Pagar montos de dinero a cuotas para quedarse en una sección, contratar grupos musicales y apoyar campaña electoral en la cárcel, además de sufrir hostigamiento y amedrentamiento incluso hacia la familia. Esos y otros abusos fueron denunciados por un recluso, quien acusó a un delegado de los internos de San Pedro de cometer estos atropellos al interior del penal.

El recluso que hizo la denuncia está en la cárcel desde el segundo semestre de 2022, por un caso en que se lo sindica de estafa. Él mismo envió denuncias escritas a la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno.

Según su relato, la costumbre es que al ingresar a la sección Posta se acuerda pagar un monto para quedarse. En su caso, aceptó pagar al delegado de iniciales M. C. la suma de Bs 6.500, pero sólo podía pagar Bs 5.000 en tres pagos parciales, uno inicial de Bs 4.500, otro de Bs 1.000 y el último de Bs 500 en diferentes fechas.

No obstante, por haberle concedido plazo para pagar el dinero, el delegado le conminó a colaborar en sus diferentes actividades.

Para el 16 de julio, según el denunciante, se le solicitó que consiga grupos musicales y, dando un adelanto de Bs 3.000, consiguió a dos conjuntos.

“Pero al no tener permiso, al final decidieron cambiar de grupo, al parecer estaban esperando que yo traiga el conjunto que me pidieron, pero con el detalle de que yo correría con el pago total por sus servicios, situación que en mi actual condición económica no puedo asumir, este hecho género disgusto en los mencionados”, dice la denuncia.

Después, la presión fue constante para que realice los pagos, por lo cual el recluso accedió a entregar un equipo de sonido a medio uso, valuado en Bs 2.400, en calidad de aporte, incluso sin que esto cuente para amortizar la deuda.

Sostuvo que la entrega fue realizada afuera de la cárcel por un familiar a la esposa del delegado.

El recluso mencionó que, en el transcurso de su encierro, la justicia le otorgó la detención domiciliaria previo depósito de fianza de Bs 20.000, pero no puede cancelar este monto por falta de recursos económicos.

Contó que, para sostenerse económicamente puesto que no tenía ni para alimentarse, quiso trabajar vendiendo sándwiches, pero el delegado le agredió verbalmente diciéndole que no podía realizar ninguna actividad mientras no cancele su deuda.

Incluso el delegado le amenazó con mandarle a “población” (es decir fuera de la sección el resto de internos) y que ahí tendría gente para darle un escarmiento, por su “falta de respeto”.

A pesar de que había conseguido los Bs 1.000 de una cuota, no cambió el trato que recibía e incluso empeoró, porque no podía entregar más dinero.

Le conminaron a pagar la deuda o ser enviado a “población”, advirtiéndole que no sabía “con quién se está metiendo”.

En ese contexto, el denunciante señaló que fue condicionado a apoyar al delegado en su campaña electoral, puesto que buscaba la reelección.

Pudo cancelar Bs 500 más de su deuda, pero siguieron las amenazas y amedrentamientos.

A finales de agosto, fue llamado de nuevo a la oficina de los dirigentes y fue amedrentado nuevamente, incluso frente a sus allegados que estaban de visita.

Según el relato, el delegado lo acusó de hacerse la “burla” de él. Le aseguró que volvería al cargo ganando las elecciones y que, entonces, le daría una lección para que sepa con quién se está metiendo.

Además, el denunciante sostuvo que el delegado lo amenazó con mandar gente de afuera del penal para que agreda a su familia, realice un robo o atentado a su domicilio.

“(…) me dijo que me mandará una visita que él tiene gente tanto adentro y afuera del penal para hacer lo que le dé la gana”, dice el documento.

El recluso expresó su temor por la integridad de su familia, su domicilio y la suya propia, por lo cual solicitó apoyo de las autoridades. Señaló que su situación económica, legal y social no es de las mejores.

“(…) pido a las autoridades que correspondan atiendan está denuncia, ya que mi vida corre peligro por eso solicito su pronta atención, solo pido ser comprendido y ayudado en esta situación”, agrega la denuncia.

SIN RESPUESTAS

Desde que se conoció la denuncia que fue remitida a la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y otras instancias, en fecha 6 de septiembre de 2022, no se escuchó pronunciamiento de las autoridades.

Desde Régimen Penitenciario manifestaron que esta denuncia tiene que ver con las disputas internas por la elección de delegados. No obstante, el denunciado y otros internos “treintones” (por sus sentencias de treinta años por diferentes delitos), tienen antecedentes de extorsión a los privados de libertad desde 2019, cuando junto con 35 delegados fueron reubicados a otros penales de máxima seguridad.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró, en su gestión, que los “treitones” ya no podrían ser delegados de internos, debido al negociado de celdas y constantes abusos que cometen al no tener temor a peores sanciones.

El denunciado, Milton Canaviri, es un expolicía sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de asesinato. (EL DIARIO y Erbol)