鈥淗ay un uso excesivo de la detenci贸n preventiva, hay retardaci贸n de justicia y corrupci贸n al interior de las c谩rceles. Las autoridades nacionales deben recordar que Bolivia ratific贸 convenios y tratados internacionales por lo que est谩n obligados a garantizar la seguridad de los privados de libertad鈥�, dijo el legislador Guti茅rrez a EL DIARIO.

El diputado Ayala fue enf谩tico al se帽alar que el R茅gimen Penitenciario no cumple con la Ley de Ejecuci贸n y Supervisi贸n Penal. Frente a esta situaci贸n de abandono, deber铆a existir una administraci贸n privada que garantice que quienes no tienen sentencia no est茅n mezclados con los sentenciados.

鈥淎l interior de la c谩rcel quien debe controlar es el Gobernador, pero este pareciera que cumple un rol meramente administrativo, pues son los privados de libertad que crean sus grupos de poder y control鈥�, afirm贸 Ayala.

ENTRE EL SUICIDIO O SER ASESINADOS EN TARIJA

Los presos que no pueden cumplir con las extorsiones que imponen los grupos criminales de poder dentro del penal de Morros Blancos, se ven obligados a tomar la dr谩stica decisi贸n de quitarse la vida. Incluso bajo la amenaza de que, si no lo hacen por voluntad propia, podr铆an tener una muerte mucho m谩s dolorosa, inform贸 la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (Apdht).

鈥淟o que nos refieren en algunos de los casos les dicen que, si no se suicidan ellos, la muerte va ser peor, es decir ellos van a perder la vida, pero en condiciones de mayor sufrimiento (鈥�)鈥�, inform贸 hace unos d铆as la presidenta de la Apdht, Yolanda Herrera y agreg贸 que en esta gesti贸n dos presos se suicidaron y en los 煤ltimos seis a帽os 14 reos fueron asesinados.

La defensora de derechos humanos afirm贸 que en sus visitas al penal de Morros Blancos recibi贸 esas revelaciones de los mismos reclusos, quienes le mencionaron que si no cumplen con el pago de dinero por espacios dentro del penal o por tener seguridad, son amenazados de ser golpeados, abusados, incluso amenazan con hacerle da帽o a sus familiares que est谩n fuera de la c谩rcel.

Seg煤n Herrera, estos grupos de poder est谩n conformados por reos que tienen sentencias de 30 a帽os, quienes ya no tienen nada que perder y convierten al penal de Morros Blancos en un escenario propicio para seguir delinquiendo, en algunos casos con complicidad de algunos malos polic铆as.

El diputado Ayala manifest贸 que el R茅gimen Penitenciario debe catalogar a los internos y, de acuerdo a los delitos que cometieron, destinarlos en las 谩reas correspondientes, sin mezclarlos.

鈥淣o obstante, todos los internos est谩n medidos con la misma vara, los sentenciados y quienes est谩n con detenci贸n preventiva est谩n en un solo espacio. Es ah铆 donde nace la vulneraci贸n de derechos humanos de los privados de libertad, pues quienes tienen una sentencia y aquellos que cumplen una condena de 30 a帽os sin derecho a indulto, quienes tienen 35, 40 a帽os de edad para adelante se dedican a extorsionar, esto como una forma de vida para contar con recursos鈥�, explic贸 Ayala.

A esta cr铆tica situaci贸n se suma que, de m谩s de 1.000 varones y 52 mujeres que est谩n presos en Morros Blancos, el 70% no tiene sentencia condenatoria y est谩n detenidos de manera preventiva. En otros casos, hay personas encarceladas que ya cumplieron su condena, sin embargo, no pueden salir, inform贸 la Apdht.

Ayala agreg贸 que la Fiscal铆a y el 脫rgano Judicial deber铆an 鈥渆mitir un instructivo sobre la aplicaci贸n del principio de celeridad y criterios de prioridad鈥� en los diferentes casos, debido a que hay gente encarcelada que ya cumpli贸 su sentencia.

EN LA LLAJTA, PRESOS SON ABUSADOS POR AUTORIDADES

En octubre, privados de libertad del penal El Abra denunciaron a la Direcci贸n de R茅gimen Penitenciario a la trabajadora social Karen U. por abuso de autoridad y corrupci贸n, principalmente en contra de internos que sobreviven en el recinto con alg煤n tipo de emprendimiento.

