鈥淓sta declaraci贸n constitucional (049/2023) al haberse configurado en una AUTO PR脫RROGA DE MANDATO se constituye en una forma de asociaci贸n (delictiva) entre el solicitante, quien en su condici贸n de presidente del TSJ (Ricardo Torres) y el ejecutante el TCP, da los instrumentos necesarios para otorgarse poderes m谩s all谩 de la Constituci贸n Pol铆tica del Estado (CPE), ya que seg煤n la norma que rige, su mandato debi贸 ser sustituido por nuevas autoridades electas, por voto ciudadano y no por decisi贸n unilateral que los beneficia a s铆 mismos en perjuicio de la comunidad鈥�, se帽ala parte de la Querella presentada por Aruquipa.

ANTECEDENTES

El 11 de diciembre el TCP emiti贸 la resoluci贸n 049/2023, en respuesta a la consulta constitucional presentada el 20 de septiembre por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, sobre las dudas de legalidad que ten铆an sobre el Proyecto de Ley 144/2022-2023 (Ley transitoria para las elecciones judiciales). Previamente, dicho proyecto fue aprobado por la mayor铆a en la C谩mara de Senadores, luego, el mismo deb铆a pasar a la C谩mara de Diputados y luego ser votado en el pleno de la Asamblea Legislativa, pero ese proceso se interrumpi贸 y se mand贸 el documento para su revisi贸n al TCP.

El Proyecto de Ley 144 para las elecciones judiciales, entre otros puntos, planteaba que todos los magistrados dejen sus cargos el 3 de enero de 2024 y que el personal subalterno del TSJ, TCP, la Magistratura y el Tribunal Constitucional sean los encargados de realizar la 鈥渢ransici贸n鈥�, hasta la posesi贸n de nuevas autoridades electas en las elecciones judiciales, cuya realizaci贸n es incierta. Asimismo, se propuso suspender los plazos procesales durante ese tiempo.

Ambos puntos de ese proyecto de ley fueron declarados inconstitucionales por el TCP. Si bien Comunidad Ciudadana, Creemos y el ala evista del MAS presentaron otras propuestas, las mismas no fueron debatidas formalmente en la Asamblea Legislativa.

Pese a que la norma constitucional da un plazo de 30 d铆as para que se resuelvan las consultas en el TCP, el magistrado a cargo del fallo, Ren茅 Espada, emiti贸 la resoluci贸n 049/2023 el pasado martes, luego de 51 d铆as y declar贸 la 鈥渁utopr贸rroga鈥� de los 26 magistrados en sus cargos sin una fecha l铆mite. Espada dio lectura del fallo en presencia y con respaldo de todos los magistrados del TCP, horas m谩s tarde, sus colegas del TSJ y el Tribunal Agroambiental tambi茅n emitieron pronunciamientos declarando su apoyo a dicha resoluci贸n.

CUESTIONAMIENTO

Sin embargo, Aruquipa explic贸 que la resoluci贸n 049/2023 emitida por el TCP, instancia presidida por el exfiscal Paul Franco, es completamente ilegal, debido a que falla sobre varios puntos que fue parte de la consulta constitucional hecha por el TSJ. Adem谩s, advirti贸 que se incurri贸 en un fallo que auto favorece a los propios magistrados, tomando como pretexto la consulta del TSJ, definen ampliar su mandato y de forma indefinida.

鈥淓n el petitorio (del TSJ) no consta que se haya solicitado un pronunciamiento respecto a la situaci贸n legal de magistrados del 脫rgano Judicial y mucho menos indeterminar o prolongar sus funciones establecidas en la ley鈥�, se帽ala la querella presentada a Huaytari.

16 DELITOS

Aruquipa detalla en su querella, que identific贸 como autores materiales del hecho delictivo a los nueve miembros del TCP y, se帽ala como c贸mplices al resto de los miembros de 脫rgano Judicial.

鈥淒e la misma forma y siendo que la ley juzga ya sea por comisi贸n u omisi贸n, los otros magistrados beneficiados con la Declaraci贸n Constitucional Plurinacional N潞 49/2023, al no haberse pronunciado sobre la pr贸rroga, han procedido a adecuar su conducta a los t茅rminos de la presente denuncia y de los delitos enunciados, tomando en cuenta que los mismos juraron cumplir y hacer cumplir la CPE, tengo a bien denunciar por c贸mplices, por omisi贸n, a los siguientes ciudadanos鈥�, menciona el documento presentado por Aruquipa.

A continuaci贸n, en el texto se cita los nombres de los otros 15 magistrados del TSJ, la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. M谩s adelante, en el punto ocho del memorial se enumeran los 16 delitos en los que presuntamente incurrieron los magistrados.

HECHOS DELICTIVOS

Resoluciones contrarias a la CPE y las leyes; incumplimiento de deberes; nombramientos ilegales; usurpaci贸n de funciones; prevaricato; sociedades o asociaciones ficticias; discriminaci贸n; difusi贸n e incitaci贸n al racismo; monopolio de trabajo; autor铆a; asociaci贸n delictuosa; uso indebido de influencias; tr谩fico de influencias; beneficios en raz贸n del cargo; encubrimiento y disposici贸n com煤n.

La querella remitida al presidente de la C谩mara de Diputados, adem谩s de ofrecer documentos de prueba y solicitar la citaci贸n de al menos 20 testigos de cargo, concluye solicitando medidas cautelares y garant铆as personales para proteger al denunciante, quien adem谩s se declara v铆ctima de la resoluci贸n 049/2023. (Periodismo sin Photoshop)