“El motivo de la presente nota es hacer conocer a su autoridad que después de haber sido ilegalmente perseguido por 16 años, por parte del Estado Boliviano, y privado de libertad en el penal de San Pedro durante más de 9 años, me vi obligado a escapar de Bolivia y pedir refugio en este país, ya que mi vida se encontraba en riesgo”, señala parte de la carta enviada por Asbún al cónsul boliviano en Corumba, reportó la agencia Visor Bolivia.

Según el documento, fechado el 15 de enero, Brasil concedió el refugio a Asbún el 20 de noviembre, a poco más de un mes de que el MAS ganó las elecciones. El empresario afirmó que días posteriores a conocidos los resultados electorales, efectivos de la Policía se le acercaron para pedirle dinero a cambio de no aprehenderlo, debido a que, con el cambio de gobierno le quitarían la detención domiciliaria para devolverlo a la cárcel.

ANTECEDENTES

Asbún es uno de los dos acusados por una supuesta estafa de dos millones de dólares al Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonvis), provenientes de los aportes de mineros –que en el juicio figuran como víctimas–, por la venta de terrenos ubicados en la zona Sur de La Paz en 2004. Las propiedades estaban destinadas a la dotación de viviendas. Junto a él está procesado Javier Elías Ayoroa, exdirector de la extinta institución.

A través de la empresa constructora Cascarena, Asbún vendió terrenos por un total de 4.7 millones de dólares, entregó los documentos de propiedad, que desde 2007 figuran inscritos a nombre del Estado pero no fueron entregados a los mineros. Al momento de que el empresario entregó los documentos, en 2004, el Fonvis le pagó un adelanto de dos millones de dólares, no obstante, meses después, cuando trató de cobrar el saldo, Asbún fue denunciado por haber vendido las tierras con un poder falso, y sostiene, desde ese año fue perseguido judicialmente.

Según el acusado, en todos los años de juicio la Fiscalía no presentó el supuesto poder falso, ni probó cómo se dio la estafa, si los terrenos pasaron a nombre del Gobierno por el monto acordado.

Entre las otras irregularidades que denunció está el hecho de que la Fiscalía lo procesó tres veces por el mismo delito. Existe un sobreseimiento, un desistimiento y la última denuncia dio lugar al controvertido juicio que llegó a una sentencia, pero la misma fue anulada en agosto de 2019, por las graves irregularidades cometidas por el juez Claudio Torrez.

El magistrado dictó la sentencia sin oír el alegato final del acusado, a quien le negó un abogado. Años antes los jueces ciudadanos, un albañil y un panadero, pidieron retirarse del juicio por observaciones al trabajo de la Fiscalía y que no eran tomados en cuenta en las resoluciones que redactaba y les obligaba firmar el juez.

En los nueve años de juicio, Torrez suspendió más de 300 audiencias. Un pasante trabajó en ese tribunal por un año sin permiso de la Magistratura y fue denunciado por redactar resoluciones del proceso, pese a que el secretario del juzgado había denunciado las irregularidades permitidas por el juez. El mismo pasante, durante la última parte del proceso, pasó a trabajar en el Ministerio Público como ayudante de la fiscal del caso, Edna Montoya.

Asbún pasó encarcelado en el penal de San Pedro nueve de los 16 años del proceso, tiempo en el cual denunció tres intentos de asesinato, uno de ellos cometido por un custodio policial al que la Fiscalía nunca investigó, según las demandas archivadas.

En diciembre de 2019, luego de la salida de Evo Morales del gobierno, por las protestas contra el fraude electoral, Asbún logró una detención domiciliaria que cumplió hasta noviembre de 2020 cuando decidió buscar refugio por el regreso del MAS al Gobierno.

REFUGIO

Según la resolución de refugio, emitida en favor de Asbún por el gobierno de Brasil, “en ninguna hipótesis se efectuará su deportación a la frontera de territorio en que su vida o libertad esté amenazada”.

En su carta al consulado boliviano, Asbún enumera nueve razones por las cuales decidió abandonar el país, entre ellas, el hecho de que en los años que pasó detenido sufrió el deterioro de su salud, al punto que los informes médicos señalan que, durante su encierro, fruto de la depresión desarrolló un cuadro de epilepsia que podría generar una muerte repentina. Pese que el diagnóstico fue informado hace cuatro años, el juez Torrez le había negado la atención médica y la detención domiciliaria, según los documentos acreditados por la defensa de Asbún. (Visor.Bolivia)