鈥淎qu铆 el abuso es tremendo de parte de funcionarios del R茅gimen Penitenciario, por haber denunciado sus abusos, en lugar de tomar acciones y soluciones, fue todo lo contrario, lo que hubo fueron represalias tremendas hacia todos, Tankara (exdelegado del penal conocido por su crueldad) se qued贸 chico, no fue nada a lo que vivimos hoy con el hostigamiento, el amedrentamiento y la falta de derechos humanos鈥�, denunci贸 un interno en contacto con ANF.

Paola Ceballos, la presidenta de la Asociaci贸n de V铆ctimas Judiciales de La Paz, expres贸 que en m谩s de una ocasi贸n los presos o sus familiares presentaron denuncias contra esa funcionaria ante la Direcci贸n de R茅gimen Penitenciario sin tener una soluci贸n concreta.

Esa funcionaria 鈥渄os veces ha sido retirada, pero solo por un mes y ahora nuevamente la han reincorporado como trabajadora social de El Abra鈥�, denunci贸 Ceballos a ANF y complement贸 que Karen U. abusa a los reclusos al privarles el derecho al trabajo.

El diputado Guti茅rrez se帽al贸 como el peor de los males judiciales al uso y abuso de la detenci贸n preventiva y la retardaci贸n de justicia que provocan estos casos de corrupci贸n dentro de las c谩rceles.

鈥淪on las autoridades judiciales que se precipitan en asumir como soluci贸n 贸ptima la detenci贸n preventiva, situaci贸n que causa mayor hacinamiento en las c谩rceles de Bolivia. Los sentenciados aprovechan esta situaci贸n para extorsionar鈥�, sostuvo el legislador de Creemos.

LA PAZ: 鈥淎S脥 ES LA C脕RCEL Y NO PODEMOS HACER NADA鈥�

La esposa de un privado de libertad de la c谩rcel de San Pedro, en La Paz, quien sufri贸 una golpiza, denunci贸 las pr谩cticas irregulares que existen dentro de ese penal, en cuanto a la comercializaci贸n de celdas, adem谩s de presuntos hechos de corrupci贸n que involucrar铆an incluso a polic铆as.

La mujer call贸 mucho tiempo, a pesar de los maltratos que sufr铆a su esposo, pero rompi贸 el silencio despu茅s de que su familiar sufri贸 la golpiza en el penal y tuvo que ser atendido m茅dicamente.

Cont贸 que, cuando su familiar entr贸 a la c谩rcel, tuvo que pagar unos 4 mil bolivianos, de los cuales 3.500 eran por el 鈥渄erecho de piso鈥� para garantizar su seguridad en la secci贸n 鈥淕uanay鈥�, 300 para que lo saquen del sector 鈥淕rulla鈥� y 200 para incorporarlo en una lista.

Se帽al贸 que hay cobros de mil o dos mil bolivianos para evitar sanciones en el sector 鈥淢uralla鈥�. La mujer dijo que oficiales de turno tambi茅n recibir铆an parte de los pagos.

La mujer indic贸 que cuando fue a hacer el reclamo ante el director del penal, 茅ste le respondi贸: 鈥渟abe qu茅 se帽ora, as铆 es la c谩rcel y no podemos hacer nada, la c谩rcel es la c谩rcel鈥�.

Guti茅rrez complement贸 que el Gobierno 鈥渆st谩 obligado a contar con una instancia independiente鈥� con el objetivo de que se examine peri贸dicamente 鈥渆l trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad鈥� o en custodia del Estado boliviano.

APU脩ALAMIENTO

EN PALMASOLA

El pasado fin de semana en la c谩rcel de Palmasola, un ciudadano chileno, condenado a 20 a帽os de c谩rcel, apu帽al贸 a un recluso boliviano durante un altercado. Nicanor Curcuy, gobernador de Palmasola, inform贸 sobre el incidente y asegur贸 que se tomar谩n las medidas correspondientes.

La investigaci贸n preliminar revel贸 que el altercado se origin贸 por una disputa relacionada con una prenda de vestir dentro del penal.

La Felcc ha sido notificada sobre el incidente y participar谩 en la investigaci贸n para esclarecer los hechos. Se espera que se tomen las medidas necesarias para mantener la seguridad en la c谩rcel y prevenir futuros altercados. (EL DIARIO, El Pa铆s, Anf y Erbol)