Tras el informe emitido por el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que se cuestiona la independencia de poderes y hechos de carácter racista durante la crisis post electoral de 2019, los legisladores de la oposición y el oficialismo discrepan sobre los puntos resaltantes de este documento y señalan que debe proceder con las respectivas investigaciones.
El estudio realizado por esta instancia internacional fue interpretado de distinta manera por asambleístas nacionales, mientras desde el oficialismo se resaltan las observaciones sobre los casos de discriminación y violencia por parte de grupos, opositores expresaron preocupación por un nuevo cuestionamiento a la falta de independencia del Órgano Judicial.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo, Renán Cabezas, sostuvo que se deben investigar las acciones de grupos como la Resistencia Juvenil Cochala o la Unión Juvenil Cruceñista, porque en el informe se advierten vulneraciones a derechos y actos de racismo durante los hechos de 2019.
“No pueden vulnerar derechos fundamentales, esos grupos irregulares no son reuniones que vayan a construir paz social en Bolivia, han mostrado una actitud muy racista, clasista y de discriminación con la que se han vulnerado derechos, por ello tienen que ser sancionados”, indicó.
Sobre las observaciones a la independencia de poderes, Cabezas afirmó que estas son falsas y si algún representante de oposición o asambleísta cuenta con pruebas que demuestren que existe injerencia del Ejecutivo sobre otros Órganos del Estado, deben presentarlas.
Al respecto, el diputado opositor, Alejandro Reyes, manifestó su preocupación por estas observaciones, señalando que el informe del Comité Contra la Tortura solo confirma lo que se ha venido denunciando desde hace tiempo por la oposición.
“No existe independencia judicial, existe más bien una cooptación de parte del Poder Ejecutivo y el Poder judicial, en este caso los magistrados responden a una línea política y a un partido político”, manifestó el legislador.
Agregó que, bajo estas condiciones, todos los juicios basados en casos por sedición y terrorismo responden a un interés político, por lo que no hay independencia que permita llegar a la verdad “mientras no exista una investigación imparcial”.
En las observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, el Comité Contra la Tortura expresó preocupación por actos de violencia de carácter racista registrados durante la crisis de 2019-2020, incluidos los ataques, amenazas y malos tratos a mujeres indígenas por parte de grupos organizados.
De la misma forma, este informe advierte falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores políticos.