El esposo de la exdirectora del Fondo Indígena Elvira Parra, Joaquín Chuquimia, relató el tormento judicial que sigue viviendo su familia, incluso la situación sería “peor” después de la muerte de Marco Antonio Aramayo. Sospecha que su pareja sufre la represalia por haber denunciado su situación jurídica.

“Le han llevado a mi esposa a Santa Cruz, tal vez es una represalia sobre lo que ha declarado hace un mes de cómo está detenida y le están casando”, sostuvo Chuquimia en declaraciones a la ANF, la pasada semana.

Lamentó que después que hizo declaraciones, le enviaron a Santa Cruz en el marco de un juicio de los tantos procesos que debe enfrentar. Manifestó que la situación empeoró después de la muerte de Aramayo, aunque tenían la esperanza que el sistema judicial reconduzca sus acciones.

Marco Antonio Aramayo murió en abril con más de dos centenas de procesos por el denominado “desfalco” en el Fondo Indígena. Falleció tras ingresar en coma y dos paros cardíacos. Le mantuvieron siete años en la cárcel.

Rechazaron prácticamente todas sus solicitudes de cesación a la detención preventiva, y le impusieron una tras otra detención para que no salga de la cárcel, sostuvo el propio Aramayo y su abogado Héctor Castellón a la ANF.

“La situación ahora es peor”, dijo Chuquimia lamentando que el calvario no termina para su familia. “Es un gasto de dinero, ya no sé qué hacer con tantos casos es imposible seguir. El abogado tiene que ir desde aquí. Es un tema de cansancio, es una injusticia total”, comenta.

La desesperación hace que se quiebre su voz cada vez que habla sobre la “indolente” justicia, que el año pasado le impuso a su esposa una fianza de Bs 50.000, además que los cuatro garantes debían depositar Bs 20.000. “No es posible cumplir con esos requisitos”, dice.

“Ese es otro camino a la agonía. En La Paz el año pasado nos han dado medidas sustitutivas, pero debíamos pagar Bs 50.000, parecería mínimo, pero en la situación que estamos es imposible”, comenta.

Parra, según su esposo, debe enfrentar al menos 150 procesos, porque los casos fueron desdoblados o separados, entonces cada proyecto es prácticamente un proceso. Similar situación vivió el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, quien murió diciendo que no había forma de asumir defensa con tantos procesos en su contra.

Parra tiene procesos en Santa Cruz, Oruro, Potosí, Beni y en varios otros departamentos del país; contó que en julio debe enfrentar otro juicio en Oruro, pero no sabe cómo se resolverá porque sigue el juicio en Santa Cruz.

¿Por qué no se puede defender en libertad?, cuestiona Chuquimia, su situación es desesperante pues vive de la ayuda de su familia, porque cuando entró el gobierno del MAS lo sacaron de su trabajo acusándolo de “pitita”.

Explica que eran cargos de “bajo rango” con “sueldos bajos”, pero que era una fuente laboral que le permitía seguir enfrentando los juicios contra su esposa y manteniendo su hogar.

“Estoy a préstamo de los familiares, los abogados me ayudan a ruego nomas”, y repite que se trata de un “juicio injusto” porque su esposa no se robó ni un centavo y solo firmó convenios para la ejecución de obras.

Desde que Elvira Parra fue detenida en marzo de 2015, su pareja se hizo cargo de sus tres hijos. Dijo que no son una familia pudiente y que con esfuerzo junto a su esposa construyeron su casa que ahora “está anotada preventivamente más de 10 veces, el banco no me puede prestar”, manifiesta.

Parra recurrió al presidente del Estado, Luis Arce, para hacerle conocer su situación, una carta fue enviada el año pasado; en abril le envió notas al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez y al presidente de Diputados, Freddy Mamani. De ninguno recibió respuesta. (ANF)