“Como Asambleístas Nacionales y miembros de la Alianza Política CREEMOS estamos en la obligación de continuar denunciando ante la comunidad internacional la constante vulneración de derechos humanos y constitucionales a consecuencia de la persecución desmedida y revanchista de Luis Arce Catacora y del Movimiento al Socialismo, responsabilizándolos de cualquier detención ilegal y arbitraria”, señala parte de la misiva.
A mediados del 2020, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un desembolso por 240,1 millones para Bolivia como Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), de respuesta inmediata a la pandemia de COVID-19; sin embargo, este dinero nunca fue utilizado por las trabas políticas concretadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente fue devuelto por el gobierno de Luis Arce Catacora.
«Este monto asignado fue calculado con base a la proporción de la cuota del país ante este Organismo Internacional», explicó en su oportunidad el Banco central de Bolivia, aclarando que no se trataba de un crédito, sino de IFR de las cuotas que tiene Bolivia en el FMI.
“Días atrás fue revelado que “la Contraloría emitió un informe preliminar sobre un Instrumento de Financiamiento Rápido que el Gobierno de Jeanine Añez activó con el Fondo Monetario Internacional en 2020 y halló responsabilidad en 25 exautoridades, por lo que se podría activar un proceso civil para la recuperación de Bs 200,4 millones”, se indicó.
El parte de control data de 2 de marzo de 2022 y a varios implicados los notificaron el miércoles 11 de mayo, violando el artículo 22 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función pública, que prevé los plazos a los que debe sujetarse el proceso interno, hecho que evidencia los móviles de persecución política y un doble discurso del Gobierno.
“Trasmitimos nuevamente a esta Organización nuestra preocupación por la situación que atraviesa Bolivia”, resalta la nota.