La aprehensión violenta del presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, la madrugada del pasado jueves, derivó en que una jueza ordene procesos contra policías, el fiscal y juez que conocieron el hecho, informó a EL DIARIO el abogado Jorge Valda.

“La juez ha ordenado que se procese, se investigue y se responsabilice de esta aprehensión ilegal en contra de Julio César Apaza Tintaya, a policías, el juez y el fiscal, porque el fiscal y el juez cuando han escuchado de Apaza que ha sido golpeado, que le han pisado la mano porque no quería firmar su mandamiento, ninguno de los dos ha hecho nada. Eso les genera responsabilidades y que si eso, el día de mañana, les genera responsabilidades al Estado, sean ellos quienes tengan que asumir responsabilidad”, apuntó.

Familiares de Apaza denunciaron que al momento de su aprehensión, fue torturado. Asimismo, el abogado Eusebio Vera, en entrevista con EL DIARIO manifestó que el acto fue ilegal porque no se cumplió procedimientos.

“Estimo que se ha ingresado en actos arbitrarios e ilegales porque primero se debe revisar si ha existido previamente una orden de allanamiento a un lugar donde ha sido habido el señor Apaza y si se habilitó días y horas extraordinarias en relación al lugar”, precisó Vera en la oportunidad.

La tarde de ayer, cuando concluyó la audiencia de la Acción de Libertdad, Valda explicó que si bien la jueza admitió la misma, no es el equivalente a su libertad, pero si da pie a demostrar que a través de la nulidad de esta aprehensión se está cometiendo excesos y que la tortura ya está proscrita.

“Este fallo constitucional es un precedente para que ningún otro policía se atreva a realizar aprehensiones nocturnas y allanamientos a domicilios”, dijo.

INVESTIGACIONES

El jurista manifestó que la jueza Lorena Camacho ordenó que de inmediato se inicie una investigación y que se brinde atención médica al líder cocalero de quien se supo que escupía sangre y tenía un dolor intenso a la altura de las costillas.

“La juez ha ordenado que la Fiscalía, en este instante, se constituya a Régimen Penitenciario del penal de San Pedro, llevando atención médica de inmediato y en caso de ser necesario sea llevado (Apaza) a un centro especializado. Ha establecido que les genera responsabilidad a ellos y que si no se actúa de inmediato protegiendo la salud y la vida, eso le va a generar responsabilidad al Estado”, apuntó.

APREHENSIÓN ILEGAL

En audiencia desarrollada por más de cuatro horas, se evidenció que la aprehensión de Apaza había sido un acto violento que habían realizado, supuestamente, efectivos de Inteligencia.

“La juez Lorena Camacho, constituida en juez de garantías, ha dispuesto declarar procedente la Acción de Libertad, en contra del fiscal Carmelo Laura, del juez Luis Fernando García Mamani. Ordenó que la Policía se capacite respecto a lo que significa lo que es tortura, malos tratos y el cumplimiento de procedimientos porque no se puede ejecutar mandamientos de aprehensión en horas de la noche, ni pueden realizar actos de violencia en contra del ciudadano y que los argumentos de que se estuvieran investigando hechos de violencia no le permiten a la Policías o la Fiscalía o juez convalidar la violencia contra los investigados”, explicó Valda.

En ese marco, el jurista manifestó que el fallo no solo les devuelve la esperanza a todos los que han sido detenidos con violencia de forma inconstitucional por parte de la Policía con requerimientos fiscales del Ministerio Público, y establece la necesidad de regular de estos procedimientos.

En ese marco, informó que para hoy está prevista una audiencia para que se disponga la nulidad de la aprehensión, porque no existe una orden de allanamiento que le haya facultado a la Policía o Fiscalía el de realizar el allanamiento y la detención en horas de la noche.

“En audiencia se ha ratificado que la aprehensión fue a las 2.30 de la madrugada, y que este acto no tiene un respaldo normativo, no había una orden de allanamiento y de habilitación de horas y días extraordinarias, que la aprehensión no la pueden realizar personeros que no correspondan a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)”.

“La misma juez ha señalado que no puede decir que son policías o no, porque en las imágenes que la juez ha visto, ha establecido que son personas que lo extraen de un domicilio, si son policías de Inteligencia tendrán que ser identificados para ser procesados”, aseveró.

PROCEDIMIENTO

El abogado Vera explicó que de acuerdo al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP) una persona denunciada debe ser citada para que preste su declaración informativa y en caso de que no asista recién emitir una orden de aprehensión.

“Artículo 224º.- (Citación). Si el imputado citado no se presentara en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión”, se lee en la norma.

Vera aclaró que en caso de la existencia de riesgos procesales y si estuviera frente a actos que vulneren el derecho a la vida y la seguridad del Estado, solo así, se puede emitir una orden de aprehensión directa por parte del fiscal.

“Era que se cumpla el procedimiento, lo citen de manera formal y legal. No creo que el señor se hubiera excluido de ir a la Fiscalía, considero que es un abuso por las circunstancias que rodean el hecho”, lamentó.

IMPEDIMENTO

Por otro lado, según el certificado médico forense, Apaza tenía cuatro días de impedimento por las agresiones que presuntamente recibió cuando fue aprehendido, no obstante su progenitora dijo que esa cantidad de días era insuficiente.

“Contusiones simples tipo equimosis en tórax, abdomen y pierna izquierda, contusión simple tipo excoriación en cara y contusión simple tipo edema en mano derecha. (…) Por tanto se otorga cuatro días de incapacidad médico legal”, dice la conclusión del Certificado Médico Legal – Forense del Instituto de Investigaciones Forenses.

Asimismo, el dirigente cocalero, desde celdas policiales de El Alto, denunció que fue golpeado y secuestrado por ocho efectivos policiales, versión que confirmó la denuncia de sus familiares.

Apaza relató en la oportunidad que un vehículo blanco, sin placa, llegó hasta las puertas del mercado de Villa El Carmen y que alrededor de ocho policías se lo llevaron a la fuerza a pesar de que él intentó poner resistencia.

“Ahí me secuestraron porque no me dieron a conocer el motivo de mi aprehensión o detención, fue directo. Me arrastraron y medio cuerpo estaba fuera del vehículo. Han puesto en riesgo mi vida al llevarme mitad de cuerpo fuera de la movilidad”, dijo Apaza a radio FmBolivia.

También manifestó que el Gobierno ni la Policía se manifiestan sobre las denuncias que hicieron contra el grupo del dirigente Arnold Alanes por tenencia de explosivos y otros.

“¿El Ministerio Público les dice algo de lo que había armamento ahí adentro? ¿De la cantidad de explosivos, de las bombas molotov? ¿El Ministerio Público actúa de oficio?, cuestionó y agregó que “un país sin justicia es un país sin democracia”.

En tanto, el director de la Felcc de La Paz, Ronaldo Rojas, negó que se hayan cometido abusos contra Apaza.