El jurista explicó que la justicia determinó ampliar por tres meses más la detención preventiva de su cliente, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz, desde el 21 de noviembre de 2020.

Brito cuestionó el trabajo de la Fiscalía porque incumplió los plazos de la etapa preparatoria y a la fecha no hay avances en la investigación, lo que apuntaría a que tanto el Ministerio Público y el Órgano Judicial estrían sometidos al poder político del Gobierno de turno siendo que no aplican la ley ni respetan el debido proceso.

En audiencia de medidas cautelares de noviembre pasado, Rivas recordó que gracias a un convenio suscrito en enero de 2020 entre Migración y el Ministerio Público, la Fiscalía pudo activar la alerta migratoria contra las exautoridades de manera directa, sin recurrir a hojas de ruta.

“El Ministerio Público no quiere saber la verdad, ellos quieren un trofeo político y como no pudieron conseguir (otro) me tienen aquí, por culpa de su propia ineficiencia, porque son ellos quienes debieron activar la alerta migratoria directamente desde su sistema y no tardar un día o 48 horas o recurrir a hojas de ruta”, aseguró Rivas.

En enero de 2020, el fiscal general Juan Lanchipa, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el director general de Migración, Marcel Rivas, suscribieron un convenio interinstitucional de cooperación, cuyo objetivo era poner en vigencia mecanismos de acceso a la información referida al flujo migratorio que se genera en la Dirección General de Migración (Digemig) y datos del Sistema Informático Justicia Libre (J.L1) de la Fiscalía, de forma que se tenga información oportuna respecto a los mandamientos de aprehensión y arraigos de determinados ciudadanos.

El fiscal del caso, Alexis Vilela, informó en noviembre de 2020, que una de las evidencias presentadas por la Fiscalía para imputar a Rivas por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes fueron las irregularidades en temas administrativos.

Una de las irregularidades fue que la carta de renuncia que presentó Rivas el 28 de octubre de 2020, varios días antes que las exautoridades salgan del país, tiene el cite (código) 123, empero de acuerdo al registro de la Secretaría del despacho del Director General de Migración la nota signada con ese número corresponde a otra nota.

Rivas aclaró que puede ser que el número de cites coincidan, pero que son cosas diferentes porque “una cosa es el código de hoja de ruta de secretaría y otra el código que tiene un ayudante que es por donde se pide activos, agua o cualquier otra compra menor, y otra cosa es el código de la Dirección General de Migración hacia el Ministerio de Gobierno”, por lo que -en su criterio- esas pruebas no tienen ningún sustento de garantía.

Otra prueba de la Fiscalía que fue refutada por Rivas es el argumento de que los ahora exministros hayan pasado por puntos de control migratorio.

“El otro elemento que es una gran mentira del Ministerio Público, que asevera con absoluta certeza, sin ninguna prueba ni documentación, que los exministros pasaron por un punto de control migratorio, esa es una aberración, el fiscal no tiene ninguna prueba ni elemento”, lamentó.