El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, reveló en las últimas horas que el país trabaja con Rusia en los protocolos para la posible fabricación de vacunas contra el Covid-19 de Sputnik V y posicionar a Bolivia en un centro estratégico para la destrucción las dosis a los países de Sudamérica.

Tras el anuncio sobre el inicio del trámites para la activación del sello azul para la captura internacional del exministro Arturo Murillo, los legisladores de oposición señalan que esta determinación es una nueva muestra de la persecución política ejercida desde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Parlamentarios señalan que las peticiones ante la Policía Internacional para que se proceda con el arresto y la posterior extradición de la exautoridad del gobierno de transición, responden a un nuevo caso de persecución política en contra de exmiembros del gobierno de Jeanine Añez.
Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, los anuncios son una prueba más de que el partido gobernante ha iniciado una campaña de persecución en contra de autoridades del gobierno de transición.
“Es parte de la persecución que está haciendo este Gobierno, seguramente ellos verán los pasos a seguir respecto a la justicia, verán cómo van a hacer ellos para tratar de extraditar al señor Murillo y a la le gente que está con juicios pendientes�, aseguró el parlamentario.
Reiteró que desde la oposición no se participará en ningún acto que signifique la persecución de ciudadanos por motivos políticos, como ocurre en el caso de la expresidenta Añez, exministros, policías y ciudadanos que defendieron la democracia tras el fraude electoral.
“Nosotros hemos dicho que no vamos a ser parte de la persecución política con respecto a la señora Jeanine Añez y con respecto a la manipulación de la justicia que se vive en el actual Gobierno�, dijo.
Por su parte, el diputado oficialista Juanito Angulo expresó su respaldo a los anuncios gubernamentales sobre la petición de activación del sello azul en contra de Murillo, y manifestó que es momento para que el país del norte deje de proteger a personas que deben rendir cuentas a la justicia en Bolivia.
“Esperamos la cooperación del gobierno de Estados Unidos para que de una vez se extradite al señor Arturo Murillo, no pueden seguir protegiendo como han protegido a Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. En este caso el señor Murillo, tiene que responder a los aspectos procedimentales para que se pueda extraditar� señaló Angulo.
La pasada semana, desde el Ministerio de Gobierno, se anunció que se solicitó ante la Interpol, la activación del sello azul en contra del extitular de la cartera de Gobierno.

Ante las acusaciones del Gobierno sobre un supuesto golpe de Estado que se gestó en la Universidad Católica, el representante de la Iglesia manifestó que lo único que esta institución hizo fue brindar sus instalaciones para que se realicen reuniones que pacifiquen el país en un momento delicado.
El padre José Fuentes reveló que tras las reuniones de pacificación en noviembre de 2019, la exsenadora Adriana Salvatierra invitó a obispos de la Iglesia Católica a la posesión de la entonces senadora Jeanine Añez en instalaciones de la Asamblea Legislativa por lo que queda descartada la teoría de que se gestó un golpe de Estado desde las instalaciones de la Universidad Católica como sostienen autoridades de Gobierno.
Fuentes reiteró que en las reuniones entre actores políticos, cívicos y sociales, hubo un acuerdo para que la entonces senadora, Jeanine Añez, asuma la presidencia en noviembre de 2019, estando las senadoras Andriana Salvatierra y Susana Rivero, presentes al momento de comunicar esta determinación a la exmandataria.
El actual rector de la Universidad Católica Boliviana, padre José Fuentes, quien en 2019 desempeñaba funciones como Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia y estuvo presente en las reuniones para la pacificación del país, señaló que Salvatierra y Rivero presenciaron y consintieron el acuerdo para entregar la presidencia a Añez como la mejor salida constitucional al conflicto.
“Aquí hubo un acuerdo, incluido el MAS, como ya ha dicho la Conferencia Episcopal; ellas estaban aquí presentes, aquí hubo un acuerdo, incluso hubo una invitación de Adriana Salvatierra para que los miembros de la Iglesia participásemos en la toma de posesión aquella misma tarde del 12 de noviembre. Ella se acercó a los obispos, yo estaba presente ahí, y ha invitado a todos a participar en la Asamblea Plurinacional, en la sesión de investidura de aquella tarde�, manifestó Fuentes a Página Siete.
Ante las acusaciones del Gobierno sobre el supuesto golpe de Estado que se gestó en la Universidad Católica, el representante de la Iglesia manifestó que lo único que esta institución hizo fue brindar sus instalaciones para que se realicen reuniones que pacifiquen el país en un momento delicado.
“La Universidad Católica, lo único que hizo, con una extraordinaria predisposición, fue prestarnos un salón; la Universidad Católica no tuvo nada que ver en aquellos diálogos de octubre, noviembre de 2019�, dijo.
Fuentes reiteró que la Iglesia Católica ha sido muy clara, mediante dos comunicados emitidos con anterioridad, en que no hubo ningún golpe de Estado y que esta posibilidad es una fantasía.
Lamentó que todo el trabajo para la pacificación del país y el momento histórico vivido en aquella ocasión, se haya malinterpretado y sacado de contexto por el Gobierno para inventar una nueva historia, con otros fines.

El exdiputado Gonzalo Barrientos denuncian que desde el Gobierno se ejecuta una estrategia para amedrentar a la población y a los efectivos de la institución del orden que participaron del motín que provocó la renuncia y posterior huida de Morales.
Ante las solicitudes emitidas por el Gobierno, mediante el Viceministerio de Descolonización, a la Policía Boliviana para que esta institución presente las listas de los efectivos policiales que estuvieron de servicio durante la convulsión social tras las elecciones anuladas en el año 2019 que derivó en un motín policial, el exdiputado Gonzalo Barrientos señaló que con estas acciones se busca generar temor en la institución del orden y en la población.
Barrientos dijo que la verdadera finalidad de estas peticiones es generar temor en los efectivos policiales que defendieron la democracia y se unieron a su pueblo ante al fraude electoral.
“Lo que están buscando es mostrar, supuestamente, un escarmiento a la Policía Nacional, lo que están buscando es generar temor y terror en la policía y ante el pueblo boliviano� refirió la ex autoridad.
Denunció que desde el Gobierno se ejecuta una estrategia para amedrentar a los efectivos de la institución del orden que participaron del motín que provocó la renuncia y posterior huida de Morales.
“Hay una estrategia de someter al pueblo boliviano y para eso se están presentando estos proyectos de ley, para eso se está utilizando el poder y por eso se están pidiendo esta listas�, indicó.
Desde el oficialismo se señala que se han solicitado estas listas con el único fin de realizar las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades ante la justicia por el supuesto golpe de Estado de 2019.
“Estos hechos deben ser investigados conforme al proceso, conforme al debido proceso, y no desvirtuar como se intenta hacer desde la oposición señalando que se trata de una persecución. Quieren desvirtuar, pretenden alejar los hechos que vivió el pueblo boliviano y dejando de lado los actos cometidos� manifestó el diputado oficialista, Juanito Angulo.
Reiteró que estas acciones no se tratan de una persecución política, sino una investigación en torno al motín policial y las responsabilidades de algunos policías, por lo que deben responder ante la justicia.