La Sala Plena del TDJ de La Paz, en comunicado emitido el miércoles 17 de febrero, dispuso la modalidad de “teletrabajo” a puerta cerrada, hasta el miércoles 3 de marzo de 2021.

“Se ratifica la restricción del ingreso a dependencias del Tribunal Departamental de Justicia La Paz a los abogados, procuradores y público litigante”, se lee en parte del comunicado.

El abogado Eduardo Olivares lamentó que el TDJ haya ampliado el trabajo a puertas cerradas, siendo que con esto demoran aún más los procesos y perjudican sobremanera a abogados y litigantes, que deben darse maneras para hacer seguimiento a sus procesos, toda vez que los números habilitados para consulta no son atendidos.

El jurista aseguró que el trabajo del Órgano Judicial en La Paz fue irregular desde que se desataron los conflictos poselectorales de octubre de 2019, donde también suspendieron las atenciones.

En ese marco, dijo que el teletrabajo que se implementó desde la pandemia de la Covid–19, solo sirve para presentación de memoriales y audiencias virtuales.

“Hay procesos que no avanzan, peor cuando el mismo juez es el que decreta que se consulte los actuados o revise el expediente, si no hay ingreso de los litigantes o de los abogados ¿cómo podemos hacer esa revisión?; otra cosa es que el expediente estuviera en el sistema virtual para hacer esa revisión, pero no existe esa figura”, apuntó.

Otro de los problemas identificado por Olivares es que cuando en el juzgado se ordena un desglose de documentos, no lo pueden realizar porque no se puede acceder a la documentación en físico.

“¿Cómo podrían hacer ese desglose de manera virtual?, no hay forma, y sin esos documentos no se puede proseguir ningún otro tramite ni siquiera para hacer nueva demanda, lo mismo ocurre con los desarchivos, el juez ordena ese extremo pero no hay una persona que vaya y saque el desarchivo en forma física, entonces el teletrabajo no funciona en la jurisdicción de La Paz”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que si con las actividades regulares había retardación de justicia, ello incrementó en un 100 %.

“Este tiempo sirvió a algunos jueces para ponerse al día en sus resoluciones, sin embargo, con el transcurso del tiempo los procesos se siguen estancando indefinidamente, hay personas que han muerto por la Covid-19, ya sea el querellante o el querellado y el proceso ha quedado en la nada, entonces la justicia no está cumpliendo su rol de precautelar el bienestar de la ciudadanía”, lamentó.

Por otro lado, aclaró que de acuerdo a una circular del Órgano Judicial, los plazos judiciales se tenían que reanudar después de la cuarentena rígida –junio 2020– y a partir de allí los plazos dependían de cada juez.

“Hay algunos jueces que desde que ha empezado la pandemia, en marzo de 2020, nunca han reanudado esos plazos, en otros casos el juez ha dispuesto la reanudación, y como no había asistencia de las partes, ha dado por precluído los plazos y con eso se cerraron los procesos en perjuicio de los litigantes, quienes no han tenido el derecho a la defensa porque estaban con el problema de la no presencia ante los juzgados”, refirió.

Olivares explicó que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, un proceso no debería tardar más de seis meses, siendo que con dos audiencias debería solucionarse todo.

“Cuando estábamos con presencia total de litigantes y abogados los procesos duraban un año, con este tipo de trabajo se están alargando a dos o tres años, esa es la retardación de la justicia”, apuntó.

VULNERACIÓN

En criterio de la abogada Jalith Mariño, con las audiencias virtuales, que se implementaron con el teletrabajo, se vulneran derechos ya que el juez impone de tres a cuatro minutos para ejercer defensa, cuando la norma señala que la misma es amplia.

“Yo creo que se van a desarrollar varias nulidades porque con el teletrabajo se está interrumpiendo la inmediatez, que es un principio básico del derecho procesal penal, se está interrumpiendo lo que es la oralidad porque para que el sistema no se sobrecargue, te dan de dos o tres minutos para que ejerzas defensa, ese tiempo a veces no es suficiente para que puedas argumentar en una audiencia, por eso la ley dice que la defensa es amplia, entonces no tendría que haber un tiempo impuesto por una autoridad porque se vulneran derechos”, apuntó.

Asimismo, refirió que el teletrabajo es un perjuicio pero también supone una evolución judicial.

“Perjuicio porque todos, en el transcurso del tiempo, nos hemos acostumbrado a un método de trabajo, presentar un memorial, que te sellen, ir a revisar el libro diario, revisar el proveído, darte por notificado y presentar los recursos que correspondan, sin embargo con la implementación del teletrabajo, todo ha evolucionado pero en perjuicio para litigantes porque para hacer seguimiento a un proceso, entran a los sistemas digitales, pero allí está registrado solamente la fecha que se presentó el memorial y qué fecha ha salido del despacho y en poder de quién está, pero no se puede hacer seguimiento a los proveídos que decreta el juez”, explicó.

Por otro lado, lamentó que los números de WhatsApp que se habilitaron para hacer seguimiento a los procesos, no estén respondiendo porque muchas veces se envía mensajes que son vistos, pero no respondidos.