La reunión del Consejo Nacional de Autonomías, efectuada ayer con la participación de ocho gobernadores departamentales, representantes municipales y autoridades nacionales, determinó reprogramar el Censo Nacional de Población y Vivienda para mayo o junio del año 2024. La decisión será oficializada en los próximos días a través de un decreto.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que el único punto de la décimo segunda reunión de esta instancia fue tratar el tema del Censo nacional, además de los diferentes cuestionamientos y sugerencias planteadas por autoridades departamentales.

Ruiz sostuvo que este encuentro fue convocado con el tiempo correspondiente para garantizar la presencia de todas las autoridades que conforman este Consejo.

Esta resolución comprende cuatro puntos en los que se puntualiza la importancia de la encuesta nacional como una herramienta fundamental para el desarrollo del país.

“Los miembros del Consejo coinciden en determinar que la realización del Censo de Población y Vivienda se constituye en una prioridad nacional y una herramienta fundamental para la planificación del desarrollo nacional y local. Además, coinciden en la importancia de despejar las intenciones político partidarias del Censo y se constituya en la garantía para priorizar un trabajo técnico, con veracidad en la información, libre de política y en beneficio de la población”, indica el primer punto de estas resoluciones.

Por ello, se anunció esta reprogramación ante factores que pueden afectar el desarrollo y la precisión de los datos que se espera recolectar con esta actividad.

“Factores como el covid-19, la necesidad de socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos y las difíciles condiciones climáticas en noviembre, cuando estaba previsto el Censo, que generan inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra, particularmente en el norte del país, afectarían al proceso censal”, afirmó Ruiz.

La resolución plantea que se asuman todas las medidas para ajustar el calendario censal y de esta forma se garanticen resultados de alta calidad y para ello se sugiere postergar esta medición de alcance nacional hasta una fecha entre los meses de mayo y junio de 2024, en fin de semana.

Se pide la aplicación de una estrategia de comunicación masiva con datos sobre la participación de la ciudadanía en esta actividad, trabajar de manera conjunta en la realización de un “Censo con consenso” y realizar reuniones periódicas para hacer seguimiento a los avances del proceso.

Al respecto, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, expresó su agradecimiento y felicitación a todos los participantes en este encuentro importante para los intereses de la población, que además garantiza un trabajo claro y transparente de esta medición nacional.

“Todos en esta reunión hemos manifestado la predisposición por llevar adelante un censo absolutamente responsable y con transparencia para que todos estemos absolutamente seguros que esta herramienta se convierta en un elemento que permita una mejor planificación a nivel nacional, depar tamental y municipal”, dijo.

El viceministro Ruiz además precisó que solo falta cumplir con un tema administrativo para confirmar la reprogramación del Censo, esto mediante un decreto que oficialice una nueva fecha.

“Hay un tema administrativo pendiente que seguramente el Gobierno nacional lo hará próximamente (…), eso se va a plasmar en un decreto en los próximos días”, afirmó, lamentando la ausencia del gobernador cruceño, Fernando Camacho, en el encuentro.

Una vez oficializada esta postura, parlamentarios de oposición cuestionaron la determinación y la calificaron como una estrategia para ganar tiempo, lapso en el que se puede gestar un fraude en el que se alteren datos económicos y se malgasten recursos ya aprobados.

“Ya tienen la plata aprobada ahora tienen tiempo para el fraude. La postergación del censo servirá al MAS para falsear los datos económicos que recoge esta actividad y convertirlos en un instrumento para la campaña electoral el 2024”, cuestionó el diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedrazas, desde sus redes sociales.

En la misma línea, la diputada María René Álvarez, advirtió una maniobra política para usar los recursos destinados al Censo en busca de distorsionar la realidad sobre los porcentajes de población justo antes de los próximos comicios electorales.

“La estrategia del centralismo es utilizar los recursos de los bolivianos para un Censo que les servirá para falsear la realidad poblacional antes del año electoral del 2025”, afirmó, recordando que el Gobierno se prestó 68 millones de dólares de Fonplata, el BID y el TGN, deudas que deben pagarse pese a la postergación.

Desde el Comité Cívico Cruceño, su primer vicepresidente, Fernando Larach, rechazó la medida señalando que se trata de un “perjuicio catastrófico para todo el país” y una señal de que el oficialismo ha cerrado sus filas contra esta medición de alcance nacional. “El MAS ha cerrado filas contra el censo, sin tener en cuenta las necesidades de la población. Sin censo no podremos conocer nuestra realidad, ni contar con los recursos económicos para paliar nuestras necesidades”, expresó.