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Coordinadora nacional frenará megaobras en áreas protegidas

El Diario
Publicado 2018-12-05 10:00:17.
Coordinadora nacional frenará  megaobras en áreas protegidas
Frente a la vulneración y avasallamiento de tierras, los indígenas y campesinos afectados por megaobras hidroeléctricas y proyectos petroleros crearon una Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas, instancia que apunta a resistir los planes que atentan contra la Madre Tierra.

Según una publicación de La Prensa, el primer Congreso Nacional de Integración, Defensa de Territorios y Áreas Protegidas que se llevó a cabo el fin de semana en Tariquía eligió a 10 miembros de las zonas de resistencia a proyectos extractivos del país para crear la coordinadora.

El secretario de comunicación de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Alex Villca, que participó de la reunión y ahora es miembro de la coordinadora, ninguno de los 10 integrantes tendrá un cargo en específico.

“Somos seis mujeres y cuatro varones de las principales resistencias. No se ha definido la estructura por temas estratégicos. Cuando se define un presidente o vicepresidente, inmediatamente somos descalificados, coartados, amedrentados y perseguidos”, explicó Villca.

Lo que se busca a través de la coordinadora es articular la lucha para la resistencia en contra de proyectos que vulneran los derechos de los pueblos indígenas e ingresan en áreas protegidas.

De la reunión participaron indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), campesino de Tariquía, pobladores de Tucabaca y Aguaragüe; además de tacanas. Por otra parte, también asistieron los pobladores de conflictos sociales emblemáticos por la construcción de hidroeléctricas como Rositas y El Bala.

En el encuentro también se determinó desconocer los decretos supremos que encaminan proyectos extractivistas en territorios indígenas y áreas protegidas. Por otra parte, se solicitó que se deje sin efecto las dotaciones de tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en áreas protegidas.

“Es algo que se está viviendo y se ha convertido en un instrumento operativo y además de represión del INRA. Están siendo ellos los que están promoviendo la dotación de tierra a sindicatos en áreas protegidas”, afirmó Villca.

Campanazos de las capillas en las comunidades, reuniones, vigilias permanentes y redes de lucha son algunos de los mecanismos que se emplean en Bolivia para hacer frente a la arremetida contra las áreas protegidas.

En la última década, alrededor de 22 proyectos que son impulsados por el Gobierno, sumados a una serie de asentamientos humanos en la Chiquitanía, pusieron en riesgo pisos ecológicos, animales silvestres y la calidad de vida de pueblos indígenas y campesinos.

Se prevé que la coordinadora logre enlazarse a redes de otros países que también hacen frente a proyectos extractivos con el objetivo de visibilizar la problemática a nivel internacional.

ASENTAMIENTOS

Según el asambleísta departamental por la provincia Chiquitos, Hugo Salmón, los asentamientos ilegales ocurren en las 35 áreas protegidas del departamento de Santa Cruz y gran parte de estas comunidades cuentan con resoluciones de asentamiento emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Salmón manifestó que solamente en el municipio de San José de Chiquitos existen más de 200 comunidades en tierras fiscales durante las tres gestiones de Evo Morales. Recientemente se desató un conflicto en Roboré.

LUCHA DE TARIQUÍA

Otra publicación de Laizquierda, la lucha por la preservación de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía no es reciente, pues forma parte de un proceso de intensificación de políticas extractivistas (que son constitutivas del proceso de acumulación del capital) que se acrecentó en el período neoliberal, por ello, la Reserva se constituye como tal (en 1989) frente a un proceso de deforestación y extracción ilegal de maderas que amenazaba las 246.870 hectáreas de bosque tucumano boliviano. Un ecosistema único en el país y uno de los principales en la región, cuyo objetivo es el mantener y proteger las funciones ecológicas centrales.

Esta lucha ha sido dada con especial participación de las mujeres, las familias campesinas de la Reserva y la Subcentral sindical de Tariquía, quienes, de forma orgánica han venido sosteniendo como posición la conservación de su territorio por sobre políticas desarrollistas. También hay que señalar que la gestión de su territorio tiene titulación proindiviso que se determinó mucho antes de que se establezca como área protegida.

En Tariquía, toda la dinámica familiar y comunal alrededor de la tierra está gestionada por el sindicato campesino. El distrito 8, que es la zona núcleo de la reserva, está conformada por 10 comunidades que están representadas sindicalmente mediante la subcentral de Tariquía, que se encontraría en medio de la estructura sindical entre provincia y departamento.

RESPALDO LEGAL

Según la constitución (Art. 9, numeral 2), el Estado tiene la obligación de “garantizar […] la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Nada de esto sucede. No puede existir respeto mutuo, ni diálogo intercultural, sin el derecho mínimo a la consulta previa, en lugar de ello, arremeten violentado toda soberanía sobre su territorio.

Además, el artículo 30 de la Constitución se refiere específicamente al derecho de los pueblos indígenas y campesinos “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.” Y que además “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

El artículo 33 también expone que “las personas tienen el derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado” y que el ejercicio de este derecho debe permitirles “a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos desarrollarse de manera normal y permanente”.



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