“La amenaza de un paro cívico departamental en Santa Cruz es una medida que no corresponde ya que la reprogramación del Censo no fue una decisión unilateral, sino resultado del consenso entre el Gobierno nacional y autoridades territoriales”, dijo Mamani.
La Cumbre cruceña le dio un plazo de cinco días hábiles al Gobierno para que atienda ocho demandas, caso contrario, el 25 de julio iniciarán movilizaciones en el departamento de Santa Cruz.