Hace unos días, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, anunció una inversión de más de 2.000 millones de bolivianos para el agro, con el objetivo avanzar en la seguridad alimentaria, pero la exautoridad del exConsejo Nacional de Reforma Agraria, Luis Antezana, indica que el sector está en crisis por la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y otras disposiciones.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales Atila, a tiempo de inaugurar la “Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2022”, la pasada semana, dio a conocer que la cartera de Estado a su cargo, cuenta con 2.500 millones de bolivianos para promover el desarrollo rural de manera integral y consolidar la seguridad y soberanía alimentaria para la población boliviana, según una nota de prensa de la entidad estatal.

En reiteradas oportunidades, el investigador y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Lucio Tito, indicó el camino a seguir para que los recursos destinados al agro puedan obtener resultados positivos, y es a través de la coordinación de todos los programas.

Además, en entrevistas con este medio, dijo que no todos los recursos anunciados van a la producción, ya que en el camino se pierden en el gasto administrativo.

La plata destinada al agro suma miles de millones de bolivianos, y todavía no se resuelve el tema del desfalco del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), de más de 1.000 millones de bolivianos.

Ahora se suma la Empresa Agropecuaria Boliviana que se dedicará a la siembra y producción con destino al mercado interno y exportación, con un presupuesto de 140 millones de bolivianos.

Pero la competencia al sector agrario nacional no se queda ahí sino se anunció inversión de más de 840 millones de bolivianos para la implementación de plantas procesadoras de almendras, soya y otros granos para abastecer al mercado interno y externo.

De acuerdo a los reportes oficiales sobre las exportaciones, los no tradicionales destacaron en segundo lugar, después de los minerales, quedando en tercera ubicación los hidrocarburos, resaltando los alimentos.

Ordenar

Tito, en una entrevista, en la pasada gestión, opinó de centralizar toda intervención de apoyo desarrollada en el ámbito rural (pasada y actual), estatal, departamental, municipal, cooperación, académica (universitaria, institutos tecnológicos, privada) para consolidar una “carta de navegación”, que inicialmente permita tomas decisiones estratégicas orientadas a reconocer potencialidades y enfrentar desafíos, pero esta vez articulada y ordenada.

También abogó por que se genere una política pública para atender a los sistemas alimentarios sostenibles, y cuyo objetivo principal, sea el de ordenar todo el accionar en el escenario rural donde se desarrolla la producción agropecuaria y forestal, de esta manera frenar ese accionar individual actual de cada institución estatal, privado, academia, etc.

Situación

Ante ese panorama, poco alentador de la incursión del Estado en la producción agrícola, el expresidente del exConsejo Nacional de Reforma Agraria y autor de varios libros sobre la cuestión de la tierra, Luis Antezana Ergueta, señala que el estado de la economía agraria del país ha llegado a un nivel nunca antes conocido y la crisis social en que se encuentra el país es solamente reflejo del problema agrario.

La solución para resolver la crisis política, en la que se encuentra la sociedad boliviana, por la intervención de las entidades públicas y la ruptura de la institucionalidad.

“Una crisis agraria, como la que soporta al presente el país, nunca se había producido ni en los momentos más dramáticos de su historia. La producción de alimentos para consumo de la población ha caído a un nivel tan bajo que solo puede ser superado por el contrabando de alimentos desde países vecinos y la importación de varios productos, tanto por el gobierno como como por la privada. Si no fuera eso, el pueblo boliviano estaría sufriendo hambruna”, reflexionó.

Explica que el problema de la crisis del agro se origina por la política agraria del Gobierno desde el año 2006, que fue puesta en práctica por la Constitución Política del Estado del 2009, la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y otras disposiciones.

Esa es la “madre del cordero”, como dicen los campesinos, apunta a tiempo de indicar que “la situación es calamitosa y crece como una bola de nieve que baja desde la cumbre y en vez de solucionarla, se la agrava diariamente, lo cual es previsible a corto y mediano plazo, ante la vista displicente del gobierno y sus responsables”.

Respecto a los anuncios de soberanía alimentaria y la creación de nuevas plantas y empresas, así como los montos de dinero que destinarán a tales emprendimientos, Antezana asegura que el Gobierno dicta medidas agrarias absurdas y despilfarra dinero acelerando la crisis general, debido a que las autoridades ignoran la cuestión agraria pues no conocen la economía, el derecho ni la política agraria.

“Es más, está aplicando una política agraria contra las masas indígenas que dice representar. Ni siquiera han leído su propia Constitución. El sector gobernante del país ha arrebatado a los indígenas el derecho de propiedad sobre sus tierras individuales y comunitarias y los ha condenado a la extrema miseria, igual o peor que hizo Melgarejo en 1866”, sostuvo.

REFORMA

Con relación a la agricultura indígena que existe en el país, como resultado de la Reforma Agraria de 1953, el entrevistado asegura que el Gobierno, desde hace quince años, obliga a los campesinos a abandonar el cultivo de la tierra y a que migren a las ciudades y al exterior, y que por esta causa han quedado abandonadas más de 500 mil hectáreas de parcelas de indígenas.

En cambio, se fomenta el cultivo de la hoja de coca. Es posible que el cultivo de la hoja haya pasado de dos mil a 50 mil en este régimen. Es lo único que ha subido, lamentó.

Medidas

Con relación a medidas aplicadas en el periodo de Evo Morales y ahora en el de Luis Arce, Antezana comenta que “se trata de medidas superficiales que no resuelven sino agravan el problema. Se está sembrando nubes para cosechar tempestades y no tardan en presentarse levantamientos indígenas que desestabilicen el régimen”.

Para el expresidente del CNRA la legislación agraria del presente no responde a la realidad y la Ley de Reforma Agraria de 1953 fue derogada. “La ley de reforma agraria de 1953 ha sido derogada y sustituida por una ley contra revolucionaria (ley INRA) que ha conducido al país al hambre, la miseria y el contrabando”, complementa.

Finalmente, en torno a ayudas económicas a la agricultura, la exautoridad sostiene que “constituyen derroches para paralizar agricultura y enriquecer a la burocracia, como el caso Fondioc, el saneamiento del INRA, Emapa y una gigantesca burocracia”.

En los últimos 15 años se ha invertido en burocracia más de cinco mil millones de dólares y ni uno solo para ayudar a los indígenas. Si una décima parte de ese dinero se hubiese invertido en solucionar el problema de la tierra y ayudar a los indígenas, otra sería la suerte del país.

El INRA ha gastado 400 millones de dólares y la producción no ha aumentado ni una papa. Más bien, hemos dejado de producir ese tubérculo, concluye Antezana Ergueta.

Suman los recursos

El pasado fin de semana, Gonzales anunció que el Gobierno otorgará 2.100 millones de bolivianos en agosto de la presente gestión para continuar fortaleciendo al sector agropecuario y al desarrollo rural.

“En agosto de este año contaremos con 2.100 millones de bolivianos más, con el Programa Empoderar – PAR III, donde 1.400 millones de bolivianos serán destinados para proyectos productivos y 700 millones de bolivianos se ejecutarán en puentes y caminos”, indicó.