El informe sobre Nicaragua, presentado en la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada del 20 al 23 de abril, detalló estas violaciones a las libertades de expresión, prensa y de asociación. La organización hemisférica también emitió una resolución sobre “No injerencia y libertad de asociación” que, entre otros, incluye el caso de Nicaragua.

INFORME

La libertad de prensa ha experimentado un franco deterioro desde abril de 2018 cuando manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la Policía. Aquella represión incluyó a los periodistas independientes, dos de ellos estuvieron presos por seis meses y decenas salieron al exilio. Muchos espacios, sitios de internet y un canal de televisión por cable fueron cerrados y permanecen de esa manera desde entonces.

A tres años de las protestas, la situación de libertad de prensa y la situación política del país han empeorado. En noviembre habrá elecciones presidenciales y legislativas y no se espera que sean limpias ni justas.

La Asamblea Nacional, obediente a las órdenes del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, nombró una comisión para elegir a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, pero estableció que solo los partidos en el parlamento (el oficialista con súper mayoría y algunos partidos colaboracionistas), podrán competir, violando la Constitución. La oposición al régimen, que surgió en la llamada Rebelión de Abril de 2018, no tiene representación parlamentaria. Pese a que Ortega enfrenta un ultimátum de la Organización de Estados Americanos para hacer reformas democráticas al sistema electoral, nada indica que las elecciones serán libres.

Continúa el estado de sitio, no permitiéndose reuniones de tres personas en público. La Policía, el brazo represor del régimen que en muchas ocasiones se apoya en parapolicías para reprimir, tiene como principal tarea vigilar y asediar a opositores y a periodistas independientes. No permiten que un ciudadano pueda portar la bandera nacional, lo que se ha vuelto un símbolo de la rebelión cívica, autoconvocada y pacífica. En estos eventos los periodistas son atacados, sus equipos robados y los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir.

El Gobierno aprobó a finales del año pasado tres leyes que afectan la libertad de prensa, la primera parece diseñada para reprimir a los políticos y eliminar candidatos.

La ley “Regulación de Agentes Extranjeros” fue bautizada como Ley Putin porque es casi una copia al carbón de una ley promovida por Vladimir Putin en Rusia en 2014. Con esta ley se controlan las operaciones financieras y las actividades que realizan asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras bajo el argumento de que se pone así fin a la injerencia extranjera. La ley está diseñada para impedir el financiamiento de los partidos y organizaciones de oposición para las elecciones de noviembre, y también perjudica a los medios de comunicación que reciben ayuda de diferentes fundaciones. La ley exige inscribirse como “agente extranjero” y declarar con anterioridad cualquier donación para ser aprobada por el Ministerio de Gobernación.

En enero, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que apoyaba a casi dos docenas de pequeños medios independientes, principalmente digitales, cerró sus puertas para evitar tener que registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación. Cristiana Chamorro, directora de la Fundación, dijo que “prefería cerrar la Fundación antes de convertirse en un extranjero en su propio país”.

Diputados oficialistas presentaron y aprobaron, sin mayor consulta, la Ley Especial de Ciberdelitos, que en su exposición de motivos declara como sus objetivos “la preservación, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, sus contenidos y cualquiera de sus componentes”.

La ley establece castigos de entre dos a cuatro años de prisión a “quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publique o difunda información falsa y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia”. La ley tiene definiciones imprecisas y obligará a los periodistas a autocensurarse ante el temor de ser judicializados y condenados.

Ortega anunció otra ley para establecer “cadena perpetua para crímenes de ocio”, después que se registró un feminicidio de dos niñas. En su anuncio, Ortega también se refirió a los presos políticos, en su mayoría excarcelados, desde que fueron sentenciados y condenados en la Rebelión de Abril. Sin embargo, todavía hay unos 130 presos políticos y a ninguno de los excarcelados se les ha borrado el proceso. Ortega alegó que “se les había dado una amnistía”, pero se violentó el principio básico de la amnistía que es el olvido.

La presión en contra de los medios independientes continúa. El canal 12 sigue embargado, la juez sandinista Silvia Chica Larios desestimó todas las pruebas que presentaron los abogados del medio y ordenó mantener el embargo por US$ 600,000 interpuesto por la Dirección General de Impuestos (DGI). Las cuatro propiedades embargadas tienen un valor de $us 1.200.000. Los reclamos vienen desde 2011 y 2012 y eran por $us 262,000, pero un tribunal Administrativo (TATA) lo bajó a solo US$ 24.000. Ocho años después, la DGI recurrió a la Sala Constitucional para anular el fallo, y con multas y atrasos el monto llegó a $us 600,000. La subasta de los bienes, obligaría al cierre del canal.

Las instalaciones del canal 100% Noticias y de Confidencial, tomadas por la Policía y cerradas por el gobierno en diciembre de 2018, fueron entregadas al Ministerio de Salud en diciembre de 2020, sin que mediara acusación ni resolución judicial. Los programas Esta Noche y Esta Semana del grupo de medios, solo se transmiten por redes sociales porque se les ha prohibido transmitir en canales de señal abierta o cable.

Con el cierre de la Fvbch, La Prensa ha retomado y alojado en su sitio web los informes de libertad de expresión que se publicarán mensualmente. El primero apareció a inicios de abril y recoge 53 violaciones a la libertad de prensa, 39 contra personas naturales. Se denunció el asedio contra la periodista y jefa de Prensa de la radio La Costeñísima, Kalúa Yakari Salazar, condenada por el supuesto delito de “calumnia”, en perjuicio de tres ex trabajadores de la Alcaldía de El Rama en la costa sur del Caribe de Nicaragua. También se denunció el asedio al director de Radio Darío, Anibal Toruño, y al periodista David Quintana, de Boletín Ecológico, condenado por injurias y calumnias.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.