Ante el bloqueo generado por los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) a los créditos internacionales, en especial al referido del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno aplicó normativa establecida en las leyes bolivianas, como el decreto Supremo de “Calamidad Pública”, que por el momento es de manera preventiva
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