Diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con los representantes de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a Bolivia esta semana, para exponer las dificultades y falta de transparencia del Estado en la aplicaci贸n de las recomendaciones del informe del GIEI, respecto a la crisis del a帽o 2019.

Sin embrago, los presentes tambi茅n aprovecharon la ocasi贸n para expresarle al comisionado Jos茅 Luis Caballero, quien encabez贸 la misi贸n en su calidad de relator para Bolivia, su preocupaci贸n por los casos Golpe I y II, caso C茅sar Apaza, el caso de Marco Aramayo, Elvira Parra, Las Londras, caso Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros referidos al ejercicio de libertades de prensa, asociaci贸n, expresi贸n y protesta que, si bien no se ajustan al marco temporal del informe, tienen relaci贸n con las recomendaciones de car谩cter estructural que el Estado debe implementar para fortalecer la institucionalidad democr谩tica y el Estado de Derecho.

La informaci贸n sobre lo ocurrido en la audiencia con la sociedad civil fue proporcionada por las directoras ejecutivas de la red Unitas y de la Fundaci贸n Construir, Susana Er贸stegui y Susana Saavedra, respectivamente.

Er贸stegui coment贸 que se hizo notar 鈥渓a falta de investigaciones serias, efectivas, exhaustivas, diligentes y con pleno respeto del debido proceso en casos emblem谩ticos鈥�.

Saavedra coment贸 que como el informe de la Mesa de Seguimiento (Meseg) habla de la poca informaci贸n que hubo frente a casos emblem谩ticos del informe, entonces la sociedad civil se refiri贸 a la situaci贸n de la justicia, por lo que el relator pregunt贸 sobre algunos casos. 鈥淓n ese contexto hemos hablado de C茅sar Apaza, la situaci贸n que vivi贸 en su momento Marco Aramayo, Elvira Parra, que sigue atravesando ese proceso, quienes son un ejemplo de los miles de casos a los que no podemos acceder para ver c贸mo opera la justicia, tanto en criminalizaci贸n como en brechas para el debido proceso e injerencia en la justicia鈥�, indic贸 Saavedra.

La comitiva de la CIDH lleg贸 a Bolivia para presentar el informe de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Especial Interdisciplinario (GIEI) que investig贸 los hechos de 2019, cuando m谩s de 30 personas murieron en episodios violentos, luego de la renuncia de Evo Morales y la asunci贸n de Jeanine A帽ez a la presidencia interina.

A pesar del corto tiempo asignado (una hora aproximadamente), las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundaci贸n Construir, Comunidad de Derechos Humanos, ITEI (Instituto contra la tortura), Coordinadora de la Mujer, Unitas, Asociaci贸n Nacional de Periodistas, Cedib, Salvaginas expusieron los hallazgos encontrados en el seguimiento realizado a las recomendaciones, apuntando las dificultades, los vac铆os y la falta de voluntad pol铆tica del Estado para su implementaci贸n y resaltando que la agenda de derechos humanos en el pa铆s no es una prioridad.

A su vez, la sociedad civil reiter贸 la importancia de ampliar el enfoque de las recomendaciones referidas a la reivindicaci贸n de las v铆ctimas y las vulneraciones a sus derechos para que, a tiempo de cumplir las mismas, bajo principios de pacificaci贸n, no repetici贸n y no revictimizaci贸n, 鈥渘o se utilice dicho reconocimiento con fines pol铆tico-partidarios, pues ello profundiza la polarizaci贸n existente en el pa铆s; el informe del GIEI tiene un efecto perverso鈥�, manifest贸 Er贸stegui.

En este informe de medio t茅rmino, se evalu贸 el papel del Estado en los aspectos referidos a la reparaci贸n de las v铆ctimas, sin embargo, desde abril de este a帽o y el pr贸ximo a帽o, el Estado debe encarar reformas estructurales en la justicia y otros 谩mbitos como la discriminaci贸n y el racismo.

SOBRE EL RELATOR

Tanto Saavedra como Er贸stegui destacaron la apertura de la comisi贸n. 鈥淓stablecer contacto con el comisionado Jos茅 Luis Caballero, quien reemplaza a Joel Hern谩ndez, anterior relator para Bolivia, gener贸 expectativa en las instituciones presentes considerando que el trabajo realizado por el excomisionado Hern谩ndez fue duramente cuestionado por su parcializaci贸n con las posiciones del gobierno del MAS鈥�, se帽al贸 Er贸stegui.

鈥淗a sido bueno el espacio, ha habido mucha apertura de parte de la comisi贸n鈥�, evalu贸 Saavedra, quien explic贸 que los dos informes, tanto del GIEI como de Meseg 鈥渕uy precisos porque describen que el Estado tiene poca transparencia鈥�. Por eso, la directora de Construir dijo que 鈥渆s muy importante tener mayor acceso a la informaci贸n porque los avances han sido tenues鈥�.

