicó aquello en sus redes como testimonio de aquel noviembre de 2019.

“Papito, aunque no estás consciente por la golpiza brutal que te dieron los del MAS, te cuento que los que no te escucharon en tus demandas de 7 años en la Carpa del Prado, para que se haga una ley de reparación y de no repetición de las dictaduras, están cayendo; los inhumanos que no reconocieron la lucha de ustedes contra las dictaduras y la recuperación de la democracia, están de salida. Tú fuiste un revolucionario y a tus 81 años nos sigues mostrando el camino correcto”.

GIEI

En 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió sus conclusiones sobre los hechos de violencia política de 2019. En la parte concerniente a la muerte de Julio Llanos, identificó responsabilidades en seis funcionarios del Ministerio de la Presidencia, dependientes de Quintana.

“Dicha marcha fue convocada por la Jefatura del Ministerio de Presidencia en apoyo al gobierno del expresidente Morales, y seis funcionarios de esta dependencia han sido identificados como responsables en calidad de autores o cómplices del delito de homicidio, presuntamente por su rol en la convocatoria y su participación en dicha marcha”, se lee en parte del informe del GIEI.

La Fiscalía inició la investigación, pero se limitó a identificar a los autores materiales, es decir, a los miembros del ayllu de Oruro y no a quienes instigaron la violencia estatal.

Con el retorno del MAS al poder, la Fiscalía apuntó todo su esfuerzo a perseguir y encarcelar a la oposición que había logrado la renuncia y huida de Morales, con el caso denominado “golpe de Estado”, pero dejó congelados casos como el de Julio Llanos.

A tres años de los hechos, Ramiro Llanos explica que el proceso “está sin movimiento”, pero espera que más allá de procesar a los marchistas que agredieron a su padre, se pueda dar con los autores intelectuales de aquellas jornadas de violencia política.

ACUERDO

El 21 de agosto de 2022, las víctimas de la dictadura militar del período 1964 – 1982, que era liderada por Llanos, firmaron un acuerdo nacional con el Gobierno y levantaron las carpas instaladas en el Prado, donde realizaban una vigilia desde hace 10 años.

“Nosotros en esta ocasión, con motivo de conmemorarse este 21 de agosto, 51 años de un nefasto golpe de Estado que dio siete años de dictadura en nuestro país, donde mucha gente, muchos compañeros tuvieron que huir, exiliarse, muchos arrestados, apresados, torturados y sentenciados por la dictadura militar (…) Hoy en homenaje a todas esas víctimas de la dictaduras militares, de los golpes de Estado, nosotros hemos querido suscribir este convenio para resolver de una vez por todas este problema que estaba atingiendo más de 10 años aquí en el Prado”, señaló en la oportunidad el presidente Luis Arce.

El acuerdo preveía una reparación económica y la provisión de un ambiente para que puedan realizar sus reuniones.

“Confiamos en la firma del acuerdo y le pedimos al Presidente (Luis Arce) que se cumpla fielmente”, dijo en la oportunidad la presidenta de las víctimas de las dictaduras, Victoria López.

Después de la firma del acuerdo, las carpas instaladas en el Prado paceño el 13 de marzo del 2012, eran desinstaladas.

“No nos borren de la historia, queremos que continúe esa investigación para que no queden impunes los que cometieron crímenes de lesa humanidad”, pidió López. (EL DIARIO y Visor21).