La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera los principios y derechos constitucionales de todos los ciudadanos sin excepción, porque le otorga excesivas competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), razón por la cual se exige que se suspenda su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señaló Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo empresarial de la Cainco.

Muchos sectores, según Strauss, no están protestando sin causas justificables. “Uno de los grandes problemas que tiene este proyecto de ley es que le dan excesivas competencias a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Incluso afecta a ciertos derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos”, dijo.

El ejecutivo indicó que uno de los artículos de la ley establece que los sujetos obligados o regulados son cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Esto permite que la norma se aplique a cualquier persona: un transportista, gremialista, maestro, empresario, la prensa o hasta la iglesia.

Además, le brinda la competencia a la UIF para que realice allanamientos, embargo de bienes e inmuebles, congelamiento de fondos en cuentas bancarias, sin necesidad de una orden judicial. La entidad recién remite un documento a un juez luego de actuar, para que este revise si el procedimiento es correcto o incorrecto.

“¿Qué pasaría si el juez determina que está mal? No se habría respetado el derecho de un ciudadano, el daño ya estaría hecho. Se coartaría el derecho a disposición de los bienes o de propiedad privada de una persona”, sostuvo Strauss.

Con respecto a la posición del Gobierno que señala que está aplicando la norma por una recomendación Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), Strauss indicó que esa institución lo que hizo fue decirle al Gobierno que necesita mejores mecanismos de control y supervisión, no que se aprovechen de esa situación para coartar derechos a la privacidad, propiedad privada y todo tipo de derecho.

A decir del ejecutivo, en Brasil ocurrió algo similar hace tres años. “Aprovechando la recomendación de Gafilat se estaban tratando de vulnerar derechos. Se interpuso una acción ante las Naciones Unidas y el alto comisionado de este organismo tuvo una intervención decisiva que hizo retroceder al Estado brasileño y modificar el proyecto de ley de aquel entonces, ajustándolo al marco constitucional, que es lo que nosotros pedimos”, dijo Strauss, a tiempo expresar que espera que el Gobierno tome en cuenta las movilizaciones que llevarán a cabo varios sectores y reflexione y ponga en status quo el tratamiento del proyecto de ley.

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 218/2021 promovido por el Órgano Ejecutivo. Actualmente la norma se está tratado en la Cámara de Senadores.