Exjefes de Estado de España y las Américas expresaron su preocupación por el proceso que se sigue en contra de la expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, solicitando que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) se pronuncien condenado el juicio contra la exmandataria por criminalizar la figura de la sucesión constitucional y constituirse en una afectación a la democracia regional.

Mediante un pronunciamiento de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), este grupo de exmandatarios expresó serios cuestionamientos al juicio ordinario contra Añez, señalando que es imprescindible el respeto de los Derechos Humanos como la garantía del Estado de Derecho y recordando la importancia de preservar el “hilo constitucional” y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, pues esto representa un “antídoto” contra aventuras militaristas y golpes de Estado.

Este documento pide que organismos internacionales se pronuncien condenando la falta de garantías para un proceso justo contra Añez y el peligro de criminalizar la figura de la sucesión constitucional.

“Ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Añez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”, señala parte de la nota.

Se recuerda además que, en 2019 Añez asumió la presidencia como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, tras la renuncia del presidente y primer vicepresidente del Senado, por lo que “la línea de sucesión le correspondía legítimamente”, para de esta forma, llevar adelante la pacificación de un país convulsionado por el fraude electoral del oficialismo de los comicios presidenciales. Este documento puntualiza que Evo Morales renunció y abandonó el país dejando vacante el cargo de presidente.

Sobre la legalidad y constitucionalidad del gobierno transitorio, sostienen que los poderes constituidos, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su momento, reconocieron la presidencia de Añez mediante “sendas leyes” sancionadas por la ALP y posteriormente promulgadas por la entonces presidenta. Una de ellas es precisamente la que prolongó su mandato hasta la realización de elecciones generales, mismas que fueron afectadas posteriormente por la pandemia.

“La presidenta, en estricto apego a la Constitución reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo, como correspondía el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios. Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”, se indica.

Se destaca de la gestión transitoria la promulgación de 78 leyes, el reconocimiento del TCP y la comunidad internacional, condenando que en la actualidad se insista en juzgar a Añez por vías que no corresponden a su estatus de exdignataria de Estado. “Solo puede ser procesada ante el Tribunal Supremo en un Juicio de Responsabilidades. Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió”, se indica.

Al respecto, los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge Quiroga, pidieron a los organismos que facilitaron el proceso de transición y pacificación en 2019, pronunciarse ante la injusticia que se comete en contra de Añez.

“Corresponde a la ONU, la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional de la expresidenta Añez repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”, afirmó Mesa a través de sus redes sociales.

La nota firmada por 23 expresidentes iberoamericanos fue emitida la jornada pasada, a horas de conocerse el veredicto final del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó este pronunciamiento como una injerencia que no debe permitirse. “Si hay algo que no podemos tolerar los bolivianos es la injerencia a la soberanía de los diferentes órganos”, manifestó en declaraciones a medios de prensa.