“Luis Fernando no estás solo, todo tu pueblo está con vos; seguís siendo nuestro gobernador”, fue una de las frases más vitoreadas durante el encuentro que se instaló a los pies del Cristo Redentor.

En este sentido, la ciudadanía aprobó exigir al Gobierno de turno que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía para tenerla en un plazo no mayor a 30 días y donde se determine la liberación de Camacho y de todos los presos políticos de Bolivia, situación que fue recogida en la cuarta consulta que fue aprobada.

Mientras que la quinta consulta guarda relación con el pedido de liberación a favor del gobernador cruceño, ya que en caso de incumplimiento la población aprobó y se mostró de acuerdo en comprometerse para “impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora, a partir de mayo próximo”.

“Este es un cabildo por la libertad de cada uno de todos nosotros y que está personificada en el inaceptable, ilegal y abusivo secuestro y reclusión de nuestro actual gobernador, quien personificó la lucha del país contra el mayor fraude electoral en la historia de Bolivia, lo hizo como presidente del Comité pro Santa Cruz, como ciudadano encabezó la lucha de todos por la democracia”, apuntó Calvo.

El actual presidente del Comité pro Santa Cruz resaltó que no está preso un político o el jefe de un partido, sino alguien que en su condición de líder cívico encabezó una “lucha por la democracia contra el fraude electoral”, situación de la que fueron parte miles de cruceños en una considerada “rebelión democrática”.

Calvo concluyó que la libertad de Camacho es un compromiso moral que los presentes en el cabildo asumieron y ratificaron, ya que junto al gobernador están presos también más de 800.000 votos en una cárcel paceña y un mandato de una mayoría electoral que sufrió de verdad un “golpe”, por lo que “no se puede permitir esa humillación”.

GASIFICACIÓN

Al término de la concentración efectivos de la Policía Boliviana que estaban resguardando las instalaciones del Comando Departamental procedieron a gasificar a un grupo de ciudadanos que habían hecho explotar petardos.

La gasificación concluyó en pocos minutos luego que los efectivos del orden procedieron a detener a los manifestantes.

CUESTIONAMIENTOS DEL GOBIERNO

Sin embargo, más temprano, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que con una amnistía se infringiría la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos de 2019.

“La recomendación 10 del informe del GIEI, nos dice que el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías, que es lo que se está pidiendo en este cabildo. Han creado una categoría de 183 perseguidos políticos y están pidiendo que se decrete una amnistía”, cuestionó Lima.

Explicó que entre los 183 perseguido políticos están los militares, policías y exministros acusados por las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019, quienes están con imputación y detenciones preventivas por vulneraciones de derechos humanos durante los hechos luctuosos entre el 15 y 19 de noviembre de 2019.

“No lo decimos nosotros (el Órgano Ejecutivo), lo dice el informe del GIEI, lo dice la Justicia boliviana con imputaciones y con detenciones preventivas, pero este cabildo y otras movilizaciones, buscan dejar sin efecto los procesos”, advirtió. (Santa Cruz, Unitel)