Tras la marcha de los familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba, por un resarcimiento y atención a un pliego petitorio para este sector, por parte del Gobierno, el diputado Miguel Roca (CC) señaló que estas demandas son el precio por haber impulsado la violencia para sostener un discurso político que busca justificar el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez y la teoría del supuesto golpe en 2019.

Señaló que por las características en las demandas y reivindicaciones manifestadas por este sector, tal perece que las exigencias van en ese sentido. El legislador condenó que después de haber alentado la confrontación entre bolivianos y la generación de escenarios de violencia que derivaron en muertes, el Gobierno pretenda compensar a sectores afines con recursos del Estado boliviano.

“Nada compensa la pérdida de una vida humana, el Gobierno aparte de alentar la violencia y las movilizaciones que terminaron en tragedia en Senkata, Sacaba, Montero y otros lugares, ahora trata de compensar esos actos. Fue Evo Morales, el MAS y la ‘rosca chapareña’ los que alentaron esa violencia”, indicó.

Existen –dijo– elementos concretos que descartan que todas las muertes se hayan producido por disparos de arma de fuego, por parte de las fuerzas del orden y por el contrario corresponden a otro tipo de armamento, lo que lleva a dudar del número real de víctimas.

Desde su cuenta de Twitter, el exdiputado Amílcar Barral hizo referencia a este tema, exigió que se anuncie la asignación de fondos para los sectores que se encargaron de generar violencia, durante las jornadas de octubre y noviembre de 2019, además de otras movilizaciones a lo largo de la cuarentena en 2020, estas últimas, poniendo en peligro la vida de miles de personas en plena pandemia.

“Se crea un fondo, más o menos, como el Fondo Indígena, para disque créditos blandos, nunca pagables. Becas, indemnizaciones, subsidios, psicólogos, entre otros, todo por haber generado violencia, lo peor de todo es que los pagos se harán con la plata de todos los Bolivianos”, reprochó Barral.

El exparlamentario también se refirió a las exageradas demandas planteadas, de las cuales destaca “los sueldos de 5.000 bolivianos, gastos de entierro de 10.000, montos de 50.000 bolivianos para los heridos, pegas para familiares de fallecidos, sin considerar que durante el gobierno transitorio, este sector se benefició con 100.000 bolivianos. Ninguno de los fallecidos, ni heridos estaban en las calles por patriotas, ninguno era dirigente”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Roca, manifestó que el Gobierno llevó adelante, de forma grotesca y cruel, el discurso político de Senkata y Sacaba para justificar el apresamiento y la persecución a la expresidenta Añez, y otras exautoridades, pese a que la mayoría de la gente ignora que las causas por las que ahora enfrenta estos procesos no tienen nada que ver con lo ocurrido en esos lugares.

“Le está viniendo al Gobierno un boomerang, cuando han utilizado estos movimientos y usando a la misma gente del Movimiento al Socialismo para generar y desencadenar trágicamente estas muertes, ahora les está volviendo esto, con esta misma gente, que tiene exigencias desmedidas. La mentira tiene patas cortas”, refirió Roca.

En las últimas horas, el representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto y de las víctimas de Senkata y Sacaba, David Inca, informó que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno, luego de más de 30 horas de negociaciones. “Estamos con una felicidad del 50 % y se volverá 100 %, cuando nos digan cómo se hará la reparación integral”, señaló Inca.

El dirigente adelantó que se espera sostener nuevas reuniones con el Ministerio de Justicia el próximo 5 de noviembre, a fin de recibir un informe sobre los procesos en contra de exautoridades, ex jefes militares y policiales, además de los montos de los créditos, con los que se planea beneficiar a este sector.