El informe de Coyuntura enero-abril 2022 del Grupo Prima advierte que la desinstitucionalización del Estado boliviano se agrava, sobre todo en el tema de justicia, que ha demostrado su incapacidad para sancionar y se muestra cada vez más corrupta.

“No hay ningún dato que permita pensar en que se revierta el proceso de desinstitucionalización del Estado, especialmente en lo referido a la crisis de la ya inexistente justicia”, se lee en parte del informe que también hace un análisis de la democracia, gestión legislativa, la independencia y equilibrio de poderes, relaciones internacionales, entre otros.

Prisma señala que el problema de mayor gravedad que hoy enfrenta la institucionalidad boliviana se relaciona con el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y el Ministerio de Justicia.

“Un Estado sin capacidad de sanción deja como resultado el estado de entropía”, apunta y agrega que las autoridades subnacionales de las gobernaciones y grandes centros urbanos “también atraviesan un lento pero persistente proceso de deslegitimación, que se hizo más obvio en Santa Cruz, La Paz y Potosí”.

“La imprescindible reforma judicial no se ha iniciado a pesar de los múltiples anuncios e intentos del ministro de Justicia, Iván Lima, y tal hecho tiene un nocivo impacto sobre la democracia boliviana”, refiere.

De acuerdo a su análisis, la crisis de la justicia se ha convertido en el “problema estructural del Estado”, que se hace más perceptible con “el juicio político a la expresidenta Jeanine Añez y al resto de perseguidos políticos”.

Otro ejemplo de ello, agrega, es la lamentable muerte de Marco Aramayo -principal denunciante del desfalco al Fondo Indígena-, después de siete años de cárcel sin sentencia y con 256 procesos judiciales en su contra, mientras que la denunciada exministra Nemesia Achacollo se desenvuelve en libertad.

“La politización e instrumentalización de la justicia por los gobiernos del MAS debilita gravemente a la democracia y no se visualiza ningún cambio en esta tendencia”, refiere.

DESENCUENTROS

EN EL MAS

En lo referente al análisis político, Prisma observa que las tendencias muestran que las facciones del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca pretenden seguir limitando la intromisión del expresidente Evo Morales en las decisiones gubernamentales, “lo que radicaliza las divisiones internas, no solo dentro del gobierno sino en la Asamblea Legislativa, en las organizaciones corporativas, entre las autoridades de distintos niveles del Estado, y claro, dentro del partido”.

En las últimas semanas, varios sectores y dirigentes han solicitado públicamente un Congreso interno para renovación de mandos, pero el presidente del MAS, Evo Morales, se resiste a la convocatoria porque existe la posibilidad de su remoción.

Mientras que la situación del Legislativo no es más alentadora. Señala que el MAS enfrenta sus divisiones internas y las oposiciones no muestran capacidad de superación de las diferencias para actuar en conjunto, lo que se hizo más evidente en el proceso de selección y designación del Defensor del Pueblo.

LEGITIMIDAD

La situación de la legitimidad del Gobierno no ha cambiado, afirma Prisma. Dice que se trata de un “Gobierno ausente cuya gestión parece funcionar en piloto automático”, y solamente hace noticia por los conflictos en su contra, por deficiente gestión pública, por denuncias de irregularidades o por sus desaciertos en la política exterior.

Señala que la Asamblea Legislativa generó expectativa con el establecimiento del acuerdo de los dos tercios y el consenso para la designación del Defensor del Pueblo, que se logró a iniciativa de Comunidad Ciudadana, pero “al haber roto el acuerdo el MAS en la recta final, se ha deteriorado nuevamente la imagen institucional”.

Sobre la independencia y equilibrio de poderes, Prisma señala que el caso de Jeanine Añez es el más visible de decenas de procesos políticos judicializados que existen en el país contra exautoridades ejecutivas, policiales, militares y dirigentes de colectivos ciudadanos.

“El 13 de marzo se cumplió un año de la detención preventiva irregular de la expresidenta Añez, quien soporta los abusos de un sistema judicial carente de independencia”, apunta.

Añez inicialmente fue acusada de terrorismo, sedición y conspiración en el caso “golpe de Estado I”. Luego se la acusó de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes en el caso “golpe de Estado II”. También fue imputada por genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte por los casos de Sacaba y Senkata y recientemente le iniciaron un nuevo proceso por presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), pero la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que le corresponde un juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario.

La solicitud de Añez a los jefes de la oposición parlamentaria, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, de que apoyen la realización de un juicio de responsabilidades en su contra, abrió un debate “en el que el MAS puso en evidencia el fracaso de la estrategia política que busca darle credibilidad al discurso del golpe”.

“No se ha probado la existencia de un golpe y se debe recordar que incluso los verdaderos golpistas militares de la década de los setentas tuvieron juicios de responsabilidades”, señala Prisma. (ANF)