El problema entre el empresario francés y el exgerente de Entel empezó en 2014, cuando Cabessa denunció a Coca, de supuestamente favorecer a una compañía china y un presunto tráfico de influencias.

Cabessa explicó que su empresa, ADM Technologies y Asociados, recibió una adjudicación para dotar equipos de alta tecnología a Entel en 2013, pero luego el contrato fue revocado. La estatal cedió el trabajo a una compañía china, que según dijo, no cumplía con los requisitos. Esto dio lugar a una investigación, que no prosperó.

El empresario enfrentó un proceso por calumnias e injurias de la cual fue absuelto, empero quedó con serias secuelas, pues además de los perjuicios económicos fue secuestrado en dos oportunidades, de manera “irregular”.

DENUNCIA INTERNACIONAL

Cabessa anunció contrademandas a Oscar Coca, tanto por perjuicios económicos en la polémica revocación de una adjudicación de Entel como por la “detención indebida y secuestro”, a raíz de dos detenciones policiales sufridas, que presuntamente fueron instigadas y facilitadas en su logística por el entonces titular de la telefónica estatal.

Estas contrademandas – dijo – podrían extenderse a otros integrantes de lo que llamó el “clan Coca” y a funcionarios del Estado boliviano que colaboraron con esos operativos irregulares.

“Me agarraron como a un delincuente, como a un asesino, en la calle (Santa Cruz) y me llevan en aviones de Boa hasta La Paz, con agentes de la Fuerza Delta, existen videos donde se evidencia que me secuestraron en el auto de Entel. La abogada que estaba dentro del auto trabaja en Entel y el fiscal la cita como testigo, ¿cómo puede ser eso?, si ella está involucrada en el hecho”, cuestionó en contacto con EL DIARIO.

Manifestó que esa aprehensión se dio presuntamente por no querer presentarse a una citación, aunque a través de su abogado aclaró que él estaba en Brasil y no podía llegar al país en menos de 24 horas como pretendía la Fiscalía.

“Cuando me llevan al juzgado, el juez dice quién autorizó para agarrar así a este ciudadano. ¿Señor Cabessa por qué no estaba en el país?, le expliqué y el juez ordenó mi inmediata liberación”, dijo a tiempo de lamentar que no hay procesados por estos hechos irregulares.

Otra irregularidad que denunció el empresario fue su aprehensión, en Pisiga (Oruro), sin una orden, solo mensajes de WhatsApp.

“Estaba 24 horas en manos de ellos, me agarraron en Pisiga, estuve más de ocho horas en Migración, con un comunicado de WhatsApp, no había mandamiento de aprehensión ni nada. Me llevan a Oruro, ahí pregunto por la orden de aprehensión y me hicieron ver una fotocopia, era viernes por la noche y ¿qué audiencia habría a esa hora por el delito de calumnia y difamación?, ¿qué juez va a programar una audiencia en fin de semana para este tipo de delito? Me llevan con un auto alquilado y el chofer pagado por Entel, me llevan a La Paz, al Juzgado Departamental y el policía les dijo que no me podía recibir porque no hay mandamiento de aprehensión. Y toda la noche daban vueltas por las calles de La Paz, hasta que llamaron a un alto funcionario de la Felcc, y me dejaron en almacén de la Felcc, toda la noche, bajo candado en calidad de depósito. Al día siguiente el Policía viene temblando y me dice que ningún juez quiere atender y que tienen que liberarme y que cometieron un gran error, pero nadie quiere investigar. Estuve secuestrado 24 horas, ¿pero el daño psicológico?, eso se queda de por vida”, lamentó.

El empresario informó que el tema ya está siendo procesado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que puede ayudar a contrarrestar las eventuales presiones de Coca sobre magistrados bolivianos.

“En fechas recientes recibí amenazas del clan que se hicieron llegar a mi equipo jurídico, en sentido de que habría represalias, posiblemente con la apertura de nuevos casos judiciales en mi contra. Pero no me van a acallar”, dijo el empresario.

Asimismo Cabessa manifestó que planteó el tema ante legisladores de la Eurocámara, quienes han manifestado su interés en investigar el caso, buscando una mayor protección para los empresarios europeos en sus inversiones en Bolivia.

ABSUELTO

A más de un año de radicado el caso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el sistema informático de la instancia máxima judicial registra como “inadmisible”, mediante Auto Supremo, la demanda de injurias y difamación puesta contra Cabessa. No obstante, la resolución aún no fue enviada al tribunal de primera instancia de La Paz.

Cabessa, quien ya había sido absuelto de todos los cargos en tribunales de primera y segunda instancia en el 2019 y 2020, respectivamente, atribuyó la dilación del proceso en el TSJ, a presiones del demandante.

“Este retraso en el envío de la resolución al tribunal de La Paz nos muestra que siguen las manipulaciones. El sistema informático del TSJ registra la demanda como inadmisible mediante Auto Supremo desde septiembre y en la misma fecha se ordena la devolución al distrito de origen. Esperamos que envíen pronto la resolución, porque sería una señal importante de que hay alguna voluntad de hacer cambios en la justicia”, apuntó.

En su larga lucha por la justicia, Cabessa llevó su caso ante autoridades nacionales, enviando múltiples cartas a Evo Morales, y a las nuevas autoridades, como el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y los ministros de Justicia y de la Presidencia.

“Ahora, a partir de esta resolución que el TSJ debe enviar a La Paz, el gobierno tiene la oportunidad de mostrarle al mundo que sí quiere hacer cambios efectivos en la justicia. Podrían abrir una investigación independiente, con personal sin vínculos políticos, sobre los daños económicos cometidos por Oscar Coca, con la intención de recuperar recursos para el pueblo boliviano. Una investigación que debería abarcar las violaciones a los derechos humanos instigadas por el clan Coca, contra trabajadores de Entel que denunciaron sus irregularidades y que sufrieron detenciones indebidas”, remarcó.