La creciente funcionalización y utilización de la administración de justicia con fines políticos y la percepción lejana de que el Gobierno respete su independencia es recurrente, en un escenario desalentador, sostienen dos abogados y un politólogo.

Los juristas Carlos Derpic, Magda Calvimontes y el politólogo Franz Flores coincidieron, en un conversatorio de la ANF: Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro, que los problemas de la Justicia y su mala imagen no son nuevos, sino que fue “mala” durante el régimen nacionalista, las dictaduras, el neoliberalismo y el Estado plurinacional.

Flores introdujo el análisis sobre la falta de confianza en la justicia planteando el debilitamiento de la independencia de poderes, cita a Varietes of democracy (V-Dem), institución noruega, dedicada a analizar el estado de la Democracia desde la perspectiva de la democracia liberal, entendida como la independencia de poderes que es la base de sus principios y su doctrina.

Según su análisis, hay un descenso constante en la independencia de poderes, se percibió un ascenso entre 1985 y 2000, pero que a partir de ese tiempo con énfasis en el 2005 hasta la fecha “hay una bajada de este índice muy relevante”.

El analista afirmó que se puede interpretar que “hay probablemente una tendencia desde el gobierno de Evo Morales (2006-2019) para hacer que los poderes del Estado no sean independientes entre sí. En otras palabras, existe una funcionalización del aparato judicial para intereses políticos, eso es lo que comúnmente conocemos como la politización de la justicia”.

El abogado Derpic detalló que la falta de independencia de poderes y la funcionalización -por ejemplo- se traduce en el “vergonzoso” fallo sobre una acción de cumplimiento por el cual la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz exhortó a la Asamblea Legislativa para que elija al Defensor del Pueblo.

Pero no es solo una exhortación, sino que en la parte considerativa dice que, si no lo hace el Legislativo por criterios de coordinación y cooperación podría hacerlo el Presidente del Estado, “esto es una vergüenza”, sostuvo Derpic, al diferenciar que una cosa es la coordinación entre órganos del Estado y otra la independencia de poderes.

Añade que en los “últimos años esta (utilización de la justicia) se ha incrementado”; además, endureciendo las sanciones y las penas a través de normas como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de lucha contra la corrupción y “otras que han endurecido el sistema penal en este país y (el que) se utiliza selectivamente”.

Calvimontes complementó, la Justicia “nunca fue una maravilla” por esa razón es que la Asamblea Constituyente introdujo cambios al método de selección, aunque en el proceso de aprobación del proyecto de Constitución se distorsionó la idea primigenia para la selección y elección de las máximas autoridades judiciales.

“Se debía evitar la politización de la administración de justicia (…) porque había retardación de justicia, porque la impunidad era reinante de los corruptos, la inseguridad jurídica, la desigualdad en el acceso a la justicia, el futuro político del poder judicial ahora llamado órgano, entre otros”, afirmó.

¿Pero cuáles son las causas del problema? Flores apunta a dos condiciones que determinan esta situación, la existencia de un partido hegemónico con una mayoría electoral que tuvo dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional con capacidad para fiscalizar la justicia y la independencia de poderes. Y los cambios en la Constitución sobre la elección de autoridades judiciales por voto popular.

Aunque la Asamblea Legislativa como primer órgano del Estado se caracteriza por el debate, los consensos y no por las imposiciones, sin embargo, cuando el partido hegemónico no tiene los dos tercios el Órgano Judicial “auxilia” al Ejecutivo para que asuma competencias “una barbaridad y esto viene aplaudido por el Ministerio de Justicia”, dice.

Flores advirtió que se puede ahondar en el problema porque si antes con dos tercios ya habían “desportillado” la independencia de poderes, cuando no tienen dos tercios la cosa es todavía peor y esto va a generar una crisis entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.

Explicó que el ataque al Órgano Judicial estuvo recubierto por una teoría “de-colonial” para legitimar un discurso de que la justicia occidental sencillamente no sirve por ser occidental, por ser impuesta, así como sus códigos, delitos y formas de sancionar; y se buscó potenciar el sistema de justicia comunitaria.

¿QUÉ HACER FRENTE

AL USO POLÍTICO DE

LA JUSTICIA?

Flores y Derpic creen que el escenario no es alentador, es más, dicen que está lejos de que el Gobierno facilite las condiciones para la independencia del Órgano Judicial, especialmente porque el Gobierno tiende al control de las instituciones.

Todo pasa porque existen intereses de poder independientemente del color partidario, dijo Calvimontes, está convencida que cuando se asume el poder se quiere controlar todo, esto en relación al control que se ejerce del poder judicial.

El cambio pasa por la voluntad del Gobierno, que tiene el control de prácticamente todas las instituciones, de avanzar “escuchándonos y conectándonos con la sociedad civil organizada de manera de que hagamos propuestas de modificación de reforma a la Constitución Política del Estado”, añadió la jurista.

Flores cree que es importante que el Gobierno comprenda que los hechos no son fortuitos, sino que tienen causas, como la crisis política de 2019 que fue el resultado de una acumulación del malestar porque el expresidente Evo Morales usó la justicia para habilitarse como candidato por un “cuarto mandato”.

O el hondo malestar que se crea por cómo está operando la justicia de manera hasta “criminal”, la cantidad de feminicidios en el país, la liberación de los feminicidas y violadores, el premio a jueces restituidos en sus cargos a pesar que liberaron a personas con sentenciadas por delitos.

Flores concluyó que si no hay este nivel de consciencia sobre las causas de los hechos “difícilmente va a cambiar y lo que está más bien indicando es que está tendiendo a profundizar esta lógica de funcionalización de la justicia”.

Carlos Derpic dijo que lo ideal sería que en la “Asamblea Legislativa pudiera darse un acuerdo para reformar la justicia sin necesidad de esto que están haciendo los juristas independientes modificación parcial de la Constitución vía iniciativa legislativa que surja de la Asamblea Legislativa, pero parece difícil”.

Calvimontes finalmente cree que es necesario recuperar el espíritu constituyente para la preselección de los candidatos a las altas magistraturas del Órgano Judicial, en esa línea presentó con otros dos de sus colegas una propuesta de reforma constitucional, pero hasta ahora no ha merecido una respuesta del vicepresidente, David Choquehuanca.

“Entonces no existe voluntad porque ellos (Gobierno) tienen el sartén por el mango ellos manejan todo el poder público procuraduría defensoría contraloría órgano judicial todo, todo”, sostuvo (ANF).