Bolivia es uno de los países en Latinoamérica que carece de una ley que asegure el acceso a la información pública a los periodistas y ciudadanos en general, aunque cuenta con un Decreto Supremo vigente, el N° 28168 de 2005 y la Constitución Política del Estado (CPE) que en su artículo 21, numeral 6, reconoce este derecho como recomiendan las convenciones internacionales.

En las dos últimas décadas, ante la urgencia de contar con una ley coercitiva que obligue a los funcionarios públicos a entregar información que establezca procedimientos y plazos, hubo varias intenciones para normar ese acceso, tanto desde los periodistas como del propio Ejecutivo gubernamental, pero todas quedaron truncas.

Ante la consulta sobre un proyecto de ley de acceso a la información, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseveró que el Gobierno es respetuoso del trabajo periodístico y por eso consideró que las propuestas a modificaciones de las actuales normas o nuevas propuestas debe venir desde el gremio periodístico y no desde el Poder Ejecutivo.

“Si existe (…) modificaciones, tiene que venir como una propuesta de ustedes, precisamente para que no se politice”, añadió.

“Bueno, les ha dicho ya el presidente Luis Arce, toda normativa y propuesta tiene que venir del gremio, en este caso de ustedes, de los periodistas. La Ley de Imprenta es de 1925. Nosotros estamos trabajando respetando la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución habla del derecho a la información, del derecho a la comunicación, de garantizar el trabajo periodístico de ustedes y eso es importante”, declaró Alcón, según la Agencia de Noticias Fides (ANF).

TEMA PENDIENTE

De acuerdo a informes periodísticos, en 2007, un proyecto liderado por el Ministerio de Transparencia avanzó hasta la etapa de consulta con varios sectores, pero se trabó en la definición del tiempo que se consideraría información reservada o confidencial.

En septiembre de 2014, el entonces director ejecutivo de la Asociación Nacional de la prensa (ANP), Juan León Cornejo, expresó su preocupación por ese proyecto, debido a que en uno de los artículos se facultaba a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como a la Policía y las Fuerzas Armadas tener información clasificada.

En febrero de 2016, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentó ante el Senado un proyecto ajustado a la Ley Modelo de Acceso a la Información, propuesto por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2010. La Ley debería tener por principio la máxima publicidad (difusión transparente) de la información y el secreto debería ser la excepción (sujeta únicamente a cuestiones de seguridad nacional). El proyecto tampoco avanzó.

Ese mismo año, en abril, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional también planteó el proyecto de “Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos”. El sociólogo Henry Oporto publicó una tercera propuesta, el proyecto de “Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”.

Las dos iniciativas más recientes se presentaron en febrero de 2021. Una, por parte del Ministerio de Justicia, que envió una propuesta de ley al Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción – conformado por el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Fiscalía – para que analice y haga sus observaciones a la misma.

Pese a los plazos establecidos para recoger las observaciones y enmendarlas, para su posterior difusión entre la población, el proyecto quedó en alguna gaveta.

La otra propuesta fue presentada por la alianza Comunidad Ciudadana (CC) a la Asamblea Legislativa. Plantea entre sus principios la obligatoriedad para funcionarios, la gratuidad en la entrega, la accesibilidad, la efectividad y representatividad para medios de comunicación. También se propone la creación de juzgados especializados que sancionen a la autoridad que se niegue a entregar la información pública requerida.

“No se puede concebir una democracia real, una democracia que se lleve a efecto adecuadamente si los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos un libre acceso a la información pública, por una razón básica: porque la información del Estado de cualquiera de sus instituciones es patrimonio de todos los bolivianos”, destacó el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

En octubre del año pasado, mediante una resolución la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a 17 países del continente, incluidos Estados Unidos y Canadá, a cesar las restricciones al acceso a la información, que son “una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”, según difundió la agencia de noticias EFE. (ANP)