Pidiendo poner fin a la dilapidaci贸n de recursos estatales y frustrar leg铆timos anhelos por una jubilaci贸n justa, el Comit茅 Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), se sum贸 a los pedidos de renuncia del Procurador General del Estado, Wilfredo Ch谩vez, por ver en esta autoridad una exclusiva labor de representaci贸n de los intereses del jefe del partido de gobierno, antes que una id贸nea defensa del Estado.

Mediante un comunicado emitido por el ente defensor de la democracia, se consider贸 la reciente conminatoria al Estado boliviano para indemnizar con 105 millones de d贸lares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, como resultado de un arbitraje internacional, en el que 鈥渟e demostr贸 una vez m谩s, la incapacidad y falta de especializaci贸n en temas de soluci贸n de controversias internacionales de los funcionarios de la Procuradur铆a General鈥�, instancia que a la fecha perdi贸 once arbitrajes, significando m谩s de 700 millones de d贸lares en contra de las arcas nacionales.

鈥淓l juicio que inicia BBVA al Estado es por no haber implementado la Gestora como dicta la CPE. Se han gastado millones, se pagan honorarios alt铆simos, se han comprado paquetes inform谩ticos que no han funcionado, y la Gestora a煤n no ha podido asumir el rol de las AFPs. El da帽o econ贸mico es mucho m谩s alto que la p茅rdida del arbitraje鈥�, se帽ala parte de la nota.

Conade sostiene que esta 煤ltima p茅rdida de 105 millones de d贸lares tiene la particularidad de estar relacionada con la administraci贸n de los fondos de jubilaci贸n, de las y los trabajadores bolivianos, en circunstancias en que cada d铆a se oyen m谩s voces por la insatisfacci贸n de las pensiones por vejez.

鈥淯na vez m谩s resulta en entredicho el rol y capacidad del titular la Procuradur铆a General del Estado para defender los intereses del pa铆s, como a su vez crece la necesidad de un nuevo debate sobre el sistema de pensiones impuesto en 2010, frente a la leg铆tima exigencia de que el mismo debiera estar a la altura de proporcionar pensiones de jubilaci贸n justas en el pa铆s鈥�, se indica.

Se帽alan que suman las voces de petici贸n de renuncia del Procurador General del Estado, 鈥渧oces de las que nos hacemos eco con absoluta convicci贸n, en particular porque vimos en su actuar una exclusiva labor de representaci贸n de los intereses del jefe del partido de gobierno, antes que una id贸nea defensa de los intereses del pa铆s鈥�.

Finalizan se帽alando la imposibilidad de negar que en un r茅gimen verdaderamente democr谩tico la administraci贸n de los fondos de jubilaci贸n, no puede estar exenta del control social de las y los propios trabajadores.