Las protestas públicas pueden expresar la necesidad de un cambio de políticas. Los gobiernos deben escuchar y responder pero, también, intentar anticipar las necesidades de la gente con políticas dirigidas a proporcionar una oportunidad justa de prosperidad para todos, según los economistas Metodij Hadzi-Vaskov, Samuel Pienknagura y Luca Ricci, en su artículo titulado ¿Podría verse dificultada la recuperación por una nueva ola de tensión social?, publicado en su blog del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Samuel Pienknagura es Economista de la División de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario internacional (FMI); Metodij Hadzi-Vaskov, representante residente regional del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana; y Luca Antonio Ricci, Jefe de División en el Departamento del Hemisferio Occidental.

Lo economistas señalan que las secuelas económicas de la pandemia están provocando un aumento de las protestas, cuyas consecuencias económicas podrían ser duraderas.

De acuerdo con el último Índice de Paz Global, el número de disturbios, huelgas generales y manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo ha aumentado en un alarmante 244 % en la última década.

Bolivia

El 2019, Bolivia tuvo una situación social complicada luego del fraude de las elecciones, y huida de Evo Morales, quien a pesar de acceder al cambio de vocales de la Órgano electoral, renunció y luego fue llevado a México, según los reportes de prensa.

La población de La Paz y El Alto tuvieron que enfrentar a partidarios del MAS, quienes destrozaron módulos policiales, viviendas, infraestructura pública y vehículos de transporte público, señalaron los medios de comunicación.

Además, también se registraron bloqueos. En 2020, el país sufrió el corte de carreteras por partidarios del MAS, el transporte pesado no podía cruzar de oriente a occidente, el motivo era exigir elecciones pese a la pandemia.

En 2021, uno de los más relevantes hechos, fue el bloqueos de camioneros en protesta por el ferrocarril andino hasta Viacha, y la medida tuvo se efecto ya que paralizó sus pruebas, de lo contrario la carretera La Paz Oruro no habría sido despejada.

Y, recientemente, se registraron bloqueos en algunas zonas de Cochabamba y Santa Cruz, por productores agrícolas y lecheros, que exigían una lucha frontal contra el ingreso de productos agropecuarios.

La Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba (CDTC), en un comunicado indicó que el bloqueo hacia el occidente provoca una afectación económica de 2.300.000 bolivianos, debido a la paralización de 2.000 camiones.

Señalaron que la medida provoca severas consecuencias para el transporte y la población, por incumplimiento de los plazos de entrega, que generan multas y pérdidas de mercados de exportación, señala partes del comunicado publicado el miércoles pasado.

Confinamientos

Los confinamientos y el miedo a los contagios forzaron una pausa temporal. Pero prácticamente en todas las regiones del mundo han reaparecido los manifestantes. Las causas varían entre la frustración por la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y el aumento de la desigualdad y la corrupción, factores que suelen incrementar las tensiones y disparidades existentes, y que en los períodos posteriores a pandemias anteriores han dado lugar a tensiones sociales, señalan los economistas.

Es por eso que sugieren que se debe impulsar el empleo, frenar el impacto a largo plazo de la crisis y proteger a quienes se han quedado atrás, deben seguir siendo prioridades.

“Un reciente estudio del personal técnico del FMI señala que, para tener éxito y evitar conflictos, las reformas deben realizarse con un amplio diálogo social sobre el papel del Estado y sobre cómo financiar de forma sostenible la presión sobre el presupuesto. De otro modo, los costos económicos de la pandemia se verán agravados por los costos de la tensión resultante”, sostienen.

Indican que para llegar a ese punto de vista, utilizaron el Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, por sus siglas en inglés) —un índice elaborado por el personal técnico del FMI sobre la base de la cobertura mediática— y hallaron que los costos económicos a corto y mediano plazo de la tensión social pueden ser de hecho bastante pronunciados, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo (no estudiamos los posibles impactos a largo plazo).

Una nueva ola de tensión

En el documento de trabajo, estimaron el impacto macroeconómico de la tensión social durante el período 1990–2019. Además, identificaron eventos de tensión social —eventos que generan un aumento inusualmente alto del RSUI— y los clasificaron en tres categorías, según la causa subyacente del factor desencadenante: políticos, socioeconómicos y mixtos.

“Por poner un ejemplo real, pensemos en las manifestaciones que siguieron a la elección del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en 2012, o en las elecciones presidenciales de Chile de 2013. Se trata de shocks menos significativos equivalentes a una desviación estándar, lo que puede reducir el PIB en aproximadamente 0,2 puntos porcentuales seis meses después del shock”, explican.

No todos los países y los eventos son iguales

También el análisis mostró que el impacto adverso de la tensión suele ser mayor en países con instituciones débiles y margen de maniobra de la política económica limitado, resaltaron.

Por tanto, se espera que los países cuyos fundamentos económicos antes de la pandemia eran débiles sean los que más sufran si el descontento social se convierte en tensión.

El impacto económico de la tensión también varía según el tipo de evento: las protestas motivadas por inquietudes socioeconómicas dan como resultado contracciones más profundas del PIB, en comparación con las asociadas principalmente con la política o las elecciones. Los impactos más importantes los generan las manifestaciones desencadenadas por una combinación tanto de factores socioeconómicos como políticos, similar a lo que sucedió en Túnez y en Tailandia a principios de este año.