Luego del hallazgo de una cámara espía en la celda del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, parlamentarios de oposición condenaron la serie de irregularidades a las que se ha sometido a la autoridad desde el momento de su violenta aprehensión, exigiendo se establezcan responsabilidades y procese a las autoridades responsables de estas irregularidades.

El principal cuestionamiento a la situación por la que atraviesa el gobernador Camacho tiene que ver con el constante amedrentamiento al que es sometido, tanto su persona como familiares, abogados y toda persona que intenta tener contacto con la autoridad.

Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, las nuevas denuncias por vulneración de la privacidad, sumadas a las irregularidades en su aprehensión y proceso, pueden fácilmente ser calificadas como una “tortura psicológica” para mantener control sobre el gobernador.

“Esto ya es una tortura psicológica por parte del régimen de Luis Arce, en un principio se lo ha secuestrado de forma violenta y posteriormente se ha mostrado la celda de la autoridad departamental. Eso va en contra de todo respeto a la privacidad de las personas”, cuestionó el legislador de oposición.

En este sentido, recordó que, grupos violentos afines al masismo se han dado a la tarea bloquear los ingresos al penal de Chonchocoro, agredir verbal y físicamente a activistas, familiares y abogados ante la permisividad otorgada por autoridades de Gobierno y personal encargado del reguardo y administración del referido centro penitenciario.

“Se ha permitido que ponchos rojos y otros grupos que responden al MAS impidan el ingreso a médicos y a la misma familia, se están vulnerando los derechos humanos del gobernador y hay prácticamente una tortura psicológica”, dijo.

Insistiendo en que se trata de tener controlada a la autoridad mediante un constante amedrentamiento, y ahora, con una clara invasión a su privacidad, Astorga exigió que investigaciones imparciales se encarguen de establecer responsabilidades, para de esta forma aplicar las respectivas sanciones, pidiendo además que organismos internacionales como la CIDH se pronuncien ante una clara violación de derechos.

“Claramente hay una responsabilidad y una orden del Gobierno para vulnerar los derechos humanos del gobernador cruceño, después de su secuestro, es por eso el silencio de las autoridades”, sostuvo.

Desde la agrupación Creemos, la diputada Khaline Moreno, expresó su rechazo por la violación de los derechos a la privacidad y a la intimidad, no solo del gobernador Camacho, sino de su esposa.

“Las parlamentarias mujeres queremos rechazar la violación al derecho de la privacidad y a la intimidad no solamente hacia nuestro gobernador también a su esposa. Hoy queremos demostrar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que se ha vulnerado la privacidad y la intimidad de la esposa del gobernador, Fátima Jordán, el derecho a las visitas conyugales que están estipuladas, además del derecho a la privacidad de sus hijos”, expresó la legisladora.

A criterio de Moreno, el hecho se constituye en un atropello además de ser una tortura psicológica del que son víctimas el gobernador y su familia. Es por ello que exigió al Gobierno nacional a cesar toda clase de torturas que responden a un régimen dictatorial, que se permita el ingreso de los abogados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro y no entorpecer la salida de su señora esposa.

Ayer, el abogado Martín Camacho, presentó ante medios de comunicación la cámara espía que el gobernador cruceño encontró en su celda de Chonchocoro, señalando que se encontraba en una pared nueva, por lo que exigió la inmediata destitución y el inicio de procesos en contra del director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, a quien apuntó por esta irregularidad.

Desde el oficialismo, la diputada Gladys Quispe, restó importancia al hallazgo de este elemento en la celda de la autoridad cruceña y cuestionó los supuestos privilegios con los que Camacho cuenta al interior del recinto penitenciario donde guarda detención preventiva.

“La Constitución habla de igualdad y no de privilegios y nosotros desde la a Asamblea Legislativa vamos a empezar una fiscalización y que los privilegios con los que cuenta el señor Camacho tiene que ser para todos, debatamos más bien”, expresó.

Por la gravedad de estas denuncias y la posibilidad de que este accionar se haya replicado con otros presos políticos, el diputado Astorga pidió a familiares y abogados de la expresidenta, Jeanine Añez, revisar la celda ocupada por la exmandataria en el penal de Miraflores y de esta forma descartar sospechas sobre la existencia de elementos similares.