Saavedra percibe que Caballero 鈥渆st谩 muy atento a lo que pasa en Bolivia (鈥�) y ya se ha pronunciado varias veces por la independencia judicial鈥�, adem谩s de hacer seguimiento a la situaci贸n de las elecciones judiciales.

SOBRE EL AVANCE

Referente a la afirmaci贸n de que el Estado s贸lo cumpli贸 cuatro de 36 recomendaciones, Saavedra hace notar que para el primer a帽o solo ten铆a que cumplir entre 10 y 12 indicadores, pero que, para este segundo a帽o, que corre a partir de abril, se tienen que abordar los temas estructurales, donde 鈥渃asi no hay ning煤n avance鈥�. Explic贸 que entre estos temas est谩 鈥渓a justicia, el racismo, la discriminaci贸n, que son los temas que el Estado no ha mirado en estos a帽os鈥�.

Sin embargo, el balance de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado, es m谩s negativo que positivo, seg煤n han coincidido actores que asistieron a diversos encuentros con la comisi贸n.

Seg煤n el Primer Informe Meseg, presentado el 13 de noviembre pasado, 10 recomendaciones tienen un cumplimiento 鈥減arcial鈥�; una tiene 鈥渃umplimiento parcial sustancial鈥� y la que est谩 鈥減endiente de cumplimiento鈥� es la recomendaci贸n No. 9, que se帽ala 鈥渜ue el 脫rgano Judicial haga un control permanente de las investigaciones, para garantizar la celeridad y el respeto al debido proceso legal, incluso con relaci贸n a las aprehensiones realizadas por el Ministerio P煤blico y la Polic铆a鈥�.

Entretanto, dos recomendaciones figuran como 鈥渢otalmente cumplidas鈥�. Una de ellas, la recomendaci贸n No. 10 indica que se debe 鈥淕arantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnist铆a en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares鈥�, sin embargo, hay que recordar que, si bien se abrog贸 el decreto de amnist铆a observado, los principales cargos del MAS quedaron libres de procesos y de culpa.

En el mes de octubre de 2021, mediante Decreto Presidencial N掳 4571, se abrog贸 el Decreto Presidencial N掳 4461 de Concesi贸n de Amnist铆a e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Pol铆ticos que estaba vigente desde febrero de 2021. Si bien el Gobierno afirma que el Decreto N掳 4461 no benefici贸 a ninguna persona perseguida por razones pol铆ticas y que, desde su aplicaci贸n, el 18 de febrero de 2021 al 20 de octubre de 2021, 709 privados y privadas de libertad fueron beneficiados por razones humanitarias, los procesos que se abrieron contra dirigentes y exautoridades del MAS fueron extinguidos y estas personas no fueron acusadas nuevamente por delitos por los que fueron se帽aladas por los hechos de 2019.

Seg煤n un recuento de Los Tiempos, del 24 de octubre de 2021, en este grupo hay varios dirigentes y exautoridades del MAS que fueron acusados de delitos de terrorismo, sedici贸n o fraude electoral. Entre los beneficiados se encuentran los exministros Wilma Alanoca, Javier Zavaleta, Juan Ram贸n Quintana y H茅ctor Arce; adem谩s de Faustino Yucra, imputado por terrorismo junto a Evo Morales, por la intenci贸n de cercar a las ciudades, que luego de ser detenido despu茅s de intensa b煤squeda, fue liberado. Otro caso es el del exdirigente de la Fejuve de La Paz, Jes煤s Vera, acusado por la quema de los buses PumaKatari y la casa del exdefensor Waldo Albarrac铆n, durante los conflictos post electorales, que estuvo tres meses en la c谩rcel y luego con detenci贸n domiciliaria hasta que finalmente fue liberado de culpa.

La justicia tambi茅n rechaz贸 las querellas contra los entonces dirigentes Andr贸nico Rodr铆guez y Leonardo Loza, ahora senadores, y contra los l铆deres de la COB, por los bloqueos de agosto de 2020 y por no permitir el ingreso de ox铆geno a las ciudades. La justicia levant贸, adem谩s, el arresto domiciliario del ex asamble铆sta departamental de La Paz, Gustavo Torrico, acusado por terrorismo, sedici贸n e instigaci贸n p煤blica a delinquir. La abrogaci贸n del Decreto, activ贸 la persecuci贸n pol铆tica contra exautoridades del gobierno transitorio, dirigentes c铆vicos y otros.

Los aportes y solicitudes de la sociedad civil a Meseg buscan superar los temas pendientes y promover el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados por el Estado boliviano en el marco del principio de transparencia y rendici贸n de cuentas y su rol como garante de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparaci贸n a todas las v铆ctimas. (Br煤jula Digital)