El procurador Wilfredo Chávez informó ayer que en la acción civil iniciada en Estados Unidos por el caso gases lacrimógenos se incluyó a la empresa brasileña Cóndor porque tenía conocimiento del sobreprecio por la compra de pertrechos durante el gobierno de Jeanine Añez.

“La empresa Cóndor está incluida (en el proceso civil) porque sabía del sobreprecio, que se había duplicado el precio de los gases y consintió la participación de un intermediario”, explicó.

La autoridad indicó que en la demanda civil, la segunda que se ventila en estrados judiciales de Estados Unidos, donde se detuvo al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se demandará la devolución del dinero “robado” a arcas del Estado boliviano, además del resarcimiento de daños y perjuicios, toda vez que este hecho de corrupción fue cometido en plena cuarentena por el coronavirus.

Murillo es acusado por los delitos de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal para Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS LLC).

Junto a él, son procesados Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete de Murillo; Phillip Lichtenfeld, empresario boliviano-estadounidense, y Luis y Bryan Berkman, ambos de la intermediaria BTS LLC.

La Procuraduría contrató los servicios de un equipo legal extranjero, para que asuma la defensa del Estado boliviano en Estados Unidos, como damnificado por estos delitos, para hacer seguimiento y lograr el resarcimiento de los daños ocasionados.

Sobre el proceso penal, que también se desarrolla en EEUU, Chávez reiteró que para el 8 de diciembre se espera la audiencia donde Murillo deberá determinar si se declara culpable por los delitos que se le imputan o decide irse a juicio.

“Sus posibilidades (de demostrar inocencia alguna) son reducidas porque los otros implicados confesaron su culpa y todos lo inculparon como principal responsable del ilícito”, dijo Chávez.

10 DE 11

En septiembre pasado, el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, con base en un informe, apuntó que la Procuraduría perdió 10 de 11 procesos de arbitraje internacional generando un presunto daño económico al Estado de más de 609 millones de dólares.

Según el legislador, la información es “oficial” de la Procuraduría General del Estado, que ha respondió a una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre los procesos de arbitraje que ha enfrentado el Estado a partir de la “falsa nacionalización” y las “confiscaciones” de las empresas estratégicas.

“De los 11 procesos, son 10 procesos y Comunidad Ciudadana no está inventado el monto que el propio procurador general del Estado ha señalado, de que el Estado ha erogado 609.171.535 dólares”, aseveró. Detalló que es llamativo que en algunos casos se realizaron conciliaciones sin que las empresas internacionales hubieran identificado el monto que se les debía pagar. “Pero la Procuraduría paga montos que incluso exceden en algunos casos más de los 10 millones de dólares”, sostuvo.